| 4/16/2014 5:00:00 AM

Margin Call

Investigaciones sobre la posible especulación accionaria en la Bolsa Mercantil y la crisis de dos comisionistas encabezan la agenda de la nueva Policía Económica y Financiera.

La entrada en vigor de la reforma estructural a la Fiscalía General de la Nación marcó el punto de partida para las operaciones de la nueva Policía Económica y Financiera (PEF), un cuerpo especializado que surge con la misión de investigar los delitos que afecten la seguridad de los mercados y la confianza de los inversionistas.

El nuevo organismo ya elaboró su primera “orden de batalla”, como llaman coloquialmente sus investigadores a la agenda de trabajo que ya fue elaborada conjuntamente por su directora, Ana Linda Solano, y por la fiscal Alexandra Ladino, cabeza del equipo de acusación en el caso InterBolsa y coordinadora de las operaciones de los cinco nuevos cuerpos de policía judicial que entran a la escena de la investigación criminal en el país.

El primer contingente de la PEF, compuesto por economistas, contadores, auditores e investigadores forenses, entre otros especialistas, recibió ya tres misiones. La primera de ellas será identificar a los responsables de una posible manipulación por liquidez de acciones de la Bolsa Mercantil que se dio por la misma época en que socios de InterBolsa y de Proyectar Valores intentaban tomarse el control de la entidad.

En segundo término, sus pesquisas deberán arrojar luces sobre los manejos que determinaron la caída de la firma comisionista Torres Cortés, intervenida cuando varias de sus operaciones en la misma Bolsa cayeron al precipicio del siniestro. Paralelamente, sus investigadores reconstruirán el mapa de la suspensión de operaciones de la compañía Plus Valores y la suerte corrida por sus clientes.

La PEF encontró en el proceso por la crisis de InterBolsa un laboratorio para identificar las operaciones que en los últimos tiempos han hecho vulnerable el sistema bursátil y para reconocer la lógica, no siempre ortodoxa, con la que algunas firmas comisionistas actúan para especular con los dineros de sus clientes.

“Los conocimientos que se han derivado de la investigación sobre InterBolsa representan para nosotros un inmenso valor agregado y nos permiten confiar plenamente en que la PEF, con nuevos recursos técnicos y personal altamente calificado, conseguirá que los delitos de tipo financiero dejen de ser secretos inexpugnables”, dice el vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, uno de los gestores de la reforma.

El círculo de las conexiones

De hecho, las tres primeras asignaciones guardan relación con la caída de las comisionistas InterBolsa y Proyectar Valores. Cuando fue intervenida por la Superintendencia Financiera, el 13 de febrero de 2013, la firma Torres Cortés –decana de la antigua Bolsa Agropecuaria, hoy Bolsa Mercantil– estaba representada por José Leonel Torres Jaramillo, socio del economista Juan Carlos Ortiz en Proyectar Valores y en la operadora del mercado de libranzas Solución Kapital. Ortiz está actualmente en negociaciones con la Superintendencia de Sociedades y con la Fiscalía para proponer un plan de resarcimiento a las víctimas de InterBolsa y del Fondo Premium.

Adicionalmente, están siendo investigados vínculos entre los socios de Torres Cortés y el italiano Alessandro Corridori, posiblemente aliados en un plan para “tomarse” en 2012 el control de la Bolsa Mercantil. Como lo reveló Dinero en abril de 2013, el desplome de la comisionista decana de la bolsa tuvo un sino trágico con el asesinato, aún no esclarecido, de su joven gerente, Natalia Torres.

La hipótesis sobre la manipulación por la liquidez de las acciones de la Bolsa Mercantil surgió después de que los organismos de vigilancia del mercado analizaron la relaciones entre los inversionistas privados que participaron en el proceso de capitalización de la Bolsa lanzado en 2007 por el entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Entre ellos hay catorce personas relacionadas con los círculos de Ortiz y Corridori.

La misma hipótesis se fortaleció en febrero de 2012, cuando Arnulfo Vanegas Montenegro, director de supervisión del Autorregulador del Mercado de Valores, advirtió en un informe evaluativo que a lo largo de 2011 un conjunto de inversionistas había establecido un círculo cerrado para comprar y vender acciones de la Bolsa Mercantil (BM) para mantener artificialmente su liquidez en la Bolsa de Valores de Colombia.

La tercera pieza de este rompecabezas es la firma Plus Valores, también comisionista de la BM, que a comienzos de año suspendió sus operaciones. Sus clientes lo supieron a través de un escueto comunicado de la Bolsa que no entró en detalles. Según le dijo a Dinero la fiscal Alexandra Ladino, los detalles que todavía no son públicos son precisamente el objeto de investigación de la nueva Policía Económica y Financiera.

La señal que transmite la reforma es clara. La idea es no dejar que los delitos que afectan la confianza del público inversionista queden impunes. Y la única manera de lograrlo es dotando al Estado de recurso técnicos y confiables para que, como suele ocurrir hasta hora, las grandes investigaciones no dependan de testigos interesados, ante la ausencia de pruebas sólidas.

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La zarina de las policías

El fiscal general, Eduardo Montealegre, y el vicefiscal Jorge Perdomo acordaron darle a la fiscal Alexandra Ladino la responsabilidad de dirigir la articulación de los cinco nuevos cuerpos de Policía Judicial. Además de la PEF, figuran policías especializadas en la investigación de grupos de delincuencia organizada, violación de derechos humanos, acciones de extinción del derecho de dominio y delitos cometidos por funcionarios con fueros constitucionales y legales.

La exaltación de la fiscal Ladino al cargo fue producto de los resultados obtenidos en la investigación del caso InterBolsa, en el que ya fueron imputados de cargos 26 personas, entre los que figuran las cabezas de la holding y los ejecutivos más importante de su fuerza comercial.

La misma fiscal ha orientado los procesos que han conducido a la captura, con fines de extradición a Estados Unidos, de siete corredores de bolsa que serán eventualmente juzgados por el delito de lavado de activos.

Simultáneamente, con su rol al frente de las policías judiciales la fiscal hará las imputaciones de cargos por la quiebra del Fondo Premium.
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