El Estado colombiano invertirá $2 billones –algo más de 1,2% del Presupuesto General de la Nación– en su esfuerzo por descongestionar los despachos judiciales. Su primer paso en esa dirección se dio en 2011, cuando de sus arcas salieron $228.000 millones para contratar temporalmente 7.087 funcionarios, de los cuales 1.177 tendrían el rango de magistrados.
Ruth Stella Correa, ministra de Justicia, anuncia un plan estratégico que tendrá como norte lo que ella denomina “virtualización” del que es considerado el principal servicio público. Si prospera la idea, el litigio en los procesos civiles podrá hacerse en línea y las partes no tendrían que comparecer en despachos saturados de expedientes. La figura del expediente virtual también operaría en la justicia contenciosa administrativa en donde se dirimen las contiendas entre el ciudadano y el Estado.
El hacinamiento en cárceles, emparentado definitivamente con la morosidad judicial, será combatido en parte con la construcción de seis mega cárceles que permitirían redistribuir, en condiciones dignas, a los 110.000 presos que registran las estadísticas penitenciarias. Paralelamente, los jueces de ejecución de penas recibirán una exhortación oficial para que resuelvan en el menor tiempo posible más de 30.000 peticiones de detención domiciliaria.
País proclive a las reformas en tiempos de coyuntura crítica, Colombia prepara una nueva reforma judicial que aspira a restañar algunas de las heridas que dejó la estruendosa caída de un acto legislativo cargado de ‘micos’. Siempre en una coyuntura crítica, los gobiernos anuncian una reforma judicial y el actual se muestra dispuesto a mantener esa línea.
Los proyectos lucen ambiciosos, pero el día a día de los jueces de la República parece demostrar que sus enfoques no han sido acertados. Para comprobarlo, reporteros de Dinero acompañaron en jornadas de trabajos a jueces penales y civiles donde todavía no hay evidencia de que la Rama se esté preparando para cumplir un anuncio reciente del presidente Santos, en el sentido de que la Justicia daría el gran salto del siglo XIX –en el que parecen anquilosados sus métodos– al mundo del siglo XXI.
También contrastaron la realidad que viven estos servidores con los centros de Conciliación y Arbitraje, donde sin mayores anuncios ni aspavientos se abre paso un modelo revolucionario en el campo de resolución pacífica de conflictos.