Revista Dinero

David Wigoda, empresario de Factoring. 137 inversionistas de Factor Group denunciaron penalmente al dueño de la compañía.

| 3/21/2013 7:00:00 AM

Cuentas por pagar

La Superintendencia de Sociedades le pide a la Fiscalía investigar al dueño de Factor Group por posible estafa en una operación que involucra también al actual Superintendente de Notariado y Registro.

La segunda semana de marzo, la Superintendencia de Sociedades le pidió a la Fiscalía investigar si el empresario David Wigoda cometió los delitos de estafa y abuso de confianza al vender a los clientes de su firma Factor Group –actualmente en vía de liquidación– activos y derechos de contenido económico en operaciones que ya estaban siniestradas.

Ángela María Echeverri Ramírez, superintendente delegada para Procedimientos Mercantiles, le sugirió al organismo de investigación penal examinar un negocio que se inició en diciembre de 2008, cuando Factor Group le hizo a Estrella Automotriz S.A. una oferta mercantil para la compra al descuento de capitalizaciones futuras.

La propuesta le cayó como anillo al dedo a la empresa que por entonces se encargaba de la distribución de Mercedes Benz en Medellín. Sus cifras no reflejaban una situación boyante, así que los $3.000 millones que llegarían de los clientes de la firma de factoring les permitirían a sus socios tomar un segundo aire.

Las obligaciones generadas comprometían solidariamente a los socios de Estrella, entre los que se encontraban el dirigente político Jorge Vélez García (actual superintendente de Notariado y Registro), su esposa Nora Elena Ramírez Medina y Álvaro León Mesa.

Entre el 30 de diciembre de ese año y el 27 de enero de 2009, la firma de Wigoda le hizo a Estrella Automotriz giros por $2.300 millones. Esta comenzó a atender las obligaciones y entre el 5 de febrero y el 30 de junio siguientes le pagó a Factor Group un poco más de $283 millones, pero luego entró en cesación de pagos hasta que quedó abocada a la quiebra.

Los inversionistas de Factor Group no fueron enterados del siniestro y siguieron invirtiendo en la operación. Cuatro meses después, Wigoda firmó con E.T Maquinaria Pesada S.A.S. un documento de asunción de obligación, que sin embargo, no liberaba a los deudores iniciales de la obligación de pagar solidariamente la deuda.

Pero el principio de solidaridad se vería drásticamente afectado. En Estrella S.A. el hoy superintendente Vélez tenía una participación accionaria de 39%, mientras que su esposa era titular de 0,9%. Cuando se constituyó ET Maquinaria Pesada, él entró a figurar con tan solo 0,01%y ella con 39, 58%. Mesa quedó como mayoritario con 58% y Élida Patricia Castaño Herrera se unió con 2%.?Allí se iniciaría la historia de nuevos incumplimientos, de los que queda constancia en un juzgado civil de Bogotá, donde se suscribió tiempo después un acuerdo para saldar la obligación. Vélez, que de haberse aplicado el principio de solidaridad en proporción al número de acciones habría tenido que pagar más de $1.200 millones, se declaró a paz y salvo luego de haber consignado algo más de $3 millones.

Sin embargo, el pasado 23 de febrero Vélez le envió a su colega, el superintendente de Sociedades, una carta en la que se declara víctima de anónimos y dice que él y su esposa fueron utilizados por Factor Group para conseguir recursos. Segun él, hubo operaciones en las que nunca dieron su firma ni su aval.

La revista Dinero se comunicó con Vélez. Este se declaró molesto y dijo que hay un grupo de personas interesadas en perjudicarlo y que han acudido a varios medios para lograr ese objetivo. Según él, jamás tuvo relación con personas de Factor Group y sólo se limitó a actuar como avalista de una deuda junto con su esposa. Solo admitió una operación de préstamo y recalcó: “Yo pagué mi parte en diciembre”, dijo.

Contrato de “yo con yo”

La buena fe no parece haber sido la principal característica en el desarrollo posterior de la operación. E.T. Maquinaria Pesada cedió a Factor Group, como fuente de pago, los derechos económicos derivados de un contrato de prestación de servicios de transporte celebrado con Procesadora de Minerales del Puerto S.A. (Prominerales).

Presentó cálculos según los cuales el contrato de transporte de caliza de Puerto Nare a Puerto Berrío, en Antioquia, reportaría unos $5.000 millones. Lo que no quedó claro es que los operadores del contrato serían socios de la misma E.T., que aparentemente arrastraban las secuelas de la iliquidez que terminó por hundir a Estrella Automotriz. El representante legal de Prominerales resultó ser Álvaro León Mesa, socio de E.T. y como suplente Carlos Ignacio Carmona Moreno, cuya firma aparece en varias actas de Estrella Automotriz.

El 26 de febrero de 2010, cuatro meses después de firmado, se dispuso la terminación anticipada del contrato por incumplimiento de E.T., mientras sus deudas e intereses seguían galopando. El 19 de noviembre de ese mismo año, trece meses después de haber asumido las obligaciones, Factor Group recibió tan solo un abono por algo más de $44 millones que, según denunciantes que han acudido ante la Fiscalía, correspondían al reconocimiento de unas comisiones por un negocio referido por Jorge Enrique Vélez.

Durante 2011 Factor Group realizó, sobre la misma operación ya fracasada, 109 transacciones de compra de activos al descuento (CAD) por un valor total superior a los $3.400 millones y no les dijo la verdad a sus clientes.

La empresa de Wigoda inició una demanda ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá contra Jorge Vélez, Álvaro León Mesa, Élida Patricia Castaño Herrera y Nora Elena Ramírez Medina. La presión judicial condujo a las partes a registrar ante la Notaría 18 del Círculo de Bogotá un acuerdo de pago por cerca de $4.000 millones, que sería saldado con cinco cuotas a partir del 17 de diciembre de 2012. Hasta el momento no se ha verificado su cumplimiento.

Antiguos clientes de Factor Group denunciaron ante la Superintendencia de Sociedades que esta compañía celebró con las mismas personas a las que demandó otras varias operaciones de compra de activos al descuento. Algunas de ellas aparecen como emisores y como pagador E.T. Maquinaria Pesada, en lo que parece ser un carrusel en el que los dos roles, pagador y emisor, se invierten a menudo.

La Superintendencia de Sociedades considera que, si bien de aquellas operaciones podría hacerse un inventario de posibles anomalías, no se configuró una captación ilegal ya que los certificados de ley fueron expedidos en cada caso y se cumplió con requisitos, al menos formales.

Con todo, el empresario Wigoda podría afrontar cargos por estafa y abuso de confianza. La pregunta sería si quienes fueron sus contrapartes en estos negocios oscuros tendrían la calidad de cómplices. Pero ese es un interrogante que solo puede ser resuelto válidamente por la Justicia.
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