“¡Aprovechemos la ocasión que Dios nos brinda en Cúcuta..!”, se leía en un correo electrónico enviado por Marco Antonio Ruiz Gualdrón, funcionario de Ecopetrol, a varios de sus compañeros de trabajo en todo el país. Los términos emocionados del mensaje no se referían al éxito en la exploración de algún pozo petrolero, pero sí al hallazgo de una especie de “yacimiento” a través del cual una red de abogados, jueces y trabajadores pretende sacarle a la compañía cerca de $1,3 billones, algo así como 10% de las utilidades generadas por la compañía en 2011.

El 11 de enero de 2011, Ruiz acababa de recibir una oferta del abogado José Trinidad Minorta, que se encargaría de presentar acciones de tutela para extraer jugosos réditos a través de reclamaciones laborales contrala más grande compañía del país. El litigante ofrecía los servicios en términos de una ganga: por cada grupo de 50 trabajadores, él cobraría ‘tan solo’ $25millones por su gestión, pero si el paquete de clientes era menor, entonces reclamaría $26 millones. El precio no incluía la participación por el éxito de sus gestiones.

Había otra particularidad en la oferta. Los trabajadores interesados podrían pertenecer a cualquier distrito de la compañía en el país, pero tendrían garantía de éxito en Cúcuta, donde jueces conocidos harían su parte. Eso ocurrió pese a que la ley exige que los demandantes acudan a los jueces que tienen jurisdicción sobre el lugar en que vive el demandante.

Inicialmente, las reclamaciones se referían al “Plan 70”, un programa de beneficios acordado entre empresas y trabajadores para mejorar las pensiones de jubilación si el interesado sumaba 70 puntos al tener en cuenta variables como el tiempo de servicio y la productividad. Luego se hicieron extensivas a otras modalidades de pretensión, como la incidencia salarial del estímulo al ahorro. El estímulo era una figura creada por la empresa para frenar la fuga de cerebros cuando compañías petroleras foráneas comenzaron a irrumpir en el país.

El cúmulo de interesados fue tal que el 18 de febrero siguiente, el abogado Minorta tuvo que alquilar un salón en un hotel para atenderlos. A todos los convenció de que el éxito estaba garantizado por sus contactos privilegiados y se mostró flexible con los costos. Les dijo a sus clientes que su tarifa había sido reducida, pues inicialmente pensaba cobrar el equivalente a diez mesadas pensionales, cuyo monto oscilaría entre $35 millones y $80millones.

En el correo en el que invitó a la reunión con el abogado, Ruiz Gualdrón anticipó de alguna manera lo que pasaría de ahí en adelante: “Recordemos –escribió– que para poder darle al águila debemos apuntar como si fuéramos a darle a la luna”. Un año después, Ecopetrol ha perdido 829 acciones de tutela presentadas en Cúcuta y se ha visto obligada a desembolsar $80.000 millones. Los fallos provienen casi siempre del mismo juzgado y de los mismos magistrados del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la ciudad.

Entre los beneficiarios de las tutelas hay trabajadores y ex trabajadores que no pudieron demostrar su tiempo de servicio y que inflaron sus pretensiones con documentos que podrían resultar apócrifos. Varios de ellos ya habían presentado acciones de tutela por los mismos hechos en otros lugares donde tiene presencia Ecopetrol, como Barrancabermeja y Sabana de Torres.

Lo ocurrido en Cúcuta es una réplica casi exacta de lo que venía ocurriendo en Cartagena, donde el Consejo Superior de la Judicatura parece haber cauterizado, al menos provisionalmente, la vena abierta del desangre que, de proseguir, podría costarle a la compañía no menos de $690.000millones.

La Sala Disciplinaria del Consejo, de la mano del magistrado Jorge Otálora, suspendió recientemente y formuló cargos a dos magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar que bien podrían ganarse el título de campeones de los fallos de tutela contra la empresa. Ahora habrá que establecer qué responsabilidad les cabe, en el caso de Cúcuta, a los abogados, entre los que figura, además de Minorta, su colega Jorge Horta Orozco.

¿Operación saqueo?

Encontrar magistrados dispuestos a fallar a favor de trabajadores de Ecopetrol en una disputa laboral por ajustes salariales no fue tarea fácil. La Corte Constitucional ya había advertido que estos pleitos debían ventilarse por la vía ordinaria; es decir, ante la justicia laboral. Sin embargo, aparecieron jueces dispuestos a desafiar esa jurisprudencia.

La operación que se enfocaría en Cúcuta tenía antecedentes en Cartagena, donde un modelo similar de lo que para la petrolera es, llanamente, una operación de saqueo contra sus arcas, ya había arrojado resultados costosos para ella.

El Tribunal Administrativo de Bolívar estaba fallando aceleradamente, y sin mayor fórmula de juicio, a favor de los trabajadores. Apoderados legales presentaron medio centenar de tutelas y, en poco más de año y medio, entre enero de 2009 y octubre de 2010, Ecopetrol perdió acciones de tutela por $8.000 millones. La judicatura investigó por estos hechos a cuatro magistrados del tribunal e imputó cargos y suspendió provisionalmente a dos de ellos: Norah Lourdes Jiménez Pérez y Álvaro Enrique Rodríguez Bolaños.

Al momento de su suspensión, ninguno de los dos seguía siendo magistrado en Cartagena. Norah Jiménez se pensionó pocos días antes de recibir la notificación de su suspensión y se desconoce dónde está. Rodríguez es ahora magistrado del Tribunal Administrativo del Cesar. “No quiero polemizar con los medios antes de aclarar mi situación en las instancias competentes. Yo actué en defensa del derecho constitucional a la movilidad salarial”, dijo a Dinero el magistrado Rodríguez.

Para la Judicatura, la permanencia de estos dos magistrados en Cartagena habría podido terminar costándole a Ecopetrol cerca de $680.000millones, a juzgar por el volumen de sentencias que estaban proyectadas.

Cuando se cerró el ‘pozo de la dicha’ que los demandantes parecían haber encontrado en Cartagena, apareció la operación para ‘taladrar’ uno nuevo en Norte de Santander. Según fuentes de la oficina jurídica de Ecopetrol, más de la mitad de las tutelas presentadas entre 2010 y 2011 ya habían sido interpuestas en despachos judiciales de otras ciudades. Nueve de cada diez acciones se concentraron en los juzgados tercero y cuarto laborales del Circuito de Cúcuta. Allí se repitió la fórmula ya practicada en Cartagena: concentrar a muchos trabajadores en pocas acciones de tutela.

En la capital del Norte de Santander se han proferido fallos a favor de trabajadores de Ecopetrol por cerca de $53.000 millones, siete veces más que en Cartagena. Cabe precisar que la proporción de pagos a directivos por estímulo de ahorro y a otros por aumentos salariales y pensiones es de cincuenta a uno.

Así, varios interesados lograron “pegarle a la luna”, como lo prometía el mensaje de Ruiz Gualdrón. Este fue el caso de Víctor Manuel Pérez, trabajador representado por el abogado José Minorta. Uno de los fallos ordenó a Ecopetrol pagarle a Pérez salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su despido, en 2010, hasta que cumpla con la edad y requisitos para acceder a una pensión plena de jubilación. Hasta el momento ha recibido más de $1.300 millones.

La Corte Constitucional ha revocado solo 30 de las acciones de tutela falladas en contra de Ecopetrol en Cúcuta y Cartagena. No se han iniciado procesos disciplinarios ni penales contra ninguno de los abogados implicados y la petrolera no ha podido recobrar un solo peso de lo pagado. “Es muy complicado recuperar los dineros porque muchos de los beneficiados ya ni siquiera tienen relación con Ecopetrol”, explica el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Armando Otálora. Con él coincide Juan Manuel Charry Urueña, experto en derecho constitucional, quien previene sobre la mala fe de algunos de los abogados.