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Orlando Cabrales, Presidente Reficar. El perfil y la proyección de la Refinería de Cartagena ha cambiado desde el retiro de Glencore. Los costos necesariamente se han modificado.

| 9/27/2012 5:30:00 AM

Así no se puede

Chicago Bridge & Iron, una firma de ingeniería que jamás ha construido o administrado una refinería, es la responsable de las obras de la Reficar. Con razón el atraso.

En mayo de 2009, cuando auditores de la Contraloría General llegaron por primera vez a las instalaciones de la Refinería de Cartagena (Reficar), se vivía una coyuntura muy especial. Ecopetrol negociaba con Glencore las acciones que la multinacional tenía en la Refinería y que equivalían a 51% de la propiedad del complejo.

Después de evaluar los signos vitales de la Refinería, los auditores encontraron que no era cierto –como lo anunciaban los comunicados oficiales– que Glencore estuviera dejando como herencia a los compradores un gigante saludable. Su termómetro detectó un estado febril en la contratación, donde la compañía estadounidense Chicago Bridge & Iron Company (CBI) imponía su ley y obtenía sus mayores réditos.

Pese a su tradición centenaria, la CBI no había construido ni administrado nunca una refinería y su experiencia, en el caso de América Latina, se limitaba a la edificación del patio de almacenamiento de gases de la refinería de Amuay en Venezuela –la misma que colapsó trágicamente el pasado 27 de agosto– y de plantas de gases licuados en Chile y Perú. Con todo, se había hecho en Cartagena al contrato 166000-PSA-973001007, de cuantía indeterminada, para encargarse de la ingeniería, procura y administración del proyecto de ampliación y modernización de Reficar.

Cuando el entonces contralor delegado para el sector de Minas, Octavio Rafael García Guerrero, advirtió a Felipe Castilla Canales, presidente encargado de Reficar, del riesgo que se corría, la empresa le había pagado a CBI más de US$113,31 millones por ejecución del contrato pese al rezago que se evidenciaba. ?El equipo enviado por Julio César Turbay Quintero, contralor de la época, dejó constancia escrita de lo que ocurría con el contrato: “Se evidencia –escribieron los auditores– gestión antieconómica por cuanto Reficar S.A. en su estructura organizacional cuenta con vicepresidencias administrativas y financieras que bien podrían encargarse de las actividades encomendadas a CBI (…)”.

Glencore y CBI habían subcontratado sin límite de cuantía. Varios de los contratos estaban en inglés y nunca fueron traducidos lo que, según los emisarios del organismo de control, afectó la transparencia debida. El servicio de vigilancia de las oficinas de CBI fue contratado, también sin cuantía definida, con Vimarco, empresa de propiedad de la familia del entonces gobernador de Bolívar Joaco Berrío, destituido tiempo después por la Procuraduría por líos de contratación.

Cuando Ecopetrol recibió la “herencia” de Glencore se encontró con hechos cumplidos y con contratos jurídicamente amarrados que no se podían deshacer fácilmente, a riesgo de que su caducidad resultara más gravosa que su cuantía.

Por todo eso, en círculos del alto gobierno fueron calificadas como injustas las acusaciones que, en medio de una rabieta previa a su despedida del Ministerio de Hacienda, le lanzó Juan Carlos Echeverry al actual presidente de Reficar, Orlando Cabrales, al achacarle la responsabilidad de sobrecostos por US$1.500 millones.

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