| 3/18/2011 12:00:00 AM

El dedo en la llaga

Una desautorización presidencial, nuevas indagaciones de la Procuraduría y la Contraloría General, y una dura réplica del Gobernador de Antioquia hacen parte de los nuevos episodios sobre los carruseles de la contratación.

El presidente Juan Manuel Santos desautorizó el uso de la razón social "Buen Gobierno" por parte de un organismo de derecho privado que, bajo el impulso de la Gobernación y la Contraloría de Antioquia, concentra buena parte de los cuestionados contratos interadministrativos del departamento. Santos considera que la opinión desprevenida podría asociar ese nombre con el de una fundación que, con buen crédito, le permitió preparar la plataforma ideológica que lo llevó a la Casa de Nariño.

La aclaración del mandatario estimuló aún más el debate que desató la anterior carátula de la revista Dinero titulada Carruseles por todo el país.

En el caso específico de Antioquia, el gobernador Luis Alfredo Ramos considera falsas e injustas las críticas de las que ha sido blanco y advierte que la controversia es agitada por opositores suyos que buscan ganar réditos políticos de cara a las próximas elecciones regionales.

En una carta enviada a Dinero sobre la manera como funciona la Fundación para el Buen Gobierno -llamada ahora para el Bienestar Social y cuestionada sobre la concentración de contratos en unas pocas firmas-, el Gobernador explicó que las empresas adjudicatarias son fundamentalmente las mismas que contrataron con administraciones anteriores a la suya.

Acompañó su réplica con documentos según los cuales, en una muestra de 41 contratos, los ganadores han sido 43 diferentes empresas y personas, entre aquellas uniones temporales y agrupadas en consorcios y que la concentración de los contratistas mencionados en el artículo fue tan solo de 36% durante la actual administración. También aseguró que, a diferencia de lo que sostiene el ex congresista Ramón Elejalde, no existe el "juego del botellón", en el que los beneficiados son unos pocos contratistas.

Según el Gobernador, cuando el ex congresista Elejalde habla del "juego del botellón", como sinónimo de "carrusel", oculta que la participación de las firmas supuestamente favorecidas fue superior en la administración de Aníbal Gaviria. Otra cosa piensa el propio Elejalde, quien le dijo a la revista: "Me ratifico en lo que siempre he dicho y estoy dispuesto a sostenerlo ante la autoridad judicial, disciplinaria o fiscal que me lo solicite", responde, mientras asegura que esa denuncia la viene haciendo desde hace tres años, y que por eso no corresponde a ningún interés político y electoral en la actual coyuntura.

En medio de la controversia, Dinero obtuvo copia de un nuevo documento que le echa más leña al fuego. Se trata de un expediente de la regional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia, en el que se dice que los procesos aplicados en las licitaciones públicas en el departamento son "fácilmente manipulables" a la hora de asignar los puntajes. El documento de 23 páginas, titulado Estudio de una muestra de licitaciones en la Gobernación de Antioquia entre los años 2009-2010, sostiene que el principio de la transparencia se ha visto comprometido en la medida en que información no verificable permanece oculta a los proponentes y está apenas disponible para los evaluadores.

Uno de los autores del informe -que pidió mantener su nombre en reserva- dijo a Dinero que, "bajo la modalidad de asignación de 300 puntos de 1.000 posibles por el concepto denominado "ítems más representativos", se adjudicaron durante la actual administración del departamento alrededor de 70% de las licitaciones de obra pública".

Sigue el debate

El Gobernador y sus secretarios cuestionan también las cifras sobre la contratación hecha a través de Fundación para el Buen Gobierno y aseguran que, en el caso de la administración departamental, esta ha sido inferior a los $1.000 millones. Sus cifras son respaldadas por la Contraloría de Antioquia que, no obstante, no ha logrado aclarar su condición de juez y parte en el debate.

El Gobernador también ha dicho que no es cierto que el director de la Fundación para el Buen Gobierno, Hugo Mario Zuluaga, haya sido secretario privado suyo y tampoco funcionarios de su gobierno hayan hecho parte de los órganos directivos de Buen Gobierno.

Al margen del error en la interpretación de un documento que relacionaba el nombre de Zuluaga, en el acta de la asamblea de constitución consta que de la primera Junta Directiva de la Fundación para el Buen Gobierno hizo parte Jesús Antonio Jaramillo en calidad de secretario privado de la Gobernación. Con todo, el Gobernador les ha dicho a los organismos de control que la Fundación ha sido modelo de imparcialidad y transparencia y que hoy no hay un solo motivo de tacha.

Sin embargo, un informe de la Auditoría General de la República con fecha del pasado 11 de enero, titulado Auditoría especial a la Contraloría General de Antioquia, llama la atención sobre un solo contrato por $1.078 millones, firmado entre la Fundación y la Contraloría, que tiene huellas de "posible interés ilícito y abuso o desviación de poder".

Más allá de los hechos

El Gobernador insiste en que su administración no tiene nexos personales o de amistad con los contratistas que han ganado libremente en las convocatorias públicas, y atribuye las críticas al afán de sus detractores de ganar espacio en un año de elecciones. Más allá de la connotación política que pueda tener este tipo de debates, corresponderá ahora a los órganos de control competentes determinar si existen o no irregularidades en la contratación.

A la fecha, a raíz de todas estas denuncias públicas, la Procuraduría General envió el pasado lunes 7 de marzo una comisión especial a Medellín para revisar el proceso contractual en el Departamento. Lo propio hizo la Contraloría General de la República el pasado 15 de marzo al integrar un equipo especial para evaluar las quejas en la contratación de Antioquia y ordenó darle un trámite preferencial a una indagación de carácter fiscal en ese departamento.

Al cierre de esta edición, ambas comisiones especiales estaban en la capital antioqueña verificando la transparencia de los procesos realizados. La pelota está ahora en la cancha de esos órganos de control, los únicos capaces de determinar si ha habido o no irregularidades.

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