| 5/25/2011 12:00:00 AM

El informante

Darío Mejía, mano derecha de Carlos Palacino en Saludcoop, habría utilizado un alto cargo en la Defensoría del Pueblo para conseguirle información privilegiada a su jefe.

Hasta el 19 de mayo, cuando el Tribunal Superior de Cundinamarca anuló una conciliación que habría eximido a Saludcoop de devolverle al sistema de salud $608.000 millones desviados hacia inversiones en otros campos, Carlos Palacino -cabeza de la EPS hasta el día de su intervención- parecía un hombre blindado contra acciones judiciales.

Los perfiles escritos en plena cresta del escándalo destacan a Palacino como un habilidoso negociante, capaz de convertir el capital de pequeños cooperativistas en la cuota inicial del que sería un emporio empresarial. Pero hasta hoy la opinión no estaba enterada de que este hombre ya había ocupado hace más de diez años el banquillo de los acusados por hechos similares a los que hoy están siendo investigados.

En 1998, el entonces fiscal Anticorrupción Gabriel Jaimes, llamó a Palacino a indagatoria después de que funcionarios del Ministerio de Salud encontraron durante una actuación administrativa que el "dueño" de Saludcoop -como lo denominaban sus allegados-, estaría desviando recursos hacia actividades económicas con objeto distinto al de su razón social. La Fiscalía, sin embargo, encontró que los manejos de Saludcoop tenían respaldo en normas que parecían hechas a su medida. "Tras cada cuestionamiento que le hacíamos, el señor Palacino se basaba en un artículo, en un inciso legal, en decretos y en otras disposiciones que formalmente le daban la razón", le contó a Dinero uno de los investigadores de la época.

En 2006, en circunstancias similares, la Fiscalía dictó un auto inhibitorio que dejó el caso en suspenso ante la ausencia de elementos probatorios contundentes.

Pero aparte de ese blindaje judicial, el director de la EPS al parecer contaba con aliados en otros campos de la administración. Eran personas que no solo lo protegían ante eventuales investigaciones, sino que luego terminaron trabajando para él. De acuerdo con documentos obtenidos por Dinero, uno de los principales habría sido Darío Mejía Villegas, quien hasta hace poco se desempeñó como Defensor del Pueblo Delegado para la salud y como Secretario General de la Defensoría.

Según lo sugieren los mismos documentos (ver facsímile) en poder de las autoridades, Mejía obtenía para Palacino información privilegiada. Uno de ellos indica que en 2004, cuando se enteró de que venían acciones administrativas para meter en cintura a Saludcoop -relacionadas con denuncias sobre abusos en la prestación de los servicios y desvío de recursos-, Mejía le escribió al entonces ministro de Protección, Diego Palacio, para indagarle acerca de una posible intervención. El requerimiento, estaba dentro de una "acción defensorial" encaminada a proteger a los usuarios del servicio.

Tiempo después, al dejar el cargo, el ex defensor Mejía se fue a trabajar en Saludcoop como asesor de confianza de Palacino. La estrecha relación entre ellos está puesta en evidencia por correos electrónicos encontrados por la Dirección de Policía Judicial (Dijín) en los computadores de la intervenida entidad. En uno de ellos, Mejía le informa a Palacino que ya cumplió su orden de destruir documentos y borrar información para evitar que la Superintendencia de la Salud tuviera insumos para aplicar sanciones. Mejía dice ahora que solo dará explicaciones a las autoridades competentes porque no corresponde a su estilo estar protagonizando controversias públicas. Por eso se negó a hablar con Dinero.

Este es un caso típico del fenómeno de la "puerta giratoria" que lleva a funcionarios públicos a dejar sus cargos para irse a trabajar para entidades privadas sobre las que antes ejercían algún tipo de control. Esta conducta está sancionada en el nuevo Estatuto Anticorrupción.

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