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La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue sancionada el 10 de junio por el presidente Santos en presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon.

| 8/5/2011 6:00:00 AM

Cazadores de fortunas

Mediante fundaciones y ONGs de garaje, algunos particulares pretenden convertir los procesos de restitución de tierras a desplazados en un millonario botín. Solo en Urabá hay $100.000 millones en juego.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es considerada por el Gobierno como el mayor logro legislativo de los últimos tiempos. “Si logramos pasar esta ley y cumplirla, en beneficio de todas nuestras víctimas, ¡si sólo hacemos esto!, habrá valido la pena para mí ser Presidente de la República”, exclamó el pasado 10 de junio Juan Manuel Santos, al destacar los alcances de un instrumento que él considera fundamental para que el Estado pueda comenzar a pagar la deuda social causada por la violencia.

Según cifras de su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, más de 400.000 familias desplazadas y desposeídas –quizá el grupo más representativo de los cuatro millones de víctimas del conflicto–, confían en recuperar, a instancias de la Ley, las tierras que les fueron arrebatadas a sangre y fuego. Su cabal cumplimiento le costará al país cerca de $40 billones, según estimativos iniciales del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.

Los primeros pasos en su aplicación parecen firmes. Datos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) indican que hasta el 19 de julio último habían sido intervenidas y devueltas a sus reclamantes (algunos de ellos sus dueños originales) 361.539 hectáreas, con lo cual fue superada en más de 11.000 hectáreas la meta que el Gobierno se había impuesto para el 3 de agosto. De ellas 18.119 corresponden al restablecimiento de derechos a población desplazada.

Sin embargo, los riesgos que se ciernen sobre la empresa social de la restitución de tierras no parecen suficientemente calculados. Ex funcionarios, fundaciones y particulares, que manejarían información privilegiada sobre víctimas y reclamaciones, querrían convertir los procesos en fuente de lucro personal. En regiones críticas como Urabá –meridiano del conflicto por las tierras– comunidades campesinas se declaran víctimas de manipulaciones provenientes de distintos grupos de interés.

En algunas regiones de Santander, Boyacá y del Valle del Cauca han comenzado a surgir oficinas, ONG de garaje y grupos particulares que, a cambio de comisiones de entre 10% y 30% del valor de las tierras, ofrecen agilizar trámites para titulación y restitución y hacer otras gestiones afines que son gratuitas, según la ley. Pero, más grave aún, apelan a documentos de dudosa calidad o apócrifos para presentarse como agentes delegados por el Estado para la ejecución de programas y subsidios inexistentes.

Dinero indagó a fondo en torno a algunos de los episodios más representativos y reconstruyó las historias que muestran los alcances de las amenazas.

La pugna en Urabá

El primer miércoles de junio, la Dirección de Policía Judicial (Dijin) y la Fiscalía en Bogotá recibieron de manos de funcionarios de Incoder un extenso dossier sobre posibles actividades irregulares de las fundaciones Forjando Futuros y la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras, Tierra y Vida, a las que acusaba de haberse apropiado de las bases de datos y de la metodología de trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) para tener un acceso expedito a víctimas y reclamantes de tierras y sacar provecho económico de esa relación.

Según la denuncia, la información fue sustraída por Gerardo Vega, ex coordinador de la CNRR en Antioquia. Los autores del dossier aseguran que Vega habría cruzado el umbral de una puerta giratoria y, al dejar su cargo en la comisión, se fue a liderar esas fundaciones para establecer un negocio que funcionaría así: los abogados de sus fundaciones consiguen poderes de las víctimas y firman contratos que las comprometen a pagarles a las fundaciones entre 10% y 30 % del valor comercial de la tierra recuperada o del dinero que reciban por concepto de la reparación.?Las denuncias fueron respaldadas por Jaime Jaramillo Panesso, miembro de la CNRR. Jaramillo le dijo a Dinero que, en su posible afán de lucro, representantes de las fundaciones habrían falsificado firmas de las víctimas y que Vega, en particular, pudo haber inducido a error al Gobierno para que entregara a campesinos de Urabá, el 25 de septiembre de 2010, títulos de tierras que no estaban saneados y algunas de las cuales pertenecían a particulares. El engaño habría consistido en presentar a los beneficiarios de los títulos como desplazados por la violencia, sin que tuvieran esa calidad.

A su versión se suma una carta enviada el 25 de abril al vicepresidente de la República, Angelino Garzón, por los integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda California, cuyos predios fueron objeto de restitución. Ellos y un grupo de campesinos negaron en la carta haber sido desalojados de allí por los grupos armados.

Como quiera que sea, el pago de comisiones por restitución de tierras podría convertirse en un jugoso negocio. Las fundaciones calculan que podrían trabajar en la “recuperación” de 150.000 hectáreas, según consta en un documento escrito por ellas. Si lo consiguieran, con el cobro de comisiones de participación de 10% se harían dueñas de 15.000 hectáreas. Si el cobro se hiciera en dinero, conseguirían no menos de $90.000 millones.

Gerardo Vega es conocido en círculos de la justicia, la academia y las ONG de derechos humanos como uno de los principales denunciantes de las violaciones y despojos de tierras cometidos por actores armados en Urabá, en asocio con algunos empresarios.

Dinero también habló con él. Para Vega, la verdad es muy distinta porque lo que hay de por medio es un intento de represalia por sus denuncias sobre la existencia de un “Incoder paralelo” en Urabá, en el que ex funcionarios del antiguo Incora y del actual instituto “falsificaron masivamente certificados de tradición y otros documentos catastrales para amparar los intereses de aquellos que les arrebataron las tierras a los campesinos”. Sus denuncias son objeto de una averiguación disciplinaria de la Procuraduría, mientras el Cuerpo Técnico de la Fiscalía busca establecer la posible falsificación de 476 títulos. “El señor Vega siempre habla de centenares de títulos falsos, pero hasta ahora ha entregado dos o tres pruebas de casos aislados que no demuestran por sí solas que un fenómeno así esté ocurriendo”, le dijo a Dinero José Manuel Zabala, jefe de control interno del Incoder.

Precisamente, Vega mencionó como uno de sus principales detractores a Zabala, de quien dijo “busca venganza después de que medios de comunicación mostraron un video en el que aparece reunido con paramilitares y aliados de ellos, que todavía pretenden quedarse con tierras que no les pertenecen”.

Dijo que el cobro de 10% sobre las gestiones realizadas no tiene fines lucrativos. “Se trata de un 5% para el funcionamiento de las fundaciones y de otro tanto para cubrir los gastos de los abogados”, recalcó. Sobre la supuesta sustracción indebida de información privilegiada explicó que, al contrario de lo que afirman los denunciantes, la fundación que él constituyó antes de llegar a la CNRR aportó la información sin la cual la comisión no funcionaría.

La revista Dinero buscó a Zabala para conocer su versión. El funcionario dijo que no es cierto que él se haya reunido con paramilitares. “El video que ustedes me mencionan –explicó– muestra un foro abierto convocado por la Vicepresidencia de la República. Lo que a algunos les molesta es que allí les hayamos pedido a los campesinos que no buscaran intermediarios, ya que este tipo de trámites son gratuitos y no pueden convertirse en negocios privados”.

La fe traicionada

La nueva política de intervención de tierras, que tiene en la Ley de Víctimas uno de sus baluartes más importantes, enfrenta peligros adicionales en otras zonas del país. Algunos particulares sin escrúpulos han creado ONGs de garaje o inventado la existencia de programas estatales que presentan a personas humildes como si estuvieran amparados por el Estado.

El 26 de abril último, la Alcaldía del municipio de Betulia, en Santander, previno al Ministerio de Agricultura sobre la existencia de una posible organización de papel denominada Corporación Visión Social, a través de la cual Gustavo Vega, quien se presenta como coordinador, y Óscar Eduardo Mass Imitola realizan ofertas de compraventa y promesas de adjudicación de parcelas a campesinos al amparo de un programa denominado Tierras para Trabajar.

Los vendedores, atraídos por ofertas supuestamente provenientes del Ministerio, entregaron tierras y los beneficiarios del programa entregaron dinero, sin que hasta el día en que la alarma llegó al Ministerio hubieran cumplido ninguna de sus promesas. En ese momento, los “gestores” del programa presentaban ante quienes reclamaban, copia de un recibo de cartera colectiva por $336 millones y anunciaban que entregarían las tierras cuando el Ministerio entregara 100% de los desembolsos.

La Corporación Visión Social, cuyo nombre fue usado indebidamente, existe pero es una entidad que administra pensiones y cesantías y tiene un nit diferente al reportado por los negociantes de Betulia. Mass, el supuesto comprador de la tierra, se identifica como docente del Centro Colombo-Venezolano de Bucaramanga, pero las directivas de la entidad dicen que no lo conocen.

En la población vallecaucana de Tuluá surgió recientemente una asociación que se denomina Asocajatru, cuyo representante promueve la titulación de tierras y cobra por sus gestiones, propias del Incoder. En Sogamoso, Boyacá, Blanca Isolina Pulido y Lilia Torres manejan una ONG que cobra comisiones de entre 3% y 5% a los interesados en conseguir subsidios por $38 millones supuestamente tramitados ante Incoder, de acuerdo con denuncias que reposan en el mismo instituto.

La ONG de Tuluá abrió recientemente un registro para que desplazados de la región norte del Valle del Cauca canalicen a través de ellas las reclamaciones de tierras. Heriberto Benítez Mafla, un ciudadano que se acercó a la improvisada oficina de la Asociación para preguntar por las condiciones, contó que allí le dijeron que tendría que darle poder a un abogado y negociar con el representante legal de la fundación una “comisión razonable” según el valor de la restitución.

La de Boyacá, por su parte, está dedicada a hacer un censo víctimas de Boyacá y Casanare. Su representante, Blanca Pulido, dijo que trabajan con fines sociales y filantrópicos y que su idea es colaborar con el Incoder para que las restituciones se hagan de manera más expedita. El Incoder dijo que no ha autorizado ni a esa ni a ninguna otra ONG para hacer gestiones a su nombre y desautorizó el cobro de comisiones. ?La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los demás componentes nuevos de la política gubernamental de tierras han comenzado a dibujar el perfil de su rostro social, pero es necesario que el Estado ajuste controles para evitar que los vicios desvirtúen sus objetivos.

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