| 10/13/2011 2:00:00 PM

El cartel de los jueces

Un grupo de jueces y abogados está convirtiendo los embargos a presupuestos de la salud, las regalías y otros recursos públicos en fuente para su enriquecimiento personal.

Los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura –juez de jueces– parecen no dar abasto con las 1.177 investigaciones a las que están sometidos funcionarios judiciales que han convertido los embargos a presupuestos de la salud, las regalías y otros recursos públicos en una suerte de coto de caza para su enriquecimiento personal.

Estadísticas en mano, el magistrado Henry Villarraga Oliveros, presidente de la Sala, muestra que los procesos involucran en su mayoría a servidores públicos de 24 de los 32 departamentos del país que hacen causa común en ese “festival de los embargos” con abogados litigantes. Se queja de que los llamados “carteles”, creados para desfalcar a Foncolpuertos o a Cajanal, en su momento, se hayan replicado en otras entidades y que el país no parezca haber aprendido con suficiencia la lección.

Los castigos disciplinarios, poco conocidos, son sin embargo contundentes. Hasta la fecha, los expedientes dan cuenta de 40 jueces destituidos por esta causa. Diariamente el tribunal recibe en promedio diez denuncias e impone semanalmente entre 6 y 8 sanciones a jueces y unas 45 a abogados. El aumento exponencial de las quejas implica que la tolerancia frente a ese tipo de desafueros parece ir en ascenso.

Esos carteles de jueces y abogados tienen, por supuesto, dolientes. Los usuarios del sistema de la salud son quizá los principales porque los embargos afectan la liquidez del sistema y tienen un efecto que sublima una crisis atribuida habitualmente a problemas en el flujo de los recursos y falta de información confiable sobre la cartera existente entre los diferentes actores del sector, con la consecuente pérdida de confianza entre ellos.

Pero el velo que cubría las acciones de los administradores de justicia que parecen haber actuado dolosamente se ha ido descorriendo. Su funesta influencia está detrás de la iliquidez de Entidades Promotoras de Salud (EPS) como Caprecom, Solsalud y Saludvida, entre otras, que ha puesto en riesgo la prestación de este esencial servicio a millones de usuarios y tendría al borde de la quiebra a numerosas clínicas y hospitales (Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)).

A pesar de que, según la Ley 1450 del Plan Nacional de Desarrollo, los recursos del régimen subsidiado son inembargables, hoy hay evidencia de demandas y medidas cautelares contra estas EPS por cerca de $500.000 millones, de los cuales $200.000 millones estarían ya paralizados en depósitos judiciales. “Estas demandas equivalen a prácticamente la mitad de la deudas que tienen las EPS del régimen subsidiado con las clínicas y hospitales”, afirma Mario Andrés Urán, presidente de Caprecom, la EPS pública más grande del país y una de las más afectadas con este problema.

El ‘negocio’ para algunos abogados consistiría en que estos pueden cobrar en honorarios hasta 15% del valor de la deuda demanda más los intereses de mora. De hecho, las tres entidades mencionadas habrían pagado a la fecha alrededor de $40.000 millones en “honorarios profesionales” a litigantes que se encargan de promover las demandas.

Por todo esto, es común que las demandas vengan infladas mediante fotocopias de facturas, facturas glosadas (ya pagadas pero que contablemente no se han descargado) y hasta con algunas que ni siquiera se han vencido. O que en algunos juzgados se decreten en tiempo récord. De hecho, se ha detectado que estas demandas se concentran en los mismos juzgados y abogados. Es más, se centralizan en algunos departamentos como Atlántico, Tolima, Santander y Cauca, entre otros. Pero, sin duda, en Chocó suceden algunos de los casos más aberrantes. En un solo juzgado, el primero administrativo de Quibdó, fueron decretados más de $7.800 millones en embargos solo de Caprecom.

Lo más preocupante es que este tipo de “carteles” de jueces y abogados también se estarían apropiando, mediante distintos mecanismos, de recursos de pensiones, educación, planes departamentales de agua y crecientemente de las regalías. El precepto constitucional según el cual las rentas de la Nación y los recursos destinados a servicios vitales como la salud son inembargables, sigue siendo un rey de burlas en varias regiones y todos los días alguien se lo lleva de calle. La Procuraduría se ha sumado a la cruzada de la Judicatura y durante este año ha impuesto 82 sanciones ejemplarizantes. “Esperamos que muy pronto las condenas se conviertan en un factor disuasivo”, le dijo a Dinero uno de los investigadores del Ministerio Público.

La reforma a la justicia, el cambio en el sistema de distribución de las regalías y el nuevo Estatuto Anticorrupción ofrecen hoy nuevos insumos para combatir el flagelo. Ahora todo dependerá de la capacidad institucional para generar una política de Estado que marque el fin de uno de los carteles más antiguos del país.
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