Cristina Kirchner, presidente de Argentina, interpreta a su antojo las normas fiscales y tributarias para tratar de estrangular económicamente al grupo Clarín, el principal conglomerado de medios de su país. Rafael Correa, en Ecuador, cooptó el poder judicial y consigue que los jueces fallen millonarias querellas en contra de los medios que, según él, lo injurian y calumnian. Hugo Chávez –padre del modelo– expresa, sin ambages, su desprecio por el Pacto de Libertades Públicas de San José, por la Declaración de Chapultepec y por cualquier disposición del derecho internacional o local que garantice el acceso a la información.
Sin embargo, sus intentos de censura parecen haberse convertido en un bumerán para sus regímenes porque la prensa en sus países, lejos de arredrarse, ha aguzado su visión fiscalizadora y ha convertido la investigación en un ejercicio extremo de lucha por los valores democráticos.
El “estado del arte” de la relación entre poder y medios fue evaluado, durante el último puente festivo, por el Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación (Colpin), organizado por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) con el auspicio de Revista Semana. Allí, expertos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil y todos los países de América Latina analizaron el trabajo de las unidades de investigación periodística en el subcontinente y evaluaron sus métodos y resultados.
Algunos de los casos mejor evaluados hacen parte del ejercicio crítico de los medios en aquellos países donde la censura es un espectro que ronda por las redacciones. Uno de los ejemplos sobresalientes de la conferencia fue el caso de un préstamo por US$800.000 que el Banco Cofiec le otorgó a un ciudadano argentino y que terminó favoreciendo a un primo del presidente Correa. En teoría, el crédito le serviría a una empresa del argentino para participar en una licitación para el manejo del Sistema Nacional de Pagos y de un sistema de bancarización que se denominó billetera móvil.
El argentino nunca creó la empresa cuya existencia decía haber acreditado ante el banco ecuatoriano. El dinero del préstamo lo utilizó para comprar acciones de la empresa argentina Scanbuy, donde hoy tiene intereses el primo de Correa. La investigación fue publicada por el periódico El Universo y la revista semanal Vanguardia. Ninguna de las dos publicaciones ha bajado la guardia pese a que las amenazas no cesan.
El caso argentino
El diario La Nación en sus dos versiones, tanto impresa como digital, siguió rigurosamente los trámites del contrato celebrado por el Estado con una “unión temporal entre empresas argentinas y una inglesa para la supervisión del sistema de transporte”. La contratación contó con la participación financiera del Banco Mundial, lo cual, aparentemente, daría garantías de transparencia.
La investigación evidenció que el proceso fue irregular y no se siguieron las normas de contratación normal en Argentina. El consultor inglés no tenía la experiencia necesaria para realizar la supervisión del sistema de transporte masivo de Buenos Aires. Por otra parte, durante la investigación se demostró que la empresa que representaba a Inglaterra no existía.
Los representantes de la empresa en Londres referenciaron la dirección de una peluquería. Ese hecho desató gran indignación en la capital argentina. Además, durante la publicación de los artículos de la investigación sucedió el peor accidente de trenes en Buenos Aires. Eso evidenció que no se estaba haciendo una vigilancia al sistema de transporte en general.
Dentro de las averiguaciones los periodistas lograron demostrar que las otras empresas que participaron en la unión temporal financiaron la campaña de la presidente Cristina Fernández.
El mercado bursátil en Venezuela
En 2004, el gobierno Chávez penalizó la compra de dólares. Los interesados en adquirir la divisa tenían que suscribir primero títulos valores, lo que generó un auge de las casas de bolsa y desencadenó el surgimiento de un mercado paralelo de divisas. La fiebre bursátil que sobrevino impactó los índices de inflación y puso en aprietos la “revolución” porque la deuda pública también se disparó.
La preocupación del presidente Chávez hizo que se iniciara una “cacería de brujas” contra las casas de bolsa. Un artículo publicado por la corresponsal en Caracas de la revista neoyorkina Bloomberg relató la historia secreta de la firma Econoinvest, la cabeza visible del problema y agente coordinador de las emisiones hechas durante el auge por la petrolera Pdvsa y otras empresas públicas. La firma, según la publicación, era simultáneamente un jugador clave en el mercado paralelo de bonos.
La corresponsal descubrió que Ricardo Fernández Barrueco, directivo de Econoinvest, le había dispensado varios favores al gobierno, entre ellos la creación de canales de distribución de alimentos del programa Mercal (Mercados populares), uno de los programas insignia de Chávez. Pero el presidente montó en cólera cuando se dio cuenta de que las casas de bolsa estaban concediendo créditos a los dueños de medios de comunicación de la oposición.
Las casas fueron cerradas y sus dirigentes encarcelados o exiliados. La economía venezolana sufrió un retroceso y la inflación no se ha podido detener. El presidente Chávez continúa culpando a los “usurpadores de bolsa”.
En Venezuela se incrementan las voces de aliento a las investigaciones periodísticas. “Que se prepare el poder. El periodismo de investigación es el contrapoder y ya se hace en Venezuela... ¡y muy bien!”, exclamó un representante de El Nacional durante el Colpin. Su proclama tuvo amplio eco entre los asistentes.