| 12/13/2013 5:00:00 AM

El que paga lo que debe…

Por encima de sus diferencias personales, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, respaldados por el empresario Víctor Maldonado, proponen fórmulas de pago a los afectados por InterBolsa.

En vísperas de Navidad, Juan Carlos Ortiz, fundador de los fondos Premium y socio de InterBolsa, se acercó de nuevo a su viejo amigo Tomás Jaramillo para pedirle que prepararan conjuntamente una propuesta para pagarles a los clientes de InterBolsa el dinero que quedó comprometido en las operaciones de la compañía y de su satélite antillano, el Fondo Premium de Curazao.

Por encima de las diferencias personales que ambos han predicado, Ortiz y Jaramillo buscaron a su vez el respaldo del empresario Víctor Maldonado, a quien durante años convirtieron en el principal financiador de sus proyectos. Su idea era perfeccionar el borrador de un memorando de entendimiento redactado inicialmente el 15 de noviembre pasado y convertirlo en documento que, desde el punto de vista legal, resultara convincente para Alejandro Revollo, agente interventor del Fondo designado por la Superintendencia de Sociedades.

Miembros del equipo del interventor le confirmaron a Dinero la existencia del proyecto, pero dijeron que aún no ha concluido el estudio aplicado que amerita. Dinero conoció íntegramente el proyecto que, aunque está orientado en principio a resarcir a los damnificados por la crisis, podría tener impacto en los escenarios de los procesos penales que ya iniciaron su curso (ver recuadro).

La Salvedad de Ortiz
Juan Carlos Ortiz era el único de los tres proponentes que, hasta la segunda semana de diciembre, había incluido en el proyecto de memorando de entendimiento una salvedad respecto a su posible responsabilidad penal. En el aparte titulado “Manifestaciones de las Personas Intervenidas”, Ortiz escribió: “La suscripción de este documento no implica ni conlleva el reconocimiento expreso o tácito de la comisión de conductas ilícitas por parte de JCO (sus iniciales en el borrador)”.

En ese momento su situación era distinta a la de sus dos socios, ya que mientras él seguía libre de requerimientos judiciales, aquellos ya estaban camino a posibles juicios de responsabilidades. Al cerrar el año judicial, Tomás Jaramillo iba a ser imputado de cargos por la Fiscalía, mientras Maldonado se encontraba pendiente de la fijación de una nueva fecha para ser interrogado, ya que una diligencia prevista inicialmente para el 28 de noviembre había sido aplazada.

Desde que se inició el proceso, Ortiz ha mantenido invariable su posición en el sentido de que no participó en ninguna de las operaciones que llevaron al descalabro de InterBolsa y que su disposición a ayudar a resarcir el daño sufrido por los inversionistas obedece, por encima de cualquier otra consideración, a un compromiso moral en su condición de socio de la compañía.

El mecanismo de pago

De acuerdo con el proyecto, la devolución del dinero a los inversionistas se haría a través de una estructura, corporativa o societaria, por medio de la cual serían manejados los recursos estimados en el plan de desmonte que sería el punto de partida de un eventual acuerdo.

Adicionalmente, las personas intervenidas quedarían obligadas a cubrir con sus recursos cualquier diferencia que pudiera surgir entre el valor de los bienes incluidos en el plan y el valor total de este. Las transacciones necesarias para cumplir con las obligaciones acordadas solo requerirían de la autorización de las superintendencias de Sociedades y Financiera y de la asamblea general de accionistas de las empresas comprometidas.

El Plan de desmonte debería contar con el visto bueno de por lo menos 75% de los inversionistas. El proyecto no incluye por ahora montos específicos, pues estos solo pueden ser calculados por la autoridad competente.

Al mecanismo de pago estarían incorporadas las empresas y sociedades cuyo control ya fue tomado por la Superintendencia mediante autos dictados el 17 y el 21 de mayo y el 29 de julio de 2013. Entre ellas figuran Rentafolio Bursátil y Financiero, Premium Capital Investment Advisor, Valores Incorporados y Andean Capital, además de otras 25 sociedades de unas 30 personas naturales.

Si el acuerdo prospera, a una especie de gran fondo creado para hacer las devoluciones de los recursos invertidos por los ahorradores ingresarían, por gestión de los proponentes, todos los recursos manejados a través de los fondos Premium e incluso otros que serían aportados por “terceros interesados”.

Las diferencias surgidas en la aplicación del memorando de entendimiento, si este fuera acogido por el Estado, serían dirimidas por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

¿Donaciones?
Uno de los puntos más llamativos del borrador del memorando es el que propone que “terceros interesados” que aportasen bienes al plan de desmonte no tendrían ninguna limitación o gravamen al derecho de propiedad. El proyecto no precisa qué tipo de “terceros” estarían interesados en contribuir a los pagos, lo que da lugar a una serie de suspicacias.

¿Quiénes serán esos terceros? ¿Personas que figuran nominalmente como propietarios de bienes que en realidad pertenecen a quienes proponen el memorando de entendimiento? ¿Donantes llevados por un espíritu altruista? Esas son algunas de las preguntas que, al menos por ahora, están sin respuesta.


¿El que peca y paga empata?


La propuesta conjunta de Ortiz, Jaramillo y Maldonado no hace alusión alguna al impacto que el eventual acuerdo tendría sobre los procesos penales en curso. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades, el organismo que mayores esfuerzos ha hecho por la recuperación del dinero, ha sentado su posición en el sentido de que aquellos implicados que cumplan sus obligaciones con los afectados tendrían derecho a beneficios judiciales. Incluso, en caso de una cabal devolución de los recursos, quedarían exentos de responsabilidad penal.

Su posición tiene fundamento en un decreto expedido a comienzos de la administración de Juan Manuel Santos con ocasión de la crisis generada por el desplome de las pirámides del tipo de las que manejaba David Murcia Guzmán, preso actualmente por lavado de activos, y esquemas Ponzi que aún siguen siendo detectados por las superintendencias Financiera y de Sociedades.
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