Revista Dinero

Con el dolor que le produjo la reciente muerte de su esposo, Emilia Fadul espera la hora del juicio para refutar cargos.

| 5/17/2013 8:00:00 AM

El cartel de las tierras

Falsos abogados y notarios y jueces descarriados hacen parte de una historia que en breve llevará a juicio a una de las más experimentadas registradoras de instrumentos públicos del país.

Recluida en el cuartel de la Infantería de Marina en Cartagena, Emilia Fadul Rosa, exregistradora de instrumentos públicos de la ciudad, se prepara para ir a juicio. Está vestida de luto severo por la reciente muerte de su esposo y relee durante horas el expediente en el que figura como acusada de haberse aliado con falsos abogados, un juez y un notario para apoderarse de un valioso terreno de la zona industrial donde sería construido un muelle petrolero.

“Me duele estar incriminada por una fiscal que reconoció públicamente que no sabe de derecho notarial”, comenta con un dejo de amargura. Su detención, que incluyó un largo confinamiento en la cárcel de El Buen Pastor, en Bogotá, ha causado conmoción en círculos sociales, donde es conocida por su trayectoria como dirigente gremial, directora del teatro Pedro de Heredia, catedrática, servidora pública e integrante de la junta directiva de la Cruz Roja, además de activista de varios voluntariados.

En esos círculos muchos se resisten a creen que ella pudiera tener el talante para concertar con delincuentes. Otros consideran que el juicio, con la presencia de un personaje de su talla, será una oportunidad única para conocer la real dimensión de un “cartel” que allí, como en varias regiones del país, se ha tomado por asalto despachos notariales y juzgados para arrebatarles la tierra a sus legítimos dueños.

La piedra del escándalo está representada en un terreno de 34 hectáreas, en el barrio Conspique, del sector de Mamonal, de propiedad de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca). La entidad lo ofreció en dación de pago a 63 personas que la vencieron en pleitos civiles en 2009 tras demostrar que habían sufrido daños materiales y morales por la extensión de redes eléctricas con las cuales les fue impuesta de hecho una costosa servidumbre.

Las condenas fueron tasadas inicialmente en $14.000 millones, pero las obligaciones tendían a crecer porque después de 13 fallos todavía quedaban otros procesos pendientes. Por eso el 14 de agosto de 2009, el Ministerio de Justicia, que por entonces tenía a cargo la defensa judicial de la nación, envió a dos emisarios para que participaran en la junta directiva de Corelca que examinó la situación el 14 de agosto de 2009.

La junta estuvo de acuerdo en que era necesario conciliar con los demandantes y, aunque consideró la opción de entregarles el terreno para saldar deudas, dispuso que la fórmula solo fuera aplicada luego de que los abogados de la Nación examinaran las particularidades de los procesos. Julio Alberto Mendoza Bula, gerente de Corelca, hizo caso omiso y, por cuenta propia, decidió poner en marcha la conciliación.

En un curioso acuerdo, avalado por el juez primero promiscuo del circuito de Mompox, Orlando Luis Puello, Mendoza estuvo de acuerdo en que el lote quedara a nombre de Luis Ballestas Martínez y Gustavo Adolfo Duque Castillo. Ballestas y Duque habían entrado a actuar como abogados sustitutos de Argemiro Lafont Díaz, primer abogado de los demandantes. Pero en septiembre de 2009, cuando se dio el acuerdo, ninguno de estos dos tenía tarjeta profesional de abogado expedida por el Consejo de la Judicatura.

El juez no solo no verificó que los nuevos apoderados fueran profesionales, sino que metió baza en el acuerdo y lo llevó más allá. Dispuso que Ballestas se quedara con 70% del terreno y el restante 30% fuera para Duque y los “autorizó” para venderlo y entregarles el dinero a los demandantes.

Cuando la junta de Corelca se enteró, removió de inmediato al gerente Mendoza. Su sustituto, Daniel Alsina Galofre, le informó al juez de Mompox que la conciliación no fue autorizada legalmente y que carecía de fundamento de acuerdo con varias circulares y normas. El juez le contestó de manera airada y lo llamó falsario, desleal y temerario.

Pocos repararon en ese momento que un terreno, cuyo valor real superaba los $30.000 millones, sería utilizado para saldar una obligación ligeramente superior a los $14.000 millones, con el detrimento patrimonial que eso generaría. Aun así, el acuerdo quedó registrado en la Notaría Décima de Barranquilla.

Allí se elevó la escritura 2552 que dividió el terreno en dos: un lote de 20 hectáreas en la parte continental y otro de 14 en la isla de Cocosolo, próxima a la refinería de Ecopetrol en Cartagena. Tachones y enmendaduras en los documentos se sumaban a las irregularidades. Además, cuando los investigadores fueron a revisar los documentos notariales se llevaron otra sorpresa: la verdadera escritura 2552 correspondía en realidad a la aclaración de la identidad de la madre de una menor enferma que requería de ese documento para viajar a Estados Unidos, donde la niña recibiría un tratamiento médico.

Ballestas y Duque vendieron los lotes a la firma Conequipos, una empresa de ingeniería contratista del Estado que tiene entre sus planes la construcción allí de un muelle petrolero o carbonífero. El dinero pagado no ha llegado hasta hoy a los verdaderos beneficiarios de la conciliación. La firma ha declarado que compró de buena fe y creyendo a conciencia que el aval del juez validaba el negocio. La Fiscalía cree que el juez de Mompox se alió con los falsos abogados para sacar provecho económico indebido.

El mismo juez de Mompox fue quien le ordenó a la entonces directora de Instrumentos Públicos de Cartagena hacer las anotaciones correspondientes en el folio de matrícula del bien. A esas alturas, la seccional Barranquilla de la Dian le informó por escrito a la registradora Fadul que contra el terreno pesaba un embargo derivado de incumplimientos tributarios. De nuevo el juez declaró “infundado” el embargo y le ordenó a la registradora no tenerlo en cuenta.

Aunque la fiscal María Leonor Oviedo Pinto, responsable de la acusación, insiste en que la señora Fadul hizo parte de un concierto para arrebatarle el lote a la Nación, esta insiste en que se limitó a cumplir mandatos judiciales expresos y que su tarea no consistía en examinar la legalidad de los negocios sino en dar fe de ellos.
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