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Carlos Mario Jiménez ‘Macaco’ La extradición ya no tiene la capacidad disuasiva de antes. Los paramilitares desmovilizados y los jefes de los grupos emergentes la ven como una oportunidad para lavar culpas con dinero.

| 7/5/2012 8:00:00 AM

Conejo a la reparación

Mientras ofrecen hasta US$5 millones para negociar rebajas de penas en Estados Unidos, los ‘paras’ extraditados incumplen los compromisos adquiridos para reparar a sus víctimas.

En 2008, pocos días después de haber sido extraditado a Estados Unidos, Hernán Giraldo Serna autorizó un giro electrónico por poco más de $327 millones con destino a la reparación de sus víctimas en Colombia. Hoy, cuatro años después, envía emisarios a las oficinas de los abogados estadounidenses Joaquín Pérez, Richard Díaz y Rubén Oliva, a quienes les ha llegado a ofrecer hasta US$5 millones para que le busquen un acuerdo con las autoridades de ese país para canjear dinero por libertad.

Giraldo, jefe de las autodefensas que durante cuatro lustros controlaron la Sierra Nevada y sus alrededores, se mantiene dentro del proceso de justicia y paz a expensas de ofertas de reparación que contrastan con el volumen estimado de su fortuna personal: unos US$250 millones, según los servicios de inteligencia colombianos. Por ejemplo, los 12 bienes inmuebles que ha ofrecido suman no más de $1.400 millones y en su mayoría están afectados por embargos y otras medidas cautelares.

Carlos Mario Jiménez, conocido como ‘Macaco’, también parece haberse reservado para el juego del mejor postor en busca de beneficios judiciales fuera del país. Mientras tanto, en Colombia le dio acceso a las autoridades a 27 cuentas bancarias, once con recursos propios y 16 manejadas en compañía de otro extraditado, Guillermo Pérez Alzate, con saldos poco representativos. También busca expiar culpas con la entrega de la hacienda La Esmeralda en Cáceres, Antioquia, y de otros 13 predios cuya tradición y propiedad se han convertido en un enredo jurídico para las autoridades.

Macaco y Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra –un narco de quien se presume que pagó $3.000 millones para ser aceptado en la mesa de negociaciones de Ralito, cuando el gobierno Uribe echó a andar el proceso de desmovilización– han estado enviando mensajes a Baruch Vega y a Román Suárez para que les ayuden a abrir un espacio de negociación con Washington. Vega y Suárez son conocidos desde mediados de los 90, cuando hacían viajes expresos a Colombia en busca de cooptar a mafiosos interesados en comprar benevolencia judicial.

Dinero habló recientemente en Bogotá con representantes de bufetes del Estado de la Florida que buscan mantener vivo el modelo que parecía haberse extinguido a comienzos de 2000, cuando el gobierno de Estados Unidos no pudo controvertir evidencias sobre la existencia del Blitz Commission, una suerte de agencia secreta compuesta por agentes de la DEA, el FBI, la CIA y el Servicio de Aduanas para buscar la “resocialización de narcotraficantes”.

La existencia de ese comité fue revelada en su momento por los periodistas colombianos Édgar Téllez y Jorge Lesmes en su libro Pacto en la sombra, que narra en detalle los resultados de la aplicación del pragmatismo anglosajón, que caracteriza el sistema acusatorio de Estados Unidos, a la hora de negociar penas con narcos y otros actores mafiosos.

¿Lo mismo que antes?

Lo que pocos saben hasta ahora es que los esfuerzos por replicar ese modelo y adaptarlo a las nuevas circunstancias que plantean el proceso de justicia y la lucha estatal contra las bandas emergentes se ha convertido en fuente de perjuicios para los programas de reparación de víctimas.

Mientras los ‘paras’ extraditados buscan negociar en Estados Unidos, el Fondo de Reparación de Víctimas muestra visos de iliquidez. Un informe preparado por Ana María Salinas, de Verdad Abierta, revela que en el fondo figuran 116 actas de entrega directa de 165 bienes ofrecidos por tan solo 1,3% de los desmovilizados de los grupos paramilitares.

“El problema de la iliquidez del Gobierno y sobre todo del Fondo de Reparación –agrega el informe– se pone nuevamente sobre la mesa frente a las primeras sentencias de Justicia y Paz que han ordenado la reparación de cerca de 2.595 víctimas. Esta incapacidad presupuestal se atribuye principalmente a dos problemas: el incumplimiento de los desmovilizados en la entrega de sus bienes y la deficiente administración a la que han sido sometidos los escasos recursos ofrecidos”.

Las cifras sobre la entrega de bienes para la reparación contrastan con las estadísticas de las desmovilizaciones. A diciembre de 2011 se habían desmovilizado 4.643 miembros de los grupos armados ilegales, de los cuales 90% (4.072) correspondían a excombatientes de las autodefensas. No más de 50 de ellos se han mostrado interesados en cumplir con los requisitos de la reparación.

Bruce Mac Master, director del Departamento para la Prosperidad Social, ha dicho que si se tiene en cuenta que existen 3.245 procesos en Justicia y Paz con un potencial de 358.426 víctimas y que el Fondo tiene hasta la fecha solo $116.000 millones para reparar a todas las víctimas, se hace indispensable el respaldo del Presupuesto Nacional.

Según la investigadora Salinas, no obstante contar con el eventual apoyo subsidiario del gobierno, la crisis del Fondo podría justificar una posible reforma a la ley de Justicia y Paz que prohibiría que los paramilitares que van a cumplir su pena alternativa de ocho años salieran libres sin haber reparado a sus víctimas.

El uso de testaferros en algunos de los bienes ofrecidos dificulta y alarga el proceso de recepción por parte del Fondo de Reparación, ya que solo cuando los bienes aparecen jurídicamente a nombre del victimario obtienen una vocación de reparación.



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