El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), organización intergubernamental que representa la élite de la lucha contra el lavado de activos en el mundo, ha venido ponderando el trabajo desplegado por el Estado colombiano para descubrir y neutralizar una organización que venía saqueando las arcas públicas mediante la devolución masiva del impuesto del IVA a empresas que resultaron de papel.
En la próxima reunión plenaria, el Gafi les pedirá a expertos colombianos que realicen una especie de clínica para que sus pares del resto del mundo conozcan en detalle la manera como la Dian, la Uiaf y otras agencias estatales articularon esfuerzos para descubrir la empresa criminal montada hace varios años por funcionarios del sector tributario que probablemente se apropiaron de más de un billón de pesos para ‘blanquearlos’ mediante operaciones simuladas en el mercado exportador.
El caso también está llamando la atención del mismo equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en mayo de 2011 fue más allá de los diagnósticos tradicionales sobre los alcances del lavado de activos al identificar los quince impactos causados por el fenómeno, entre ellos su efectos sobre las tasas de crecimiento económico, la distorsión del consumo, el incremento artificial de precios y la competencia desleal.
Este interés de los organismos internacionales contrasta con la restringida visión de un juez de garantías que recientemente dejó en libertad a tres de los principales implicados en el desfalco y que provocó indignación en el alto gobierno al ordenar el reintegro de los sindicados a la Dian. También, con el desdén con el que algunos funcionarios judiciales han valorado unas pruebas palmarias que, a su juicio, no resultaban suficientes para sustentar la acusación.
El pasado 22 de enero, el mismo día en que Blanca Jazmín Becerra, condenada como cabeza de la red, buscaba que el Tribunal Superior de Bogotá le rebajara su pena de 26 a 13 años de prisión, el presidente Juan Manuel Santos recibió un informe preparado por analistas del Gobierno que calcularon los efectos económicos y sociales causados por el saqueo.
El cálculo tuvo como referencia la suma de $101.000 millones que hasta entonces habían sido probados judicialmente como monto provisional del saqueo, pues las investigaciones que se iniciaron en Bogotá y Medellín se extenderán progresivamente a otras ciudades capitales e intermedias, con lo cual el estimativo inicial del billón de pesos podría rebasar el campo de las hipótesis.
Afrenta patrimonial
Mientras el estudio señala, por ejemplo, que la cifra probada del saqueo habría servido para financiar 3.866 viviendas de interés social y de interés prioritario, la señora Becerra argumentaba ante el Tribunal que su colaboración no había sido bien valorada porque ella había ayudado a identificar sus propios bienes. Sin embargo, ella se limitó a confirmar parcialmente el volumen de su crecido patrimonio personal en el que una camioneta Porshe Cayene, un campero Chevrolet Tahoe Eleg y otro BMW, por un valor total cercano a los $670 millones, representan apenas el ‘pico’ de una fortuna forjada a expensas del dinero de los contribuyentes. “Los bienes inmuebles de esta señora que se dio el lujo de rechazar ascensos que cualquier profesional respetable de la Dian habría aceptado de inmediato, tenían un valor catastral de $22.600 millones. Multipliquémoslo por diez para saber su valor real”, le dijo a Dinero un experto que ha venido apoyando la investigación.
Tanto ella como su esposo quisieron mantener oculta, hasta cuando las evidencias los doblegaron, la red de empresas de fachada que constituyeron para amparar sus exportaciones ficticias sobre las cuales conseguían devolución de impuestos. La empresa madre de la red era Consultores R y B SAS. Al circuito pertenecían también la Comercializadora El Guajiro, Metales Tato SAS y Jovanny SAS, supuestas exportadoras de chatarra.
Si los socios de una empresa delictiva que alcanzó tales dimensiones quedan libres y regresan a los puestos desde los que se enriquecieron, tendrán toda la razón aquellos funcionarios que se han declarado indignados y desmoralizados.