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La sentencia contra el contratista Julio Gómez es de apenas 5 años de cárcel y una multa de $70 millones. El Fiscal General apelará la decisión.

| 4/27/2012 6:00:00 AM

El crimen sí paga

Las penas irrisorias para implicados en el carrusel de la contratación de Bogotá y las burlas que los sindicados hacen a fiscales y jueces, abren el debate sobre la utilidad de la “justicia premial”.

La noche del jueves 29 de marzo, a la misma hora en la que un juez de Bogotá redactaba la sentencia que condenaría a cinco años de prisión al abogado y contratista Julio Gómez, el empresario Emilio Tapia –considerado el zar de la contratación durante el gobierno de Samuel Moreno– se divertía con sus amigos en la discoteca Matilde Lina, en el norte de la ciudad.

La velada de rumba era amenizada por el grupo vallenato de Martín Elías, hijo del cantautor Diomedes Díaz. El joven vocalista inició su presentación con un saludo que fue recibido por una mezcla de aplausos y silbidos. “¡..Para mi compa’e Emilio Tapia Aldana, el contratista de moda!”, gritó el cantante acompañado de un acordeón.

Tapia y su novia, la exreina de belleza y actriz Eyleen Roca, una de las propietarias del lugar, se levantaron por unos segundos de la mesa, saludaron con un brindis la dedicatoria y bailaron al ritmo de un son.

No pocos asistentes se mostraron sorprendidos. La joven abogada cordobesa María Carmenza Valverde y su novio no lo podían creer. ¿Acaso no era aquel Emilio Tapia el mismo que había hecho un preacuerdo con la Fiscalía para someterse a la justicia y colaborar eficazmente en el esclarecimiento de los casos más importantes del carrusel de la contratación? Se preguntaban.

Valverde pensó en irse de allí, pero no quiso hacerles un desplante a sus amigos. Sin embargo, no pudo dejar de pensar en que aquel espectáculo bien podría ser una burla a la administración de justicia. La litigante asesora jurídicamente a Astrid Hoyos, esposa de Tapia, en el proceso de divorcio.

Recientemente, El Espectador reveló que las pruebas allegadas al expediente del divorcio son de mayor calidad que las obtenidas por la Fiscalía en la acción penal, pues revelan varios de los secretos mejor guardados de Tapia respecto al real volumen de sus bienes, que deberían servir para reparar el daño fiscal causado a Bogotá por los entuertos de la contratación.

Una cuenta cifrada en el Credit Suisse, el criadero Rancho Sofía S.A.S –que pasó a llamarse Rancho de la Fe cuando Tapia se separó de su esposa– vehículos de alta gama e inversiones en Panamá, Nueva Escocia, Zúrich y algunos paraísos fiscales de ultramar, hacen parte de un inventario probado (ver facsímile) que, aparentemente, no ha tenido impacto en el proceso fiscal.

Pocos días después, el 10 de abril, la justicia que aquella noche redactaba la sentencia la hizo pública: cinco años de cárcel para Julio Gómez, que podría purgar en su casa, y el pago de una multa de $70 millones. A la abogada Valverde, a varios periodistas de opinión y al propio fiscal General, Eduardo Montealegre, la pena les pareció irrisoria frente a la magnitud de los delitos imputados al contratista.

El Fiscal General anunció que apelaría la decisión, mientras en distintos sectores de opinión tenía eco una pregunta categórica: ¿el crimen sí paga

En realidad, el mensaje enviado por la sentencia sugiere una respuesta afirmativa. “Corruptos de distintos pelambres pueden imitar ese ejemplo y llegar a una conclusión fácil: me enriquezco a expensas del fisco y dejo una reserva para la poca reparación que me exigen”, concluye Juan Antonio Valcárcel, profesor de derecho procesal.

Tapia de rumba y Gómez beneficiado con una pena leve, representan tan solo dos casos en un universo en el que otros sindicados de alto perfil se burlan de la pobre capacidad del Estado para encontrar las pruebas de sus delitos o deciden hacer confesiones parciales para redimirse.

No todos, sin embargo, piensan igual. El abogado Abelardo de la Espriella, uno de los defensores más reconocidos en los estrados, cree que no es justo ni conveniente satanizar el llamado modelo de “justicia premial” que permite evitar la impunidad a instancias de preacuerdos o de aplicación del principio de oportunidad.

Según él, el sistema penal acusatorio ha permitido resolver muchos más casos que el viejo sistema mixto que sí hizo agua en un mar de impunidad. Así, cuando las penas consagradas en el Código Penal carecen en la práctica de capacidad disuasiva o se hacen inaplicables; no estaría mal premiar con beneficios al delincuente que confesó, entregó bienes y ayudó a desvertebrar el resto de su organización criminal.

Para el también abogado y profesor universitario Andrés Garzón, lo ocurrido en casos como los de Gómez y Tapia hablan mal del sistema, pese a que lo justo sería atribuir responsabilidades a jueces que se desvían del camino y tuercen la ley a punta de interpretaciones que no corresponden a la voluntad de quienes crearon, en el mundo anglosajón, los sistemas penales acusatorios.

A juicio de Garzón, miembro del equipo de abogados del grupo Nule, esas injusticias se reflejan si se compara lo ocurrido en los casos de Gómez y Tapia con el de sus clientes. “Algunos –explica– se declaran indignados por algunos beneficios obtenidos por los señores Nule, pero no tienen en cuenta que, gracias a ellos, están en la cárcel dos congresistas, un alcalde, un Contralor y cabezas importantes de la corrupción que campeaba en el IDU”.

¿Retribución o utilitarismo?

En una conversación con periodistas de Dinero, el fiscal Eduardo Montealegre explicó que la aplicación de la “justicia premial” es difícilmente asimilable para una sociedad como la colombiana, que exige que la cárcel sea el único destino posible para los delincuentes.

“Existe un choque de culturas jurídicas. Los abogados en Colombia –observó el Fiscal– nos hemos educado bajo la influencia del derecho continental europeo, aferrado a la idea de que la pena, y solo ella, tiene un carácter retributivo”. De acuerdo con su lectura, ahí radica la dificultad para que el país se adapte a un sistema hijo del utilitarismo norteamericano, en el que el pragmatismo hace que el principal objetivo no sea enviar a un individuo a la cárcel, como romper una red criminal y obtener resarcimientos económicos e información eficaz.

Los amigos del sistema recuerdan el caso de El Socio, un narcotraficante que luego de haber sido extraditado a Estados Unidos, recibió una pena de 30 años. La condena, no obstante, fue rebajada a cinco por un juez que valoró su cooperación cuando delató a los miembros de su organización y entregó rutas y dinero.

Lo grave del caso en Colombia es que el aparato judicial que tiene a cargo la administración del sistema no cuenta con suficientes investigadores criminales calificados capaces de desarrollar una destreza para encontrar, por ejemplo, hasta el último rastro del dinero que se giró en el carrusel de la contratación. 

Los investigadores son, por lo general, funcionarios con escasa preparación y sueldos que no superan los $800.000. Esta es la razón por la cual fiscales y jueces tienen que contestarse con recibir una versión más o menos creíble de los procesados, a falta de pruebas contundentes que sirvan para demostrar su responsabilidad.

El panorama es complejo e incluye eventuales perjuicios fiscales para la Nación. Las pruebas mal practicadas o las capturas de personas que resultaron inocentes son hoy la causa principal de demandas contra la Fiscalía que suman cerca de $10 billones. De hecho, el organismo de investigación es la entidad más demandada después de las Fuerzas Armadas.

Las mismas deficiencias explican el rezago en los procesos de extinción de dominio, de investigación de delitos contra el patrimonio público y la crisis que enfrenta la unidad encargada en la Fiscalía de castigar las conductas asociadas al lavado de activos.

Otro factor que incide en la burla que, especialmente los delincuentes refinados, hacen de la administración de justicia tiene que ver con la escasa eficacia de la policía judicial y la recolección de pruebas practicadas por la Procuraduría y la Contraloría que no pasan por el cedazo de jueces de garantías y que terminan incidiendo en la nulidad de procesos penales que se basaron en pruebas trasladadas.

Como Montenegro, otros especialistas echan de menos una reforma judicial integral que sirva para evitar que el delito siga siendo un negocio lucrativo.

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