| 5/16/2014 9:00:00 AM

Examen reprobado

Becarios desamparados en el exterior y universidades que funcionan sin Dios ni ley son lunares que no se borran con el aumento del presupuesto para la educación.

La educación es, después del de defensa, el sector que mayores recursos recibe del Presupuesto General de la Nación. El erario le reservó para 2014 un total de $27,8 billones, de los cuales más de 90% ($25,08 billones) están destinados a gastos de funcionamiento y apenas un poco más de $2 billones a la inversión.

La eficiencia en el manejo de sus recursos podría dar lugar a un debate tan intenso como el desatado recientemente por la pobre calificación obtenida por el país en las pruebas Pisa. Hay quienes creen que con nuevos poderosos aliados dentro de la estructura estatal, su calidad y eficiencia deben ser medidas con raseros distintos a los usados cuando la educación estaba relegada a los últimos lugares en el orden de prioridades del país.

Ahora el desarrollo de la ciencia, la investigación y la tecnología no son responsabilidad exclusivamente suya. Colciencias, por ejemplo, se convirtió en un Departamento Administrativo que se ha ido fortaleciendo para llenar los vacíos históricos que los sistemas clásicos de educación no fueron capaces de cubrir. La más reciente reforma a las regalías abrió nuevas fuentes de recursos para financiar la investigación que pueden llegar a ser muy importantes en un país con amplia vocación extractiva de sus recursos naturales.

Por eso, cada día tiene menos justificación que varias universidades, que han sacado el mayor partido al artículo 91 de la Constitución, donde se consagra su autonomía, estén envueltas en crisis y escándalos por el manejo de los recursos que en buena medida les provee el Estado. Tampoco, que desde comienzos del año el más selecto grupo de becarios colombianos de doctorado no hayan recibido el dinero que les prometió el Estado para sus gastos de matrícula, sostenimiento, seguros médicos y elaboración de las tesis de grado, para el caso de los más avanzados.

En el escenario de la crisis hay de todo un poco. Una universidad que consiguió “inmunidad” para manejar libremente sus recursos en el exterior, y otra en la que las pugnas por el poder en el manejo del presupuesto degeneró en acciones criminales. Dinero hizo un recorrido por ese escenario y seleccionó algunos de los casos más relevantes.

Becarios, a la buena de Dios


A comienzos de abril, al cabo de tres meses de espera, 110 beneficiarios del Programa Crédito Beca Francisco José de Caldas, de Colciencias, tenían razones para estar angustiados. Hasta entonces no habían recibido en sus cuentas un solo peso para sus gastos de estudio y sostenimiento y veían cómo sus problemas comenzaban a copar el tiempo de sus obligaciones académicas.

El 8 de mayo, siete de ellos, estudiantes de doctorado en el Reunido Unido, España y Estados Unidos, decidieron tomar el toro por los cuernos y le escribieron al presidente del Icetex, Fernando Rodríguez Carrizosa. Le presentaron un cronograma de incumplimientos y le expusieron que el 29 de enero, Laspau –un operador internacional de programas profesionales y académicos– envió la informacvión para que se hicieran los desembolsos respectivos dentro de los 30 días hábiles siguientes. El plazo expiró el 17 de marzo y en lugar de los recursos llegaron las excusas: un error de tipo administrativo obligaba a ampliarlo, con el aval de Colciencias, hasta el 6 de mayo.

“Los aquí firmantes –se leía en la carta– notamos que ni Colciencias ni Icetex habían verificado el estado de las solicitudes de fondos que comprometen nuestro bienestar e integridad personal, a pesar de haberlos registrado como ‘abono en firme’. Por el contrario, hemos recibido información confusa que no permite tener conocimiento del estado de nuestros desembolsos”.

Paula Marcela Arias, directora de Colciencias, reconvino por esos mismos días al presidente del Icetex por el hecho de que, después de tres reuniones, no habían sido corregidas las fallas imputadas a funcionarios subalternos que explicaban pero no justificaban la demora que comenzaba a poner en peligro el futuro de las becas y de sus beneficiarios. La funcionaria también le escribió a uno de los estudiantes en el exterior: “Quisiera –le manifestó en una comunicación informal– poder decirle que hoy tenemos el problema resuelto pero no es así. Seguimos presionando, hacemos seguimiento a Icetex con llamadas diarias y reuniones semanales. Incluso acabo de enviar una carta exigiéndole al presidente de Icetex que cumpla nuestros acuerdos y ordene los giros de inmediato”.

¿Qué ha pasado con el dinero? El vicepresidente del Icetex, Wilson Pineda, le explicó a Dinero que la dilación de los pagos no guarda relación alguna con una supuesta negligencia sino que es consecuencia de cambios en los aplicativos utilizados para mejorar los procesos. También las relacionó con errores en la información suministrada por el operador Laspau. Dijo que el Instituto ha sido diligente en la medida en que ha recibido la información oportunamente y aportó cifras según las cuales en lo corrido del año gestionó giros al exterior solicitados por Colciencias por cerca de $7.000 millones y giros dentro del país por más de $4.000 millones.  

Con fuero e inmunidad

El Ministerio de Educación realizó durante los primeros cuatro meses del año visitas de inspección y vigilancia a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) para llegar a una conclusión que hoy sorprende a los propios órganos de control: los funcionarios de la sede de ese centro de estudios superiores en Florida, Estados Unidos, no son servidores públicos y sus actuaciones solo pueden ser vigiladas por las autoridades de ese estado y no por autoridad colombiana.

La ministra María Fernanda Campo comisionó a Juan Guillermo Plata, subdirector de Inspección y Vigilancia, para responder las inquietudes planteadas en un derecho de petición que esta revista le formuló el 9 de abril. A juzgar por los términos de las respuestas, la Ministra, que hace parte del Consejo Superior de la Universidad, no tenía clara la naturaleza jurídica de la sede transfronteriza de la Unad y tuvo que integrar una comisión a juicio de la cual, si bien la Unad es una entidad colombiana de derecho público, para fines administrativos, académicos y financieros se rige por normas estadounidenses.

Según funcionarios de la Procuraduría, la entidad adelanta una indagación sobre el tema, de prosperar esa tesis, funcionarios nombrados desde Bogotá quedarían exentos de su control disciplinario por el hecho de trabajar en el exterior. Así, el Estado no podría sancionar a la directora de la institución en la Florida, Magdalena Pinzón, contra quien hay quejas sobre manejos irregulares.

Dinero constató que la funcionaria “acreditó” al posesionarse del cargo unos requisitos que no cumple. Uno de ellos es un título de magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. La universidad certificó que la señora Pinzón cursó materias pero nunca presentó exámenes de rigor ni tesis de grado. También hay dudas sobre la autenticidad de constancias laborales y documentos con los que la señora Pinzón buscó inicialmente, a su llegada a Estados Unidos, su estatus de asilada política.

***

Males heredados

Ramsés Vargas Lamadrid, rector de la Universidad Autónoma del Caribe, dice que le ha tocado echar mano de su experiencia reciente como asesor de Naciones Unidas en casos tan complejos como los conflictos en Irak y Afganistán para resolver los problemas heredados de su antecesora, Silvia Gette, actualmente en prisión.

“Y es que aquí –se duele– hubo daños en todos los escenarios y la solución ha sido aplicar respuestas para países devastados. Además de los crímenes que investiga la justicia competente, hubo tercerizaciones onerosas, autopréstamos, contratos con empresas de funcionarios de la Universidad y hasta concesiones a sus propia familias”.

Observa que igual que un país que se recupera de un conflicto, recuperar una institución que fue avasallada por actos indecentes, indecorosos y deshonestos, ha demandado intensas horas de trabajo. Recuperar la gobernabilidad académica no ha sido fácil y ha supuesto el apoyo de autoridades que en el pasado reciente hicieron mutis por el foro y no parecieron haberse percatado a tiempo de lo que ocurría.

El Ministerio de Educación tiene en marcha allí una investigación administrativa para evaluar los daños que comprometieron la estabilidad institucional de la Universidad, al tiempo que evalúa también quejas sobre politización y presunto manejo irregular de recursos en la Universidad de Medellín, Cooperativa de Colombia y Distrital de Bogotá.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?