Los cuestionamientos y las investigaciones no le hacen mella a Carlos Rosado, director del Invías. De hecho, mientras sus detractores esperan verlo en el asfalto, el presidente Juan Manuel Santos le ha refrendado su confianza y lo ha rotado por cargos críticos relacionados con la atención de la emergencia ocasionada por la pasada ola invernal.
Santos le ha dado dos palomitas como ministro encargado de Transporte y como viceministro de Infraestructura. Después lo nombró representante suyo en las juntas directivas de Cormagdalena y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Durante la transición del Inco a la ANI lo puso al frente del organismo.
El próximo 3 de julio, Rosado será notificado de cargos durante una audiencia citada por la Contraloría, organismo que actualmente le tiene embargado su sueldo y podría declararlo fiscalmente responsable por causa de uno de los incumplimientos contractuales del Grupo Nule.
Funcionarios del Ministerio del Transporte dijeron que, en un trance de delicadeza, Rosado consultó con el alto Gobierno sobre la posibilidad de su renuncia para dedicarse a su defensa. La respuesta negativa vino acompañada de un consejo: quédese porque a usted lo defiende su gestión.
Hoy muchos se preguntan de qué está hecho su blindaje. Uno de los elementos que lo favorecen es el pobre sustento del proceso fiscal de la Contraloría. Para comprobarlo basta con leer un oficio de cargos preparado por la Delegada para la Infraestructura, pues los hechos que le atribuyen parecen no cuadrar cronológicamente.
“El juicio fiscal –se lee en un documento de la Contraloría– se deriva de las gestiones antieconómicas, ineficientes e ineficaces que se dieron en las etapas contractual y poscontractual desarrolladas con ocasión del contrato de interventoría 3119 de 2008, cuyo objeto era adelantar la interventoría al contrato de obra para la pavimentación de las siguientes vías en el departamento del Cauca (…)”.
“La unidad anticorrupción de la CGR –agrega el órgano de vigilancia– vinculó como responsable fiscal al actual director del Invías, quien ostenta la condición de gestor fiscal en los hechos objeto de investigación, porque tenía bajo su responsabilidad el ejercicio del control jerárquico y la tutela sobre las actividades desarrolladas por el instituto”.
Rosado ha aclarado al rompe que mal podría responder por un contrato firmado en 2008, cuando él asumió el cargo en 2010. Recuerda que a su llegada al Invías las empresas del grupo Nule ya estaban intervenidas por la Superintendencia de Sociedades, después de lo cual el contrato –paradójicamente uno de los pocos ejecutados en su totalidad– se encuentra en liquidación.
Otro elemento del blindaje son los resultados de su gestión. Pocos como él pueden mostrar a la fecha un nivel de ejecución probada de 70% de los recursos destinados para la atención de la ola invernal que en total suman $900.000 millones.
Aún, por supuesto, quedan pendientes de aclarar cuestionamientos que han tenido origen en los medios. Pero las pruebas acopiadas hasta ahora no tienen capacidad para ponerlo a pisar terreno deleznable.