Hasta el 13 de febrero, cuando la Corte Suprema ordenó su detención, el parlamentario Jaime Cervantes Varelo sostuvo un récord difícil de igualar en el Congreso. Fue el primero en conseguir que una sentencia de pérdida de investidura dictada por el Consejo de Estado en su contra no se cumpliera de inmediato y ganó tiempo para votar –pese a estar impedido– en leyes sustanciales para el sistema educativo.
Las dos decisiones judiciales no tenían relación entre sí. Mientras la Corte dispuso apresarlo preventivamente por posibles nexos con paramilitares, el Consejo de Estado mantenía en suspenso la aplicación de la pérdida de investidura después de haber probado que Cervantes, representante a la Cámara por la bancada liberal del Atlántico, manejaba a través de amigos y familiares suyos fundaciones que manipularon a su antojo millonarios subsidios educativos destinados por el gobierno nacional al municipio de Soledad.
La decisión de despojarlo de su investidura fue tomada en sala plena por cerca de 20 consejeros de Estado en octubre de 2012. Pero, mientras 31 congresistas han tenido que irse de sus cargos desde que la Constitución estrenó la figura, Cervantes había logrado dilatar la aplicación de la sentencia. Primero consiguió que el alto tribunal se tomara un tiempo adicional para “aclarar” el fallo, algo sin antecedentes en la historia del Consejo de Estado. Luego, pidiendo la anulación del fallo.
En el entretanto siguió recibiendo su sueldo y asistiendo sin apremios a algunas sesiones legislativas. No faltó a aquellas que reformaron el régimen de distribución de recursos para el sector educativo y votó a pesar de que estaba probado que él se había tomado por asalto más de $35.000 millones de la distribución de las transferencias de recursos del Estado para su región.
¿Cómo logró durante todo este tiempo mantenerse inmune ante un fallo del máximo tribunal de la justicia contenciosa administrativa? Compañeros de su bancada aseguran que lo hizo “en derecho”. Para sus críticos no hay duda de que se hizo a un padrinazgo protector en el Consejo.
Las primeras denuncias en su contra tuvieron origen periodístico: la revista Semana y el portal Votebien demostraron que el congresista se hizo a su curul en la Cámara al usar fundaciones como mampara en la compra de votos. Los padres de familia que quisieran un cupo escolar para sus hijos en Soledad solo tenían una alternativa: votar por él. En tan solo ese municipio obtuvo más de 90% del guarismo electoral.
Una de las fundaciones usadas para “administrar” los recursos fue Fases, en cuyo manejo tenían injerencia hermanas del parlamentario, sobrinos suyos, una cuñada y miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo. Los subsidios servían para reservar cupos en colegios privados de barrios populares. Los entonces senadores Rodrigo Lara Restrepo y Carlos Motoa denunciaron que el tráfico de votos contó además con el amparo de la organización electoral que escogió los jurados para las mesas de votación de listas enviadas por el propio candidato.
Aún gravita la sospecha de que una porción del dinero fue a las arcas personales del parlamentario, pero los órganos de control no parecen haber encontrado muy mediático el caso y aún no se conoce de algún esfuerzo para recuperar los recursos.