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El entonces parlamentario Manuel Ramiro Velásquez podría serle útil a la Justicia para saber qué sectores de la administración fueron permeados por el tráfico de influencias.

| 10/25/2012 7:00:00 AM

El cartel de los sapos

Una docena de lobistas de empresas de seguridad y defensa quedaron al descubierto tras una millonaria multa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Un senador y un asesor parlamentario entre los salpicados.

Nueve empresas y siete contratistas que se aliaron para desviar, en beneficio propio, el curso de una licitación que buscaba dotar las cárceles del país de modernos equipos de vigilancia electrónica tendrán que pagarle al fisco multas que, sumadas, llegan a los $8.600 millones. El castigo, uno de los más severos en términos económicos en la lucha contra la corrupción, acaba de ser impuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La noticia, que había pasado prácticamente desapercibida en medio de los escándalos que son flor de un día en el país, vuelve a poner en los primeros planos de actualidad los nombres de personas y compañías que habían alcanzado posiciones ventajosas en el campo la contratación de bienes de seguridad y defensa: Diana Nassif de Rima, Mauricio Parada Pinilla, Aaron Raninovich Jamri, Interseg, Cipecol y Rapiscam System, entre otras.

Detrás de sus nombres se esconden historias de lobistas o cabilderos que hacen valer sus influencias y mueven millonarias sumas en el mundo de los negocios públicos, donde el interés del lucro personal solo conoce la regla del mejor postor. Con muchos menos elementos de los que cuentan jueces, fiscales y órganos de control, la Superintendencia actuó de manera drástica y oportuna.

La Fiscalía, que tiene en su poder decenas de grabaciones, documentos y otras pruebas, ha vacilado en actuar durante cuatro años y apenas ha hecho tímidos anuncios sobre una posible imputación de cargos.

Dinero obtuvo las pruebas principales y, con base en ellas, reconstruye escenas de un mundo en el que lobistas que no dan la cara, que se refugian muchas veces en sus investiduras oficiales, pasan por encima del patrimonio público.

Un padrino congresista

Autorizados por un juez de control de garantías, detectives de policía judicial estuvieron escuchando durante cuatro meses las conversaciones telefónicas de Diana Nassif, una matrona sucreña que manejaba importantes contratos, no solo con el Ministerio de Justicia –para el tema de cárceles– sino con el Ejército, la Policía, el Consejo Superior de la Judicatura y varias entidades territoriales.

Uno de los más frecuentes interlocutores era el dirigente conservador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, quien por aquella época (2008) era uno de los senadores con mayor influencia en la Comisión Segunda, que se ocupa de asuntos de relaciones exteriores y defensa nacional. Velásquez almorzaba con frecuencia con la contratista, la visitaba en su oficina y la mantenía al tanto de los trámites contractuales que se surtían en los despachos públicos donde ella tenía intereses y le prometía ayudarle a agilizar documentos Conpes que le permitirían moverse con mayor amplitud en algunos ámbitos en los que ella gestionaba negocio.

Las grabaciones permiten establecer que Arroyave asesoró a Nassif en su esfuerzo por hacerse a un contrato para la provisión del escáner para la inspección no invasiva de carga portuaria y que la mantenía al tanto de decisiones y gestiones en el Ministerio de Transporte y en el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.

Las grabaciones duermen en el sopor de un cuarto de custodia de evidencias en la Fiscalía y, transcurridos cuatro años, no son conocidas aún por la Corte Suprema de Justicia a la que podría interesarle establecer si el senador cayó en un posible tráfico de influencias o ayudó a un particular a enriquecerse ilícitamente. Velásquez está siendo investigado por el alto tribunal por sus presuntos nexos con los jefes paramilitares ‘Julián Bolívar’ y ‘Ernesto Báez’.

Esta Revista se comunicó varias veces con las oficinas de Velásquez y llamó a su teléfono privado, pero sus asistentes respondieron que se encontraba de viaje y que no le resultaba posible atender periodistas.

Un periodista todero

En el mismo círculo de lobistas, cuyas comunicaciones eran monitoreadas con orden legal, se movía Luis Fernando Estrada Sanín, un periodista que combinó su trabajo en medios con su papel de asesor legislativo grado 8, como lo calificaba el escalafón del Congreso.

Unas veces por instrucciones de su jefe Manuel Ramiro Velásquez y otras a título personal, Estrada conversaba a menudo con Diana Nassif y sus contratistas aliados para enterarlos, incluso por anticipado, de decisiones que se gestaban en algunos Ministerios.

Les prometía también que movería influencias para conseguir que en los organismos con los que ellos contrataban les quitaran “trabas” o dejaran de “joderlos” con algunos requisitos que ellos consideraban inútiles o estorbosos. En una de las grabaciones se le oye leyéndole a Nassif el borrador de una carta ministerial (ver recuadros).

Sobre la influencia de Estrada no quedan dudas. En su página web, donde se presenta como experto en “loby-cabildeo”, se lee que, además de haber sido asesor de Velásquez y de otros parlamentarios, ha asistido a la negociación de varios tratados internacionales suscritos por Colombia y ha recibido varias condecoraciones y homenajes en el círculo castrense.

Contrataque

Carlos Alberto Gutiérrez Valencia, abogado de Diana Nassif en el proceso que acaba de fallar la Superintendencia de Industria y Comercio, le dijo a Dinero que la sanción impuesta a su cliente es ilegal.

Según Gutiérrez, las grabaciones y otras pruebas que analizó la Superintendencia fueron enviadas por la Fiscalía sin que hubieran sido debatidas o sometidas al principio de la sana crítica. Según él, la entidad ya perdió competencia para fallar el caso, ya que una disposición del Código Contencioso Administrativo señala que solo puede actuar dentro de los tres años siguientes a la ocurrencia de los hechos.

Las dilaciones y la inminencia de prescripción siguen siendo la principal amenaza para que la impunidad envuelva en su manto protector a contratistas y lobistas que no han sido obligados a enfrentar pruebas que parecen caerse de su peso.
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