| 12/13/2010 6:00:00 AM

Crece el escándalo

Dinero revela las más recientes pruebas sobre el cartel de la contratación en Bogotá: aparecen nuevos testigos y un círculo empresarial en Miami, que estaría íntimamente ligado al pago de comisiones.

La oferta que llegó el jueves primero de diciembre al búnker de la Fiscalía General, desvió la atención de altos funcionarios que a esa hora estaban pendientes del proceso que llevó a la elección de Viviane Morales como nueva jefe del organismo. Dos de los 18 altos funcionarios y contratistas investigados por el escándalo del carrusel de contratos en Bogotá le anunciaban a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que estaban dispuestos a contar la verdad sobre el pago de comisiones para la adjudicación de negocios públicos de la ciudad.

Se trataba de dos directivos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) que decían reunir los requisitos para recibir beneficios judiciales proporcionales a la colaboración que estaban dispuestos a prestar. Su propuesta resultaba llamativa, no solo por su espontaneidad, sino porque contrastaba con las exigencias hechas desde Panamá por el empresario Miguel Nule, ex contratista de las obras de Transmilenio, a cambio de contar su verdad.

Mientras Nule les pedía a las autoridades colombianas que le permitieran permanecer libre de apremios en el exterior y ofrecía la entrega de algunas grabaciones y documentos que él rotulaba como "reveladores", los dos funcionarios distritales prometían pruebas sobre los intereses ilegales que se movieron alrededor de los contratos e indagaban solo por beneficios eventuales como el principio de oportunidad o una sentencia anticipada.

Nule exigía que los organismos de control le ayudaran al reconocimiento de algunas deudas que la ciudad tendría con él para saldar, a su vez, obligaciones con Hansa Holding, la compañía que asumió el manejo de sus empresas cuando estalló la crisis de la contratación, mientras los dos representantes del IDU se declaraban dispuestos a asumir incluso responsabilidades fiscales.

La información preliminar ofrecida por los dos funcionarios como garantía de veracidad comenzó a surtir efectos casi inmediatos. El equipo de investigadores tuvo a mano nuevos elementos para confirmar dos decisiones sustanciales ya tomadas: citar a interrogatorio a Yuri Chillán, secretario General de la Alcaldía de Bogotá, y notificarle al contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, que antes de terminar 2010 quedaría formalmente relacionado en un expediente en condición de "indiciado" (ver recuadro).

Los emisarios de la oferta aseguran que pueden ayudar a probar que el pago de las comisiones sobre contratos era un hecho y que los dos funcionarios estaban al tanto del asunto. Su testimonio promete fortalecer como evidencia una conversación grabada que en mayo pasado reveló Caracol Radio. En ella, Nule y el congresista Germán Olano hablaban abiertamente de las tarifas de las comisiones en las que el Contralor participaría del 2%.

El círculo de Miami

El ofrecimiento de la colaboración tiene otros elementos de interés. Si resulta efectiva, enriquecerá además una veta de información útil para descorrer el velo del manejo dado a la agencia que maneja los más grandes recursos de contratación de la ciudad: el IDU. Desde 2008, esta entidad ha ejecutado contratos por $3,05 billones; es decir, casi una cuarta parte del presupuesto actual de la ciudad ($11,2 billones). Son negocios que van desde la construcción de la Fase III de Transmilenio y el manejo de los seis distritos de conservación vial hasta el levantamiento de andenes y alamedas.

Además del nombre de Chillán, la información también puso en escena nuevos nombres como el de Jorge Mojica, un hombre vinculado al Instituto mediante un contrato de prestación de servicios, sobre el cual hay evidencias en la Procuraduría de que prestó sus cuentas personales como puente para el pago de las comisiones.

Pero la oferta de los dos espontáneos no es la única que despertará del letargo en que comenzaba a caer uno de los más escandalosos episodios de 2010. A finales de noviembre, mientras Miguel Nule se reunía en Panamá con emisarios de la Procuraduría a quienes les ofrecía destapar la caja de Pandora del asunto, Dinero estableció la existencia en Miami de un grupo de empresas que a través de sus cuentas corporativas habrían estado moviendo los recursos que se fugaron por la vía de las comisiones.

Una de ellas -quizá la principal por el volumen de sus operaciones- es Overseas Equity Advisors Inc., que funciona en el 2265 de South Bayshore Drive. Su representante es Saúl Campanella, un empresario de origen colombiano que logró levantar cabeza financieramente después de haber estado en prisión en 2006 por un asunto ligado al narcotráfico. A juzgar por la información que reposa en los bancos de datos de la División de Corporaciones de la Florida y en las oficinas de instrumentos de Miami Dade, Campanella es el mismo hombre que acompaña en sus frecuentes vuelos fletados entre Miami y Bogotá a Emilio Tapia, uno de los ejes del carrusel de la contratación.

Overseas Equity Advisors Inc. tiene firmados contratos de intercambios financieros y de servicios de corretaje de dinero con 14 empresas, operadas en su mayoría por colombianos y venezolanos. Son compañías del tipo de las llamadas limited liability companies, entre las que se encuentran Geos Investmen LLC, representada por Tapia. Uno de esos contratos la vincula a Arkgo Corporation, presidida por la también colombiana Jannett Arévalo, esposa del contratista del distrito Julio Gómez.

Manuel Alejandro Botero, un subcontratista que salió de pelea con Tapia y con Gómez cuando estos comenzaron a incumplirle los pagos por las ejecuciones de obras menores, declaró en octubre pasado a los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Contratación de Bogotá, integrada por dirigentes del Polo Democrático, que por boca de sus antiguos aliados se enteró de que otro colombiano residente en Miami, Luis Cárdenas Gerlein, aportaba dinero para conseguir cesiones de contratos en Bogotá.

De grabaciones y memorias

Botero refrendó luego su declaración bajo juramento ante las autoridades judiciales, a las que dijo que Cárdenas Gerlein -empresario barranquillero, ex socio de la Triple A- estuvo ofreciendo entre US$2 y US$3 millones para convencer al Grupo Nule de ceder sus negocios viales en Bogotá. Cárdenas, al igual que Campanella, es uno de los viajeros frecuentes del jet ejecutivo que utiliza Tapia.

Dinero conoció que la exploración de los contactos incluirá la revisión de los registros de las llamadas hechas o recibidas por Cárdenas en su teléfono de Miami (el 3059499454) y los celulares que usa mientras se encuentra en Colombia (uno de ellos el 3118269632).

Las dos nuevas sorpresas que deparaba esta historia encajan perfectamente como piezas del rompecabezas que apenas comienza a armarse. El 13 de noviembre, el diario El Espectador informó que el 6 de junio de 2010, allí mismo en Miami, Tapia, Campanella, Cárdenas y otros de sus aliados se reunieron para "asignar tareas, fechas y compromisos" frente al manejo de los contratos de tres entidades distritales: el IDU, la Empresa de Renovación Urbana (ERU) y la Secretaría de Movilidad.

Las memorias de la reunión están contenidas en un documento Excel de once páginas que, sumadas a las memorias de discos duros que aportan las nuevas fuentes, pueden ofrecer pistas fundamentales.

El propósito de cooperación de los dos posibles implicados en el manejo irregular de los contratos del IDU, la identificación de nuevos nombres en el círculo de pago de comisiones y la aparición de nuevas empresas en Miami, conectadas a los intereses de Tapia, aumentan, como le dijo a Dinero un alto funcionario de la Procuraduría, "la masa crítica" de los cuestionamientos.

El lío de los $1,2 billones

Estos anuncios se suman a un reciente episodio que pasó prácticamente desapercibido para la opinión: la formulación de cargos, por parte del organismo de control, contra 22 funcionarios del IDU por la adjudicación viciada de contratos que suman en total $1,2 billones (ver facsímile).

En medio de la maraña de los expedientes se ocultaba una nueva sorpresa. Botero, un testigo venido a menos por la revelación que La FM hizo de una conversación suya con el pariente de un contratista que le había prometido participación de las comisiones, juraba a pie juntillas que la ficha clave de Tapia y de Julio Gómez en el IDU era Luis Eduardo Montenegro, subdirector de infraestructura que se ocultaba tras un bajo perfil, pero que llevaba la voz cantante en las decisiones.

Pues bien, en el pliego de cargos aparece efectivamente el nombre de Montenegro, un hombre llevado al cargo por decisión directa del alcalde Samuel Moreno. Montenegro deberá ahora responder en juicio disciplinario por haber acudido varias veces a la socorrida figura de adicionar los contratos para incluir en ellos nuevas obras y eludir así la obligación de abrir licitación en su contra.

La mayoría de los contratos favorecían empresas en las que tenían intereses Tapia y Gómez que, de esa manera, se hicieron a una tajada del 20% de la torta de la contratación.

El círculo de las coincidencias crece y las dudas comienzan a dar espacio a las certezas. Aunque no está dicha la última palabra, no es seguro que el regocijo de la Navidad devuelva la paz espiritual a quienes están a punto de ir al banquillo de los acusados.

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