| 1/24/2014 9:00:00 AM

La cofradía de los embargos

Los afiliados a Colpensiones podrían ser los más afectados si siguen proliferando al ritmo de hoy los embargos contra la entidad.

Pese a los escándalos e investigaciones, algunos jueces siguen decretando embargos contra recursos intocables de la Nación. Crónica de un negocio lucrativo y perverso.

El gerente de una entidad bancaria de Barranquilla veía cómo las órdenes de embargo contra una cuenta de Colpensiones se estaban convirtiendo en el pan de cada día. Aconsejado por un asesor jurídico, el ejecutivo decidió escribirle entonces una comunicación al Juez Civil que disponía el mayor número de medidas cautelares y, en términos medidos y respetuosos, le recordó al funcionario las normas legales según las cuales los recursos relacionados con la salud y la seguridad social no podían ser objeto de medidas cautelares.

Dos días después, su procedimiento de buena fe se convirtió en un dolor de cabeza para él. El secretario del despacho judicial lo llamó para advertirlo sobre las consecuencias que le acarrearía su actitud de “obstrucción a la justicia” y lo amenazó con hacerlo ir a la Fiscalía a explicar su “sospechosa resistencia”.

Por esos mismos días de octubre de 2013, otro ejecutivo de una entidad bancaria de Quibdó se comunicó con una oficina de abogados para informarles que acababan de ser consignados $3.200 millones destinados al pago de servidores del magisterio. Dos días después, uno de los litigantes de la oficina les exhibía a sus clientes –demandantes de la Nación– la decisión judicial que ordenaba el embargo de los recursos.

Estos dos episodios, que contrastan entre sí, hacen parte de una historia de nunca acabar. Los embargos contra la Nación siguen siendo fuente de pérdida de recursos para entidades públicas y de enriquecimiento para abogados, jueces y demandantes que ya pasaron de los carruseles y los carteles para convertirse en una suerte de cofradía en la que el primer requisito de admisión es no tener escrúpulos.

Por orden de la Superintendencia Financiera, las entidades bancarias, financieras y crediticias reportaron entre el primero de agosto y el 30 de noviembre de 2013 un total de 10.681 embargos contra 770 cuentas de 360 entidades, por valor superior a los $3,4 billones –cifra comparable a la que invirtió el gobierno colombiano el año pasado para renovar y modernizar los aeropuertos en 26 ciudades del país, que incluyó la ejecución de más de 100 obras–.

De allí fueron llevados depósitos judiciales por cerca de $510.000 millones y fueron retenidos en bancos casi $114.000 millones, de acuerdo con un informe preparado por los funcionarios de la Contraloría General de la República Angélica Páez Vargas y Andrés Hernández Uscátegui, bajo la coordinación de Patricia Van Strahlen, directora de Estudios Sectoriales de la Delegada para la Gestión Pública y las Instituciones Financieras.

Uno de los factores que mayor preocupación genera en este campo es que los embargos están siendo multiplicados artificialmente mediante el uso de una única providencia para afectar distintas cuentas bancarias de una unidad estatal (ver recuadro). Los propios bancos lo han detectado fácilmente, pero el asunto es que sus ejecutivos no tienen cómo oponerse a cumplir decisiones judiciales, como lo intentó de buena fe el gerente en Barranquilla.

A la cabeza del ranking

A juzgar por los datos recogidos por el muestreo realizado durante esos cuatro meses, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) es la entidad más afectada por los embargos. Durante ese lapso se produjeron 9.342 acciones de esa naturaleza en su contra.

Esos 9.342 embargos comprometían recursos superiores a los $301.000 millones. El mayor número de ellos (3.185) se registró contra cuentas abiertas en el Banco Popular, otros 1.612 contra cuentas en Davivienda, 1.569 contra cuentas en Bancolombia y 778 contra dineros depositados en AV Villas. Los restantes se distribuyeron contra cuentas en BBVA, Banco Caja Social, Colpatria, Helm Bank, Occidente, Popular y Sudameris.

Caprecom, una identidad cuya situación financiera no es propiamente boyante, tiene comprometidos en embargos cerca de $670.000 millones y el informe producido por la Contraloría con datos recaudados por la Superfinanciera indican que hay 308 registros de medidas cautelares en su contra.

“93% de las medidas de embargo –advierte el documento– recaen sobre Colpensiones y la concentración en términos de montos totales es de 41% para Colpensiones y Caprecom”.

La Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura, cada uno desde la órbita de sus facultades, investigan actualmente a 104 funcionarios judiciales, abogados y servidores públicos de otros sectores, bajo la presunción de que hacen parte de esa cofradía. Los hallazgos de las investigaciones, todavía parciales, muestran una tendencia según la cual en casi todos los casos en que hay embargos de por medio, los procesos terminan en condenas contra las entidades públicas.

El otro problema que queda planteado es saber a dónde van a parar los recursos que va a perder la Nación por cuenta de esos fallos. Todo indica que no es propiamente a los bolsillos de particulares que demandan muchas veces en defensa de sus intereses genuinos, sino de abogados y operadores judiciales que parecen ponerse de acuerdo para sacarles jugo a las sentencias.

Aunque el fenómeno no es estrictamente nuevo, nadie hasta ahora parece haber sido capaz de ponerle el cascabel al gato y defender efectivamente los intereses afines a la preservación del patrimonio público.

El riesgo de pagos duplicados

El hecho de que una misma orden judicial sea utilizada para embargar más de una cuenta genera el riesgo adicional de que una misma sentencia pudiera ser ejecutada más de una vez. Ese peligro está atado al entorno de corrupción en el que se mueven los embargos.

Para salirle al paso al problema, la Superintendencia Financiera convocó a los representantes de las entidades bancarias para ajustar las planillas de reporte y adoptar procedimientos que permitan mejorar la lectura, interpretación y consolidación de la información.

Las medidas deben servir para evitar que los bancos reporten el mismo embargo en meses diferentes, no solo porque en el mismo proceso judicial sean retenidos recursos de vigencias diferentes, sino por duplicidad en la información.

Estos esfuerzos para disolver la cofradía e impedir que proliferen las medidas contra recursos, que la mayoría de las veces tienen carácter de inembargables, están siendo respaldados por la Dirección de Defensa Jurídica de la Nación y deberían serlo también por parte de los equipos jurídicos contratados por las entidades del sector público.
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