El nombre de Manuel Hernando Sánchez no le dice mucho al común de los mortales. Pero cuando es mencionado en los círculos de la contratación pública todos saben que se trata de un curtido abogado capaz, de un solo plumazo, de convertir un contrato en un negocio que suele dejarles millonarios réditos a él y a sus amigos.

Parte de su secreto radica en que ha sabido rodearse bien. Como pocos tratadistas de la contratación, se ha dado el lujo de que sus obras sean prologadas por eminentes administradores de justicia, incluido un fiscal general de la Nación. Su habilidad ha ido de la mano con su origen humilde. Pocos saben que comenzó vendiendo tamales en el populoso barrio Muzú, en el sur de Bogotá, mientras estudiaba derecho y se acercaba a líderes populares para abonar el terreno en el que cosecharía numerosos contactos.

Cada vez que un medio pone en letras de molde su nombre como uno de los grandes jinetes de la contratación, este hombre, de 45 años y apariencia imperturbable, acude a una estrategia que hasta ahora le ha dado resultado: no casa controversia y desliza completos dossieres en los que aparecen las denuncias que con frecuencia presenta ante los organismos de control, frente a los que posa como un fiscalizador y defensor del interés público.

Esta vez, sin embargo, su imagen comienza a verse empañada. La madrugada del viernes 27 de enero, mientras revisaba las piezas del “carrusel” de la contratación en la salud, el secretario de esta cartera en Bogotá, Guillermo Jaramillo, le dijo a Dinero: “los negocios turbios los hacen los mismos aunque con diferente ropaje”. Uno de ellos es Sánchez quien, detrás de bambalinas, fue el encargado de redactar los términos de referencia y de calificar a los contratistas cuyas propuestas eran escogidas para la construcción de hospitales públicos.

Los documentos que lo prueban se encuentran ya en manos del contralor distrital, Mario Solano. En un informe enviado por Solano al alcalde Gustavo Petro se lee: “(...) Se puede observar que tanto el hospital de Meissen como el de Centro Oriente, para celebrar los contratos 177 de 2006 y 26 de 2007, respectivamente, fue contratada la firma Manuel Sánchez Abogados Consultores, encargada de preparar los términos de referencia y de evaluar las propuestas presentadas”.

Sin firma pero con rastro
Los resultados de las adjudicaciones, orientados por él, se convierten hoy en la prueba de su estrecha relación personal y de negocios con el controvertido contratista Julio Gómez, la cual hubiese preferido mantener oculta. Los hospitales cuya construcción fue confiada a consorcios encabezados por la constructora Arkgo Ltda., de propiedad de Gómez y de su esposa, eran supervisados simultáneamente por empresas en las que los socios eran prácticamente los mismos. Así, por ejemplo, mientras el representante legal de los constructores era casi siempre Ricardo Godoy Arteaga –mano derecha de Gómez– la interventoría estaba a cargo de otra persona de su entera confianza: Nidia Esperanza Garzón González.

Investigadores del grupo forense de la Contraloría encontraron que la señora Garzón representaba consorcios de los que también hacían parte empresas de Julio Gómez, de su esposa y sus sobrinos políticos. “Esto es de película: ellos mismos contrataban y simultáneamente se vigilaban”, dice con desazón Solano.

Como suele ocurrir en los casos en que los contratistas prefieren no dejar huella, la firma de Julio Gómez no aparece en contrato alguno. Pero la configuración de los consorcios y los nombres de sus allegados representan el rastro más visible de su injerencia.

Otro tema relevante está relacionado con los alcances del problema. Las denuncias sobre los más recientes escándalos de corrupción han tenido un denominador común: la opinión se centra en lo ocurrido en Bogotá y pocos parecen interesados en ir más allá de los confines de la ciudad. Las indagaciones sobre los nexos del Grupo Nule con funcionarios del orden nacional, por ejemplo, apenas se insinúan. Lo mismo ha ocurrido con la cuerda de Emilio Tapia y otros ‘zares’ del negocio. Julio Gómez no ha sido la excepción.

Dinero encontró que, casi siempre de la mano de su escudero Ricardo Godoy Arteaga, se ha hecho a jugosos negocios con otras entidades territoriales. Por ejemplo, en Boyacá se ganó hace poco menos de tres años la construcción del hospital de Paipa y ejecuta también negocios con Corporaciones Autónomas, que le han confiado la puesta en marcha de algunas obras en los parques naturales que están bajo su jurisdicción.

¿Y los políticos?
Seguirles los pasos a Manuel Sánchez y a Julio Gómez implica escrutar las actuaciones de sus ahijados políticos, casi todos ellos con asiento en el Concejo de Bogotá. Así lo han entendido esta vez los órganos de control y los propios cabildantes. Una fuente de la Contraloría le dijo a Dinero que algunos de los eventuales implicados han tratado de buscar audiencias privadas con el contralor Solano, que sin embargo prefiere mantenerse al margen de cualquier encuentro con ellos para tratar el tema del carrusel.

Uno de los visitantes de la Contraloría es el concejal Orlando Parada, del partido de La U, quien ha admitido una amistad de vieja data con Manuel Sánchez. Incluso este ha sido tema de una fuerte controversia que mantiene con el alcalde Petro.

Pero Parada no es el único. Es posible que los liberales Jorge Durán y Jorge Salamanca tengan que ofrecer explicaciones ante las autoridades sobre su influencia en un fenómeno que ha corrido paralelo a los sobrecostos y retrasos en la construcción de hospitales: el manejo de nutridas nóminas paralelas.

La idea ahora es que la controversia pública generada no sea solo flor de un día y que, más temprano que tarde, el ciudadano sepa quiénes están esquilmando sus recursos.