| 3/19/2014 6:00:00 PM

Contragolpe

La Drummond está lista para estrenar su nuevo muelle de cargue directo de carbón, pero mantiene una demanda contra la Nación que haría que la obra fuera pagada por los contribuyentes.

Amylkar Acosta, ministro de Minas, es el más contento de los funcionarios públicos con la apertura del nuevo muelle de Ciénaga que le permitirá a Drummond hacer el cargue directo de las 30 millones de toneladas de carbón que aspira extraer anualmente. Calmadas las aguas después de la tempestad desatada por la sanción recibida por la multinacional, a raíz de la contaminación del mar territorial de Santa Marta –debido al hundimiento de una de sus barcazas–, el Ministro hace cálculos sobre los beneficios que volverá a recibir el Estado cuando la compañía reanude en sus exportaciones.

Al Fondo Nacional de Regalías, según sus cuentas, llegarán anualmente US$500 millones. La administración de impuestos recibirá diariamente cerca de $1.700 millones, mientras a la Agencia Nacional de Infraestructura le entrarían mensualmente $5.700 millones por el rodamiento de los trenes entre la mina de la Loma, en el Cesar, hasta el puerto, en el Caribe. Por lo demás, las autoridades ambientales y los habitantes de la región podrán respirar tranquilos ya que el moderno muelle contará con bandas transportadoras encapsuladas que evitarán que en las aguas de la bahía vuelva a flotar la nata negra, el signo más evidente de contaminación.

Aun así, todas esas cifras no serían menos representativas frente a los $876.061 millones que American Port Company Inc. –filial de Drummond y titular de la concesión desde 1992– espera cobrarle a la Nación a instancias de un proceso ante la justicia contenciosa administrativa. La cifra, si prospera la demanda, crecería sustancialmente por vías de indexación hasta el día en que fuera ejecutado un posible fallo que afectaría a los contribuyentes.

Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 1286 de 2007 y 4033 de 2008, expedidas por la entonces oficina de asesorías de licencias, permisos y trámites del Ministerio del Medio Ambiente. La primera ordenó a American Port Company Inc. aplicar un sistema de cargue directo a los buques que transportan el carbón y hacerlo a partir del primero de julio de 2010. La segunda rechazó un recurso de reposición presentado por la empresa con el propósito de echar para atrás la decisión. La concesionaria quedó obligada también a diligenciar una nueva licencia y a presentar un estudio de impacto ambiental.

La pugna


La filial de la Drummond adujo que el contrato de concesión jamás impuso ese requisito que, a su juicio, rompía el equilibrio económico de la operación. La empresa solo aceptaba que el sistema de cargue fuera modificado después de la explotación probada de las 10.000 toneladas.

Lo cierto es que el sistema de cargue nunca fue modificado y a ese hecho atribuyen tanto el Estado como los expertos el desastre ecológico causado por el hundimiento de la barcaza el año pasado. Y, si bien la Drummond aceptó su responsabilidad y la imposición de una multa por cerca de $6.000 millones –cifra consideraba poco representativa frente al daño causado– y estuvo de acuerdo en dar al servicio el nuevo muelle, no retiró la demanda.

Por el contrario, la acción judicial fue reforzada y, por sus gigantescas pretensiones, hace parte del ranking de las 20 demandas más grandes contra la Nación. El ranking fue preparado por la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación.

El asunto ha sido interpretado en círculos del Gobierno como una especie de contragolpe con el que la Drummond buscaría que la Nación, por intermedio de ella los contribuyentes, terminara asumiendo el costo de sus imprevisiones. Si la acción prospera, la nación tendría que entregarle a la multinacional más de $1 billón y pagarle más de diez veces el equivalente del valor de la construcción del puerto.

Dinero consultó al abogado Hugo Palacios, apoderado de Drummond. El exmagistrado se negó a dar declaraciones sobre el tema y dijo que no está autorizado para ventilar este asunto profesional a través de los medios. La multinacional y su agencia de comunicaciones fueron consultadas pero ninguna de las dos respondió las dudas de la revista.
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