Un video que mostraba a su esposa, María Victoria Salleg, repartiendo bienestarina en un barrio marginal de la ciudad en vísperas de las elecciones del 30 de octubre, ya es para el alcalde electo de Montería, Carlos Eduardo Correa, un asunto anecdótico. La divulgación de esa evidencia de compra de votos con un producto que solo puede manejar Bienestar Familiar no caló entre el electorado y el triunfo de Correa en las urnas rompió incluso la media histórica estadística, según los datos oficiales de la Registraduría.
Pero ahora podría avecinarse otra campaña mucho más difícil para él porque, dos meses antes de su posesión, han llegado a poder de las autoridades pruebas documentales de que Correa tenía contratos con la administración pública aun cuando ya estaban corriendo los términos de las inhabilidades legales (ver facsímile). Ahora tendrá que explicar en qué condiciones hizo esos negocios y replicar las acusaciones de críticos que lo ubican dentro de un “carrusel de contratos” que habría operado durante la administración de su antecesor Marco Daniel Pineda.
Corsa S.A., empresa de propiedad de su familia, ha ganado todos los contratos para la provisión de licencias de legalización de sistemas de cómputo y de equipos operativos y de office de las dependencias oficiales del municipio y del departamento. Un dirigente que hizo parte de su equipo de campaña le contó a Dinero que él mismo le advirtió del riesgo que se derivaba de su condición de “contratista predilecto” y que un consejo suyo llevó al ahora mandatario electo a abandonar la junta directiva de la empresa poco después de haber lanzado su aspiración proselitista. El contrato más pequeño al que se hizo su empresa fue de $207 millones, pero hubo varios con objetos similares que generan la duda de si fueron fragmentados. Correa puede convertirse así en el primer ejemplo de un estigma que afecta la política colombiana: la de dirigentes cuestionados que llegan a guarecerse en sus fueros.
El senador Jorge Robledo llamó la atención sobre el hecho de que la votación conseguida por el alcalde contratista fue inusual porque sus 85.000 sufragios y los 140.000 depositados en total en la ciudad, incrementan en más de 25% una media histórica que solo era de apenas 10% en el número de electores que acudían a cada elección. Las miradas de los opositores se dirigen suspicaces hacia Carlos Camargo Assís, actual secretario general de la Registraduría Nacional, amigo del alcalde electo, cuñado del alcalde saliente e hijo de la senadora Nohora García, jefe política de ambos. Pineda, el mandatario saliente, fue escogido recientemente como el mejor alcalde del país, pero esa distinción no ha sido óbice para que proliferen en su contra denuncias por presuntos manejos irregulares en el ámbito de la contratación y del presupuesto público y en la venta, posiblemente viciada, de las instalaciones de un asilo de ancianos.
¿Viene su sucesor con la tarea de protegerlo de cuestionamientos? ¿Lo hará cuando hay riesgo de que él mismo va a quedar encargado? Por ahora nadie responde a estas preguntas que están flotando en el ambiente. Cuando Dinero buscó al alcalde, sus asistentes dijeron que este no responde a “críticas infamantes” y que además anda concentrado en el programa de empalme.
…en Huila no escampa
Tanto o más grave es la situación que se le plantea a Cielo González, gobernadora electa del Huila. Su inscripción como candidata y su campaña no fueron cuestionadas por nadie, pese a que desde el momento en que se lanzó, la Fiscalía le tenía listo un oficio de imputación de cargos que podrían llevarla antes de lo pensado a juicio por actuaciones dolosas en las que habría incurrido cuando se desempeñó, como alcaldesa de Neiva.
Para los primeros días de diciembre, está pendiente la iniciación de una audiencia pública en la que serán evaluados cargos en su contra por peculado. La sindicación concreta es que en 2007 firmó un millonario contrato para el manejo de regalías por una firma que no estaba habilitada por la Superintendencia Financiera, como lo exige la ley.
En Chocó y en municipios de Córdoba y Sucre se presentaron hechos similares: los electores, conocedores de los antecedentes, dieron su voto de confianza a candidatos cuestionados, cuyas actuaciones plantean riesgos fiscales El aforismo según el cual el pasado no perdona está desafiado.