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El juicio por el descalabro de InterBolsa será todo un duelo de grandes juristas. El expresidente del grupo, Rodrigo Jaramillo, se ha armado de un costoso equipo de abogados para defenderse.

| 6/27/2013 6:00:00 AM

Diez claves del juicio

Al igual que en los procesos de justicia transicional, en el caso de InterBolsa las víctimas libran una dura batalla por conseguir su reconocimiento. Pero hay riesgos de dilación.

El proceso de imputación de cargos contra los responsables del descalabro de InterBolsa no ha resultado tan fluido como se creía. La defensa ha buscado limitar la lista de las víctimas y el caso del Fondo Premium, capítulo estelar del proceso, será tramitado aparte. Estas son las claves que guiaron las primeras sesiones del juicio, que arrancó el 24 de junio y fue suspendido.

1.En busca de un arreglo


Antes de que la juez de control de garantías decida si autoriza las medidas de aseguramiento pedidas por la Fiscalía, algunos de los primeros nueve imputados avanzan en la búsqueda de un preacuerdo para hacer menos gravosa su situación judicial. Rodrigo Jaramillo, el principal de ellos, tiene listo un borrador con esta propuesta: aceptaría los cargos de administración desleal y manipulación de acciones pero, en ningún caso, el de concierto para delinquir. A cambio de una sustancial rebaja que le daría una pena posible de tres años, ofrecería información sobre el papel que habrían jugado en el descalabro personas que todavía no han sido vinculadas, entre ellas Erick Anderson, el administrador del Fondo Premium, y se comprometería a resarcir a las víctimas.

2.“Unidad de armas”

La bancada de la defensa, compuesta por penalistas de la talla de Jaime Lombana, el exmagistrado de la Corte Ricardo Calvete y sus hijos, Leonardo y Ricardo, y el exfiscal Mario Iguarán, no contaba con que les reconocerían la condición de víctimas a los liquidadores de la holding y de la comisionista, lo mismo que a las firmas Mansarovar y Alianza Fiduciaria S.A. Al unísono advirtieron –y así lo reiteraron en su recurso de apelación– que el hecho de que a los posibles afectados se unieran personas que aparecieron en escena después de la comisión de los presuntos delitos investigados, rompía el equilibrio resguardado por una figura que en derecho se llama “unidad de armas” que garantiza que víctimas e indiciados puedan controvertir en un escenario de garantías iguales para ambas partes.

3. Pago antes que reparación

La tesis según la cual la holding y la comisionista y compañías que sufrieron detrimento patrimonial por causa de la crisis de InterBolsa pueden configurarse como víctimas a través de sus liquidadores, fue sacada adelante –inicialmente– por Mauricio Pava, abogado del banco BBVA. Después de oír un argumento del exfiscal Mario Iguarán, según el cual las víctimas podrían tener una “desproporcionada notoriedad”, Pava dijo que los liquidadores representan el interés social en la medida en que tienen la obligación de recuperar el dinero de inversionistas defraudados. En ese sentido representan, según él, a las víctimas que no tienen voz, ni poder ni paridad. Los representantes de las víctimas insistirán en que, antes que reparación, que siempre resulta parcial, exigirán el pago de las obligaciones.

4. Fondeador y víctima

La petrolera Mansarovar, cuyo nombre se sumó a la lista de las 1.600 personas naturales y jurídicas que presentarán reclamaciones por algo más $190.000 millones, se presenta ante la audiencia como el fondeador número uno de las operaciones de InterBolsa y simultáneamente entabló una denuncia penal por la pérdida de $9.500 millones. Alianza Fiduciaria S.A., que se integró también a la lista de las víctimas, alega que las operaciones repos sobre acciones de Fabricato le significaron un inmenso detrimento patrimonial. Mientras los abogados defensores recalcaban que Alianza es hoy por hoy uno de los principales accionistas de la textilera, el representante de la víctima replicó que el asunto es estrictamente nominal porque la firma compró a $50 acciones que ahora valen solo $9 o $10.

5. Premium, causa por separado

Por obra de una estrategia de los fiscales Alexandra Ladino, Carlos Alfredo Rodríguez y Claudia Esperanza Cassiani Niño, que conforman el bloque de los acusadores, el abogado Jaime Granados –principal contraparte de Jaramillo y de su abogado Jaime Lombana– se vio privado de participar en esta primera fase de las audiencias de la imputación. La Fiscalía decidió que el caso del Fondo Premium de Curazao sea un proceso separado. Granados, apoderado del Fondo, tuvo que retirarse de la audiencia cuando la juez consideró que su presencia allí era innecesaria. Antes de marcharse, Granados alegó que tenía información sobre el destino de US$91 millones, de gran interés para las víctimas.

6. La Super, por sus fueros

Los fiscales acusadores se hacen acompañar en la audiencia por dos representantes de la Superintendencia Financiera: Juan Pablo Coy y Vladimir Alexander Moncada, de la Dirección de Conductas. A través de ellos la entidad reivindicará sus fueros como denunciante de los delitos investigados y espera rebatir el argumento según el cual el organismo fue cómplice por omisión. Como quiera que sea, el proceso no tiene nada que ver con los cargos disciplinarios formulados recientemente por la Procuraduría contra el superintendente Gerardo Hernández y algunos de sus delegados.

7. El peso de la Procuraduría

La Procuraduría también integró un equipo que tendrá peso específico a la hora de la formulación de cargos y revisión de las garantías. Lo conforman Henry Francisco Bustos y Miguel Antonio Carvajal Pinilla, dos avezados penalistas que han hecho parte en procesos de gran trascendencia, como el relacionado con el Grupo Nule. No se descarta que ellos aporten evidencia obtenida por el Ministerio Público durante las investigaciones disciplinarias que puedan tener también connotación penal.

8. La ruta del dinero

Pablo Muñoz, liquidador de InterBolsa, no ha ocultado el malestar que le produjo que cuatro de los defensores impugnaran la decisión judicial que lo reconoció como víctima. Según él, resulta sospechoso que quieran sacarlo del tinglado judicial. Muñoz tiene información no solo del manejo dado a los recursos de los inversionistas, sino sobre su paradero. Desde el comienzo se ha vaticinado que durante el juicio el liquidador describirá en detalle la ruta del dinero e identificará su actual paradero. Confirmará, por ejemplo, algo que se ha dicho hace varios meses: que parte del dinero se utilizó para la compra de bonos del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, Metrolínea.

9. El fantasma de la dilación

Las grandes causas judiciales en el país suelen dilatarse en algún momento. El de InterBolsa no será la excepción. A raíz de las apelaciones presentadas por cuatro de los abogados defensores, la juez de control de garantías decidió suspender la audiencia de imputación hasta que su superior jerárquico decida si los liquidadores de la holding de InterBolsa y de la sociedad comisionista pueden ser reconocidos o no como víctimas.. El recurso de apleación servirá también para confirmar o rechazar que dentro de esa misma categoría sean incluidos los representantes de las firmas Mansarovar y Alianza Fiduciaria.

10. Nóminas costosas

Tanto indiciados como víctimas han acudido a los servicios de algunos de los abogados más costosos del país. Funcionarios de los juzgados de Paloquemao, versados en la materia, calculan que la defensa costará no menos de 30% del dinero que está en juego en las reclamaciones, es decir, una cifra cercana a los $10.000 millones. Así como en la defensa están Lombana, Calvete e Iguarán, las víctimas cuentan con juristas de la talla de Julio Andrés Sampedro, Carolina Azuero y Mauricio Pava Lugo. Se da por descontado que, independiente del resultado de la audiencia, los grandes ganadores serán los abogados.

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