| 3/2/2012 8:00:00 AM

Casas sobre la roca

Ante la crisis que tiene postrados los programas de vivienda de interés social rural, el Estado genera un nuevo modelo que busca blindarlos contra la corrupción.

“Nuestros campesinos viven como en la época del medioevo”, dice con amargura Alsilver Sierra Mendieta, alcalde de la población boyacense de Tinjacá. La reciente ola invernal dejó al borde de la miseria a cien familias que perdieron sus casas y cultivos y dio al traste con el viejo anhelo de llevar hasta ellas redes de interconexión eléctrica. 

Pero las angustias de los campesinos son anteriores a los embates de la naturaleza. Su sueño de contar con al menos treinta nuevas casas, a expensas de los subsidios reservados por el Gobierno para las viviendas de interés social, se esfumó por varias razones: la Asociación Asoriente, encargada de ejecutarlos, se disolvió antes de concluir su obra; 20% de los dineros destinados quedaron en la nebulosa y los trabajos planeados se convirtieron en simples ampliaciones de casitas ya edificadas en una región con alto riesgo sismológico.

Algo similar ocurrió a más de 1.000 kilómetros de ahí, en la isla de San Andrés, donde el pastor Warren Nelson –predicador de una iglesia bautista– se asoció con la Fundación Fundasol para darle cumplimento al decreto 1811 del 2003 que ordenaba construir viviendas dignas en la zona periférica del sector del North End. Cada solución tenía un tope de 23 salarios mínimos mensuales y los arquitectos tendrían que comprometerse a conservar la tradición vernácula.

Sin embargo, luego del sermón previo a la colocación simbólica de la primera piedra, Nelson y sus asociados desaparecieron sin dejar rastro y se llevaron consigo los recursos de un proyecto que hoy figura en la lista de los siniestros del programa.

Casos como los de Tinjacá y San Andrés se replicaron durante el último lustro en 211 municipios del país, donde los alcaldes escogieron a dedo a los contratistas o aplicaron en beneficio propio aquel viejo adagio que reza “lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta”.

Rodrigo Quimbayo, contralor delegado para el sector agropecuario, y Juan Carlos Ortega, vicepresidente de vivienda del Banco Agrario, coinciden en que la política de vivienda de interés social rural debe ser reinventada para que pueda recuperar el rostro humano con el que fue concebida.

Las bases del nuevo modelo ya están sentadas. “Queremos hacer de la nueva política una analogía digna del pasaje bíblico que nos habla de la casa sobre la roca”, le dice a Dinero uno de los funcionarios que participa en el rediseño. 

El primer paso de la reingeniería consistirá en impedir que los alcaldes conserven la autonomía para escoger a dedo a los contratistas, con lo cual se evita que monten con ellos sus propios cotos de caza para lucrarse de dineros que son públicos. La adjudicación de los proyectos estará ahora a cargo de las organizaciones más representativas de la sociedad civil y tendrá el acompañamiento permanente de interventores técnicos, que vigilarán las obras hasta el fin.

La Sociedad Colombiana de Arquitectos encabezará las 22 gerencias regionales creadas para administrar el nuevo modelo. Tinjacá, San Andrés y regiones de diez departamentos se convertirán en fiscalizadores y garantes del cambio propuesto.

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