Revista Dinero

Álvaro Dávila, Abogado procesado.

| 2/22/2013 7:49:00 AM

Con pinta de engaño

El abogado Alvaro Dávila, ficha clave del carrusel de la contratación, renunció a los bienes de la sociedad conyugal en un posible intento por burlar a la justicia.

El abogado Álvaro Dávila, uno de los implicados en el carrusel de la contratación en Bogotá, se comprometió hace pocos días con la Fiscalía a revelar la manera como concejales de Bogotá sacaron millonarias “tajadas” en negocios del Distrito para la construcción de la malla vial y la prestación del servicio de salud, principalmente.

Su anuncio marcó la antesala de un proceso de colaboración con la justicia al que, sin embargo, le hizo falta una oferta que han hecho varios de los sindicados en el proceso: la entrega de bienes de su patrimonio personal para resarcir los daños causados al erario.

Dávila no podía comprometerse a tanto porque, en teoría, es un hombre insolvente. Ya no dispone del lujoso apartamento por el que desfilaban contratistas, políticos y toda suerte de intermediarios para hacer arreglos para la concesión de contratos. Tampoco son suyos las oficinas y los locales de los que disponía en los principales centros comerciales. Y no es que los haya vendido, sino que se desprendió de ellos al renunciar a todos los bienes adquiridos durante su matrimonio con Rosa Santa Martínez Pavajeau.

El 25 de agosto de 2011, cuando su nombre fue incorporado a los expedientes, Dávila y su esposa se presentaron ante el despacho de la notaria 46 de Bogotá, Helia Luz Altamar Lozano, para disolver la sociedad conyugal dejar consignado en la escritura 966 que él renunciaba a los derechos gananciales; es decir, a la porción de bienes que le corresponderían por valor catastral de $1.748 millones.

De por medio no había despechos, se trataba de una decisión de mutuo acuerdo. Lo curioso es que de ahí en adelante Dávila y Rosa Martínez, casados el 13 de diciembre de 1991 en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Valledupar, siguieron viviendo juntos.

Para el coordinador internacional de Veedores sin Fronteras, Pablo Bustos, experto en detectar este tipo de maniobras, no hay duda de que la disolución de la sociedad conyugal y el “acto de desprendimiento de Dávila” no son más que pantomima o simulación para entorpecer cualquier acción de la justicia.

Este caso no solo sería un fraude eventual a la justicia. Pone además de presente que, pese a que la legislación contra el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos es frondosa y parece abarcarlo todo, las trampas para eludirla campean sin mayor control. Recientemente, la fiscal Gloria María Arias Arboleda se negó a informar si Dávila y otros implicados en el carrusel eran investigados por lavado de activos o figuraban en trámites de extinción de dominio. Aunque repetidamente las cortes han dicho que la información sobre si una persona está siendo o no procesada hace parte de un simple acto de sustanciación y es pública, ella aplicó su propia jurisprudencia.

La fiscal apoyó su negativa en el artículo 15 de la Constitución que dice que todas las personas tienen derecho a la intimidad. La pregunta ahora es si, en casos de corrupción, la intimidad prevalece sobre el interés público.
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