| 1/21/2011 12:00:00 AM

Cadena de fechorías

Dinero revela escandalosas maniobras que comprometen a altos ex directivos de la Fiduprevisora, quienes negociaban a escondidas títulos para el manejo de pensiones del sector público. La operación les dejó más de $3.000 millones.

El informe preparado por la Unidad  de Información y Análisis Financiero (Uiaf) llegó al búnker de la Fiscalía con el rótulo de "confidencial". Sus páginas reflejaban la evolución del crecimiento patrimonial de Luis Alberto Roncancio Granados, que en aquella época -finales de 2007- se desempeñaba como vicepresidente financiero de la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora). Sus movimientos bancarios y los registros de sus bienes mostraban en tan solo un año un incremento que bordeaba el 100%.

El análisis estaba combinado con reportes de informaciones sospechosas (ROS) enviados por entidades financieras, que dieron mérito en principio para la apertura de una indagación preliminar que hoy, más de tres años después, reposa en la fiscalía cuarta de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos.

El velo de la reserva que desde entonces ha cubierto el caso no ha conseguido, sin embargo, ocultar el fenómeno que explicaría el incremento del patrimonio del ejecutivo, de otros de sus colegas y de agentes del mercado financiero que se lucraron con base en maniobras que incluían el "adelgazamiento" -consistente, en general, en comprar y vender títulos sin reportar las verdaderas utilidades de las transacciones- y la especulación con títulos adquiridos por medio de encargos fiduciarios para el manejo de recursos de pensiones del sector público.

Documentos y testimonios obtenidos por Dinero revelan que la veta para los negocios non sanctos era enorme y no estaba bien resguardada. Lo más grave de todo es que se hicieron con recursos de pensiones, lo que enerva su impacto social.

El volumen de los recursos administrados por Fiduprevisora, cuando fueron advertidos los primeros manejos irregulares, era del orden de los $15,7 billones. Con base en ellos, la Dinero reconstruye una historia cuyo capítulo final no ha sido escrito. Si bien el Autorregulador del Mercado Financiero (AMV) notificó recientemente una millonaria sanción a la Fiduciaria, los órganos de control y la justicia penal apenas se aproximan a la fase de las decisiones de un caso que pudo haber generado perjuicios superiores a los $3.000 millones, de acuerdo con un examen de casos que todavía es parcial.

Puerta franca

Al revisar el Log de Auditoría del MEC Plus (Mercado Electrónico Colombiano), plataforma a través de la cual se hicieron las operaciones, se reveló que desde agosto de 2007 y durante casi año y medio, Roncancio y Jorge Enrique Benavides Jiménez, otro alto ejecutivo de la Previsora, manejaron con entera libertad 150 negocios con títulos que tuvieron un denominador común: generaron beneficios exclusivamente a la firma C&L Negocios e Inversiones Ltda.

Los patrones sugieren que en todos los casos el ingreso de la oferta de los títulos previamente adelgazados por parte de C&L fue anterior al registro de la oferta de compra, con el evidente propósito de asegurar la operación en cabeza de la Fiduprevisora.

El AMV encontró que en 64 de esas operaciones habría podido comprar los títulos a mejores tasas, pues sobre ellos habían sido celebradas previamente otras transacciones en condiciones más favorables. La muestra examinada indica en 31 casos que, después de haber sido calzadas las operaciones -en todas las cuales Fiduprevisora compró títulos con sobrecosto-, otros operadores del mercado ingresaron ofertas de venta a la misma tasa o incluso a tasas superiores, pero no tuvieron compradores.

Las operaciones significaron constantes sobrecostos para los fideicomisos administrados por la Fiduciaria, pero aun así no se prendió ninguna alarma interna. Graford Santamaría Valbuena, gerente de riesgos de la entidad, declaró que los mecanismos de control resultaban insuficientes. Explicó que el área a su cargo manejaba tan solo a cuatro funcionarios que se encargaban de evaluar el riesgo de mercado, el riesgo de contraparte, el riesgo operativo y de atender el Sarlaft (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

Con cierto desparpajo, Leonardo Hortúa Herrera, socio de C&L, les habló a los investigadores sobre la vulnerabilidad de las operaciones de la Fiduciaria: "(...) Tengo que decirlo, hay un despelote ahí organizacional en la medida en que los funcionarios que están en la mesa están metidos en chochomil (sic) comités, en chochomil reuniones. Entonces son personas que tienen una desventaja muy grande: llegan a las diez de la mañana o a las once y no pueden tener una lectura del mercado. Entonces yo lo que trato de ver es si logro cañar para que me compren o me vendan".

Llamadas delatoras

Los mecanismos de control se hicieron más frágiles cuando las normas que prohíben el uso en las mesas de negociación de celulares, radioteléfonos o de cualquier medio para la transmisión de mensajes de voz o de datos que no permitan su grabación de registros, fueron convertidas en reinas de burlas.

Los registros de las llamadas telefónicas hechas por los comprometidos durante el lapso en que se produjeron las operaciones investigadas dejan evidencia de 679 comunicaciones entre funcionarios de La Previsora y los representantes de la firma beneficiada con los sobrecostos, en horas que coincidían con aquellas en las que se produjeron las negociaciones.

"Aquello que puede probarse técnicamente es poco, ya que se trata de operaciones con un cierto grado de sofisticación. Pero la experiencia me sugiere que lo que había allí era una cadena de fechorías que se convirtió en fuente de enriquecimiento ilícito para unos pocos", le dijo a Dinero uno de los funcionarios más antiguos de la Fiduprevisora.

La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del AMV, que recientemente impuso las primeras sanciones de multa, reprochó el hecho de que los controles hubiesen sido tan frágiles cuando lo que estaba de por medio era la protección de recursos con vocación social, destinados al pago de pensiones. "Fiduprevisora -reprochó el tribunal- desatendió su deber de diligencia profesional al no ejercer control y mostrarse impávida ante la ocurrencia de conductas irregulares derivadas de múltiples operaciones sostenidas en el tiempo".

Impávidos también se han mostrado funcionarios de la Fiscalía que hasta ahora no han conseguido sacar adelante los procesos penales en un caso que, por los altos réditos que produjo a unos pocos, fue bautizado en los pasillos de los mercados de valores como la "cadena de la felicidad". Los comprometidos han contratado abogados altamente especializados en negocios bursátiles y los investigadores no han logrado comprender del todo los alcances de operaciones que para ellos resultan refinadas.

En vísperas de la pasada Navidad, el procurador delegado para la Economía y la Hacienda Pública, Rafael Guzmán Navarro, un experto en la materia, y su equipo de trabajo examinaron los descargos rendidos por los implicados para proyectar las primeras decisiones. La Procuraduría tiene claro que la modalidad del "adelgazamiento de títulos" es una de las más gravosas para el patrimonio público (ver recuadro). Por ese camino se han perdido durante el último lustro, casi $1,8 billones de los presupuestos de las entidades territoriales, representados principalmente en excedentes de liquidez y recursos de regalías y de transferencias de la Nación.

El "adelgazamiento", junto con el "jineteo" de títulos, que consiste en soportar con recursos públicos la capacidad de crédito de una entidad privada, han permitido crear cadenas de saqueo al erario y hacen parte de modalidades de corrupción que, por su complejidad,  suelen ser una de las que menos llaman atención pero, al mismo tiempo, la que más le cuesta al público.

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