Revista Dinero

Jorge Enrique Mesa, presidente de Proviservicios, es un hombre ambicioso que acopla su crecimiento empresarial con su campaña política.

| 6/21/2012 11:00:00 AM

Coctel explosivo

Proviservicios, la firma distribuidora de gas domiciliario que más recursos obtiene del fondo de regalías, es acusada por sus competidores de ser una fuente de financiación política.

Cuando están en juego los recursos del Estado, el gas y la política pueden ser una mezcla explosiva. Pero estos riesgos tienen sin cuidado a Jorge Enrique Mesa Correa, presidente de Proviservicios, la compañía que según sus propias cifras es la de mayor crecimiento en el mercado de la distribución domiciliaria del combustible.

“No solo seré muy pronto el mayor empresario del sector sino que voy a llegar al Senado de la República”, sentencia este ingeniero santandereano que se precia de haber creado en la Universidad Nacional, en los años 60, un movimiento político de resistencia al lado del cura Camilo Torres y de haber acompañado al hoy excongresista Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil en la fundación del Movimiento de Convergencia Ciudadana (hoy PIN) y de empresas cuestionadas, como la EPS Solsalud.

Razones para el optimismo no podrían faltarle. Hace seis años Proviservicios despegaba con un capital de $200 millones y hoy sus activos se acercan a los $50.000 millones. Tiene presencia en ocho departamentos y se alista para incursionar en los mercados de Ecuador, Panamá y República Dominicana. En poco más de un lustro ha cofinanciado sus proyectos en 23 municipios con recursos del Fondo Nacional de Regalías y del Fondo Especial de Cuota de Fomento por $28.000 millones y está a punto de entrar a otros 20, con lo cual recaudaría más de $45.000 millones al cabo de dos años.

Mesa y sus ejecutivos celebran la inminencia de su llegada a la bolsa. Dicen que ya adoptaron un código de buen gobierno, cuentan con una revisoría fiscal internacional y están próximos a llenar los demás requisitos señalados por las Superintendencias Financiera y de Servicios Públicos Domiciliarios.

No todos, sin embargo, son buenos augurios. El Ministerio de Minas Energía tiene en curso una investigación administrativa basada en denuncias de otros operadores del mercado que aseguran que detrás del crecimiento de Proviservicios se esconde una historia de esguinces a la ley y episodios ligados al ‘festín’ de las regalías que la reciente reforma constitucional busca acabar.

En los despachos de la Contralora, el Procurador y el Fiscal se encuentran versiones actualizadas de un dossier preparado por expertos que indicarían que los giros de los recursos de regalías para impulsar los proyectos de la compañía fueron hechos por funcionarios de Planeación Nacional, pese a que la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio advirtió que no era posible cofinanciar con recursos de la Nación proyectos de gas licuado de petróleo, de acuerdo con un mandato de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

El asunto resulta más complejo cuando se revisa la regulación adoptada por el Estado para cumplir la previsión constitucional según la cual los particulares organizados en empresas de servicios públicos domiciliarios pueden prestarlos en condiciones de formalidad y libre competencia. El Código de Distribución, por ejemplo, contempla que, para que un proyecto sea viable, se requiere que los operadores dispongan de planes de inversión, operación y mantenimiento, lo mismo que de procedimientos y equipos para medición y facturación.

Las normas sobre la construcción de sistemas de distribución de gas natural exigen la presencia de la empresa en la zona del proyecto, la negociación de terrenos para obras civiles e, incluso, un proceso de concertación con las comunidades, entre una serie de requisitos que hacen largo el camino que lleva de la presentación de la propuesta hasta la obtención del expediente tarifario.

Metrogas, Gases de Oriente y otras compañías del sector se quejan de que la empresa de Mesa tomó un “atajo” en ese camino y, a punta de acuerdos políticos tejidos muchas veces en los Concejos Municipales, implantó una modalidad que consiste en firmar con las entidades territoriales contratos de consultoría o convenios de asociación y aportes de cooperación, con los cuales amarra los proyectos y cierra los espacios a la libre y leal competencia.

Dinero obtuvo documentos relacionados con ese tipo de convenios en 14 municipios de Antioquia, Caldas y Santander, principales ejes de la operación de Proservicios. Todos ellos comienzan con acuerdos de prefactibilidad y concluyen con la aprobación de los proyectos cofinanciados con recursos de regalías y otros fondos públicos.

Altos funcionarios del Gobierno no comparten, sin embargo, los cuestionamientos e incluso promueven el acceso de Mesa a las esferas de decisión. Eso explicaría por qué tiene acceso expedito a consejos de prosperidad en los que enseña sus proyectos y sus balances al presidente Juan Manuel Santos y cuenta con la presencia del ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, en la inauguración de los más importantes.

En marzo último, al responder un requerimiento de María Eugenia Carreño, procuradora delegada para la Vigilancia de la Función Pública, Amparo García Montaña, directora de Regalías de Planeación Nacional, defendió la legalidad de la asignación de recursos a proyectos cuestionados. La funcionaria dijo que el Acto Legislativo 5, que entró en vigencia en julio de 2011, ordenó la redefinición de reglas para la elegibilidad de los proyectos, que han sido plenamente acatadas por su despacho.
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