Koo Cha-won era hasta hace poco tiempo uno de los más reconocidos empresarios surcoreanos. En el mercado de la producción de armamento, él y su hijo Koo Bon-sang eran considerados emblemas de una dinastía que le ha competido con éxito a potencias como Alemania y Francia en la producción de misiles para la dotación de unidades navales de guerra.
Pero su reputación y la de la firma, Lig Nex 1’s, parecían venirse abajo a mediados del año pasado cuando padre e hijo y los más importantes miembros del directorio de su compañía fueron enviados a la cárcel bajo la acusación principal de haber emitido fraudulentamente papeles comerciales por el equivalente en wons a US$173 millones.
Según las primeras valoraciones presentadas por un fiscal ante la Corte Central del Distrito de Seúl, los recursos frutos de las emisiones habrían sido utilizados con el doble propósito de apalancar inversiones de otras compañías de la holding empresarial y de crear “un fondo para el pago de sobornos”.
Sus capturas se produjeron en la misma época en que la empresa coreana acababa de ganar una licitación abierta por el gobierno colombiano para la compra de misiles con los que serán dotadas las cuatro corbetas de guerra de la Armada Nacional. El valor inicial del contrato es de US$90 millones.
En un principio, la noticia pasó desapercibida en Colombia, hasta que una serie de informes divulgados por la estación radial La F.M. encendió alarmas y llevó al Ministerio de Defensa y al embajador de Colombia en Seúl, Jaime Alberto Cabal, a pedir precisiones a las autoridades coreanas sobre lo que estaba pasando.
En ese momento una junta de almirantes ya había decidido que los coreanos produjeran los misiles y habían consignado en un acta que la propuesta era la mejor, básicamente por ser la más económica. También habían presentado ofertas productores de Francia, Alemania e Israel.
Antes de que trascendieran los líos judiciales que enfrentaban los dueños y ejecutivos de la firma coreana, la decisión de adjudicarles a ellos el contrato para la fabricación de 16 misiles (cuatro para cada una de las unidades navales) había producido fisuras en la cúpula de mando y entre expertos de la Marina que consideraban ilógico usar tecnología coreana en unidades que fueron fabricadas y son mantenidas periódicamente en los astilleros de Kiel, Alemania.
Algunos de ellos presentaron en privado sus voces disidentes. Uno de sus principales reproches consistía en que la compatibilidad de las piezas ofrecidas era poca o ninguna con la tecnología de los buques adaptados para ser dotados con misiles exocet.
Las fisuras parecían convertirse en grietas cuando trascendió la información sobre la detención de los empresarios de Lig Nex 1’s. Oficiales en servicio activo, a quienes les está prohibido reglamentariamente participar en deliberaciones públicas y, desde luego, controvertir órdenes superiores, encauzaron sus protestas a través de algunos de sus compañeros ya retirados.
“Aceptar un negocio como este –comentó uno de esos oficiales bajo condiciones de anonimato– es lesivo desde los puntos técnico, financiero y ético. Técnico, porque será muy difícil adaptar las piezas coreanas a las características de nuestras naves. Financiero, porque es casi seguro que surgirán problemas que harán que los costos superen de lejos los inicialmente pactados y, éticos, por contratar con una empresa sospechosa en su propia sede de pagar sobornos”.
La vocería pública de los inconformes la asumió el almirante (r) Gabriel Arango Bacci, cuya voz no tuvo mayor eco en los círculos del Gobierno por sus conocidas discrepancias con el presidente Juan Manuel Santos.
Aun así, el embajador Cabal desplegó una serie de gestiones para asegurarse de que la detención de los empresarios no fuera a dar al traste con el contrato. Una de las mayores preocupaciones estaba relacionada con el hecho de que una compañía de la holding coreana había quedado en riesgo de liquidación como consecuencia de las emisiones fraudulentas y que el asunto amenazaba con generar una reacción en cadena entre todas las empresas del conglomerado.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le envió una carta al gobierno surcoreano para pedir garantías adicionales a las inicialmente exigidas. Hubo un momento en el que el negocio, rodeado tanto de dudas razonables como de suspicacias, parecía deshacerse.
El sigilo que suele encerrar el gasto militar en Colombia no permitió conocer con amplitud suficiente los términos de un nuevo acuerdo que a finales de diciembre pasado llevó a la Armada a anunciar que el contrato seguiría su curso.
En plena época navideña, con poca atención de los medios masivos de comunicación, el comandante de esa institución militar, almirante Roberto García Márquez, anunció que el contrato se mantendría en firme por tratarse de un negocio de gobierno a gobierno. Anuncios diplomáticos de Corea del Sur lo respaldaron.
No obstante, no se sabe quién dentro de una empresa –cuya atención está concentrada en los fuertes reparos judiciales– garantizará que la producción de los misiles se haga en los tiempos y condiciones pactadas.
Los organismos de vigilancia y control no acusaron recibo. Dinero consultó fuentes de las procuradurías delegadas para las Fuerzas Militares y para la Contratación Administrativa. En ninguno de esos despachos hay abiertas indagaciones. “Nos parece prematuro iniciar una averiguación sin conocer las condiciones del negocio”, dijo una fuente del Ministerio Público.
“Es absurdo –replicó uno de los oficiales que mantiene su posición disidente–. Esto es tanto como si algún país amigo decide hacer contrato con los Nule, que están en la cárcel. Insisto: estamos corriendo riesgos innecesarios”.
Sobre la necesidad de contar con los misiles no hay dudas. Los buques cumplen misiones estratégicas en la custodia del mar territorial colombiano y allí enfrentan amenazas reales y potenciales. Se trata de unidades bien mantenidas pero antiguas: fueron construidas en 1984. Los defensores del proyecto insisten en que los misiles Ci-Star, producidos por los coreanos del sur para dotar sus propias fuerzas armadas son modernos, tienen un alcance de 200 kilómetros y su costo es muy inferior al de los convencionales exocet.
Ahora solo cabe esperar que, libres o en la cárcel, los fabricantes cumplan lo pactado para que Colombia no vaya a sufrir otro de sus cíclicos descalabros contractuales que contrastan con la existencia de una legislación avanzada, que incluye un nuevo Estatuto contractual y un Código Disciplinario Único. Sin embargo, el título de país de leyes no le garantiza que las trampas no encuentren resquicios en su espesa legislación.