| 6/24/2011 8:00:00 AM

De Guatemala a Guatepeor

Trasladar la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) al Ministerio de Hacienda podría ser un error, según algunos observadores. Estos son los riesgos de dicha operación.

"Estamos cansados de administrar bienes de la mafia", dice Juan Carlos Restrepo, director Nacional de Estupefacientes. Sin embargo, no está seguro de que el réquiem que se oirá por el organismo a su cargo el próximo primero de julio implique el fin de todos sus problemas.

El manejo de las 75.000 fincas, hoteles, mansiones, aviones, embarcaciones y sociedades que figuran en los inventarios no depurados de la entidad como propiedades de jefes y agentes del narcotráfico, se convirtió en un constante dolor de cabeza para la entidad que irá a liquidación sin haberse podido librar del estigma de la corrupción.

Cuatro de sus últimos cinco directores se fueron del cargo en medio de denuncias sobre el tráfico de influencias en que se convirtió la designación de depositarios, entre los cuales se colaron no pocos testaferros. En 2004, Alfonso Plazas Vega renunció, doblegado ante las evidencias presentadas en su contra por el senador Javier Cáceres durante un debate de control político; Juan Carlos Vives, su sucesor, se fue en medio de denuncias sobre sus posibles nexos con el extraditable 'Mono Abello'; Carlos Albornoz dejó el cargo cuando sus críticos lo increpaban por haber convertido la asignación de bienes en un 'botín' del Partido Conservador, y Omar Figueroa prefirió refutar desde el asfalto a quienes lo acusaban de haber permitido que su padre cobrara 'primas' por la selección de depositarios.

Cuando el cansancio que acusa comenzaba a convertirse en hastío, Restrepo puso en manos de la Corte Suprema de Justicia documentos que vinculan a doce congresistas con los principales descalabros que, en opinión del presidente Juan Manuel Santos, terminaron por hacer inviable el organismo.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció en mayo pasado que la Dirección debería estar liquidada el primero de julio por orden presidencial. Restrepo dice que no compartió la premura del anuncio, especialmente porque en ese momento el Gobierno no tenía suficientemente claro quién se haría cargo de las dos misiones básicas: el manejo de los bienes y la conducción de la política antidrogas.

Esa falta de claridad le ha dado visos de improvisación al proceso. Por ahora solo está decidido que el Ministerio de Hacienda se haga cargo de los bienes con el riesgo que eso implica, ya que el Estado no tiene lista una estrategia que garantice que los vicios enquistados en la DNE no vayan a ser heredados por el organismo que lo suceda en esa labor.

"Las funciones en materia de administración de los bienes estarán a cargo del Ministerio de Hacienda a través de la dependencia que ellos determinen, probablemente la Cisa (Central de Inversiones S.A), y las funciones propias del control a precursores y del diseño de la política antidrogas se van a suscribir al nuevo Ministerio de Justicia", explicó en su momento Vargas Lleras. Cisa es una sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto gestionar, adquirir, administrar, comercializar o enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes inmuebles cuyos propietarios sean entidades públicas.

"La asignación del manejo de los bienes a Hacienda tiene un sentido técnico. No obstante, expone a una de las pocas áreas de la administración pública que nunca ha enfrentado cuestionamientos graves, a la presión de mafiosos y de grupos de interés que se resistirán a perder sus privilegios espurios", dice un consultor de Naciones Unidas que sigue de cerca el proceso.

Restrepo no niega que el riesgo esté presente, pero dice que nadie mejor que los especialistas en finanzas públicas para ofrecer garantía de manejo técnico de los bienes. Considera también que solo ellos podrían llevar a buen puerto una eventual decisión que él compartiría sin reservas en caso de que fuera adoptada: vender los bienes, destinar los recursos obtenidos a inversión social y dejar reservas para atender eventuales requerimientos judiciales. De hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente aprobada por el Congreso, prevé esa posibilidad.

La decisión de vender los bienes partiría de una reflexión según la cual los procesos de extinción de dominio a cargo de la Justicia llevan un trámite demasiado lento y han estimulado indirecta pero fuertemente el mercado de los depositarios. "En mis años de experiencia en el seguimiento a casos de corrupción administrativa no había visto que cientos de personas añoraran firmar contratos como depositarios de bienes de la DNE, con el mismo interés con el que cientos de abogados sueñan con convertirse, por ejemplo, en notarios", comenta un funcionario de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría.

La preocupación tiene asidero. En los despachos judiciales están represados cerca de 17.000 procesos de extinción de dominio de bienes de presuntos narcotraficantes. Salvo en aquellos casos en los que ha habido confesión por parte de sus dueños, en más de 60% de los procesos, las personas que tenían en su poder los bienes cuando fueron decomisados, se declararon tenedores o "terceros" de buena fe.

Por lo pronto, el Gobierno ha dado los primeros pasos para darles utilidad social a los recursos que están a disposición de la DNE. El decreto 4826 de 2010, expedido con ocasión de la cruda ola invernal que azotó al país, autorizó al organismo para disponer de manera transitoria de bienes bajo su custodia para paliar los estragos del invierno. El presidente Santos habría querido que esos bienes hubiesen tenido una destinación definitiva a favor de los damnificados del inverno, pero la Corte Constitucional declaró inexequible la norma que lo pretendía.

Pero, aparte de estas decisiones particulares, no se advierte todavía la articulación de una política sobre el futuro de la lucha antidrogas. Por esa razón, el decreto que formalizará la liquidación de Estupefacientes es aguardado con interés por quienes consideran que los anuncios oficiales, aparte de la improvisación que revelan, resultan tímidos en varios casos.

El control de los precursores químicos quedará, según anuncios todavía preliminares, en cabeza de una dependencia del Ministerio del Interior y de Justicia. Ese despacho asumiría también la formulación de la política macro antidrogas. De todas maneras, el actual director de la DNE cree que no sería conveniente para el país dejar en alguna dependencia de segundo nivel un asunto tan importante, especialmente cuando la comunidad internacional comienza a valorar y ponderar los esfuerzos hechos por Colombia en este frente.

"Habría que pensar -dice el funcionario- en un ente de especial categoría o incluso en que la estrategia fuese del exclusivo resorte presidencial para no perder el ascendiente ganado y no afectar la cooperación internacional que todavía es importante".

Como quiera que sea, la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes ofrece una oportunidad única para que Colombia piense en una política de Estado y recoja y saque mayor rendimiento de los esfuerzos que, de manera aislada, hacen hoy varias agencias.

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