| 6/13/2014 7:00:00 AM

Camino al juicio

El descalabro de Torres Cortés, la comisionista más antigua de la Bolsa Mercantil, tiene a sus directivos ad portas de imputación de cinco delitos, incluido el lavado de activos.

Sin mayor tradición en el sector, en los dos últimos años la compañía Torres Construcciones y Valores S.A.S (Teceval) decidió apostar fuerte en proyectos de vivienda y turismo de lujo. Se metió de lleno, por ejemplo, en la construcción de un condominio en el sector de Pozos Colorados, uno de los más valorizados en los confines de Santa Marta.

Pero la que podía ser una historia empresarial digna de encomio, comenzó a desvirtuarse cuando investigadores de la Policía Económica y Financiera encontraron que los recursos en los que se apalancaba la iniciativa habían sido captados al público a través de la firma comisionista Torres Cortés, una de las decanas de la Bolsa Mecantil de Colombia.

De hecho, los socios de Torres Cortés y de Teceval son los mismos y el aspecto más reprochable de su iniciativa es que los dineros corresponden a varios de los 310 clientes de la comisionista que habían dado mandatos expresos para que sus dineros fueran invertidos en operaciones más afines al objeto social de la comisionista.

Otra parte de los recursos comprometidos, que superan en monto los $50.000 millones, fueron a parar a cooperativas manejadas desde la trastienda por los mismos socios de la firma de valores y por sus ejecutivos de confianza. Findecaribe y Convisión los recibieron a manos llenas para hacer operaciones de crédito y libranza que luego cobraron la forma de autopréstamos.

Los estados contables de Torres Cortés disfrazaron temporalmente la fuga de recursos, pero la Policía Económica consiguió penetrar la cripta de los secretos a partir de una revisión técnica de la cuenta compensada.

Dinero reveló en 2013 una buena parte de las maniobras (ver Efecto dominó, Ed. 418) Las otras fueron detectadas durante el proceso de liquidación por la especialista Martha Cilia Nieto López, agente designada para el efecto por la Superintendencia de Sociedades. La señora Nieto formuló la respectiva denuncia penal el 8 de julio de ese año.

Cinco delitos

Al cabo de la verificación de los hallazgos, se hace inminente la imputación de cargos contra José Leonel Torres Jaramillo, representante legal de firma comisionista; la financiera Diana Delgadillo y al menos cuatro integrantes de su fuerza comercial. Todos ellos deberán responder eventualmente por delitos de captación masiva y habitual de recursos del público, administración desleal, estafa, concierto para delinquir y lavado de activos.

La firma Teceval S.A.S y las cooperativas comprometidas en las operaciones viciadas ya fueron intervenidas. Sobre la marcha, los organismos de vigilancia han tenido que corregir errores como el cometido cuando un expresidente de la Bolsa Mercantil fue designado por la Superintendencia de Sociedades como agente interventor de otra empresa comprometida en la que él mismo tenía interés como socio. Los detalles de este proceso serán conocidos más adelante mientras madura una investigación formal que todavía no concluye.

De esa manera, la tradición de José Leonel Torres Cortés, fundador de la comisionista y decano de la Bolsa Mercantil de Colombia, está a punto de convertirse en la historia que alimenta uno de los más voluminosos expedientes sobre delitos que afectan la confianza del público en el mercado de valores.

Los socios de Torres Cortés buscan atenuar desde ahora los efectos de las sanciones penales. A través de sus abogados les han prometido a los clientes defraudados devoluciones por $4.300 millones. Sin embargo, difiere en mucho del monto total de las acreencias (ver recuadro).

La investigación penal está a cargo de un equipo encabezado por la fiscal Alexandra Ladino, la misma funcionaria que ha estado al frente de la imputación de cargos en el caso de InterBolsa. Por ahora el equipo ha preferido no detenerse en consideraciones sobre las ofertas de la devolución de dinero y está dedicado al afianzamiento de las pruebas con las que sustentará las imputaciones.

Dinero consultó sobre el particular al vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo. “Desde luego somos solidarios con los intereses de las víctimas, pero la Fiscalía no es el organismo habilitado para buscar su reparación. Para nosotros lo prioritario es buscar la sanción de las conductas punibles”, dice el funcionario.

Las previsiones apuntan ahora a que, llevado el caso de Torres Cortés a audiencia, vendrá una cascada de imputaciones contra otras captadoras ilegales .

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Cuentas por cobrar


Las acreencias en este caso están estimadas por la liquidadora en $50.000 millones, de los cuales $34.000 millones fueron objeto de desviación hacia actividades ajenas al objeto social de la comisionista de bolsa, entre ellas, operaciones en el mercado cambiario. Sin embargo, el abogado Víctor Eduardo Muñoz Rosero, representante de 86 de las víctimas dice que están en capacidad de mostrar que los recursos birlados superan los $65.000 millones.

En total 310 personas han presentado reclamaciones. De ellas 231 han sido reconocidas hasta ahora como acreedoras. La Fiscalía ha encontrado que algunas personas, sin título alguno, esperan ser reconocidas como víctimas solo con la intención de enterarse de los pormenores del proceso.

Algunos de los abogados han estado buscando a las víctimas para ofrecerles “arreglos directos”, por tanto la liquidadora como la Fiscalía advierten que ningún acuerdo hecho al margen de los cauces legales tendrá validez ni servirá para mitigar los efectos de las posibles sanciones.

Pese a que varios títulos y documentos relativos a las operaciones desaparecieron de los archivos de la comisionista, la liquidadora ha conseguido reconstruir la mayor parte de ellos a la hora de reconocer oficialmente las acreencias. Eso ha permitido calcular en su justa dimensión los perjuicios causados.
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