| 3/30/2011 12:00:00 AM

Alerta roja

Dinero identificó los cinco mayores peligros que se esconden detrás de la financiación de las campañas para las próximas elecciones de octubre.

El Estado destinará $188.000 millones para atender los gastos de las elecciones territoriales de octubre próximo. La cifra parece insuficiente para algunos observadores, que la consideran deficitaria en unos $60.000 millones. Sus cálculos pretenden abarcar todo el aparato logístico requerido para un proceso que convocará -estimado el efecto de la última reforma política- a cerca de 75.000 candidatos a Gobernaciones, Alcaldías, Concejos y Asambleas.

El ejercicio de calcular costos no ha sido sencillo. "Tuvimos que presupuestar en febrero de 2010, con veinte meses de anticipación, en medio de un ambiente de ciclotimia electoral, en el que las reformas legales hacen que lo que es cierto hoy ya no lo sea mañana", advierte el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez.

En cada una de las 88.600 mesas de votación serán atendidos, en promedio, 450 votantes, cien más que en los comicios pasados. El tarjetón, que incluirá un juego de colores para facilitar la identificación de los candidatos, será diez centímetros más largo y 15.000 personas se sumarán provisionalmente a la nómina de la organización electoral. Los costos de la reposición por número de votos se incrementarán a tono con la inflación.

Sin contar recursos tan importantes como la movilización de fuerza pública para resguardar la seguridad, hay varios factores nuevos que aumentan los costos de estos comicios. A pesar de eso, las posibilidades de incremento presupuestal son mínimas.

Pero, pese a la estrechez financiera del Estado, alrededor de las elecciones se moverán recursos multimillonarios que generan no pocos peligros para el elector y para la democracia. Carteles de contratistas que aprovechan la ocasión para convertir la financiación de las campañas en una rentable inversión a futuro y multinacionales con intereses en proyectos específicos, son dos los principales factores de riesgo, pero no los únicos. Los $8 billones destinados para atención del desastre invernal son vistos por algunos actores regionales como una oportunidad para aumentar sus caudales electorales. Todo ello, sumado a la falta de oportunidad y transparencia en los reportes de los gastos de campaña, podría conspirar contra los intereses de ciudadanos que aspiran a elegir libremente a sus gobernantes.

En este contexto, Dinero identificó los cinco pecados capitales en la financiación de las campañas.

1. La influencia foránea
La alerta temprana fue generada por la Misión de Observación Electoral, dirigida por la especialista Alejandra Barrios. La organización previno al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, sobre el posible interés de empresas multinacionales en financiar candidatos en cinco regiones en las que están en ejecución o en ciernes megaproyectos petroleros, mineros y agroindustriales.

El área de riesgo comprende las poblaciones santandereanas de California, Vetas, Betulia, Lebrija y Girón, donde empresarios canadienses y brasileros buscan explotar yacimientos de oro. Se extiende a un corredor integrado por los municipios de Puerto López, Cumaribo y El Viento, en Vichada y Meta, cunas de explotación petrolera y consolidación de proyectos para la producción de biocombustibles, y abarca a Concordia (Meta) y San José del Guaviare, donde hay perforaciones de pozos petroleros y proyectos agroindustriales asociados a la caña de azúcar.

"A algunas de las empresas que buscan atesorar estos proyectos les conviene que las autoridades de sus zonas de influencia sean dóciles", le dijo a Dinero Elizabeth Martínez, coordinadora de la Misión en el sector minero de Santander. A su testimonio se suman las voces de pobladores que aseguran que las compañías foráneas utilizan sus programas sociales a favor de mujeres cabeza de familia y de microempresas campesinas para hacer reuniones a las que invitan a algunos aspirantes a alcaldías, como muestra subliminal de su respaldo.

La reforma constitucional de 2009 hizo expresa la prohibición de patrocinar con capitales foráneos partidos y contiendas proselitistas. "Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de ciudadanos recibir financiación para campañas electorales de personas naturales o jurídicas extranjeras", dice la norma. Su alcance no es estrictamente nuevo. El Código Nacional de Policía, vigente desde 1970, incluye en su artículo 172 un listado de derechos políticos vedados a los extranjeros, entre los cuales está el de "hacer contribuciones de dinero para el sostenimiento de los partidos políticos o para favorecer campañas políticas de cualquier candidato por elegir para la Presidencia de la República o para las corporaciones públicas que se forman por el voto del pueblo".

Sin embargo, la prohibición no parece haber tenido mayor peso hasta ahora en las elecciones territoriales. Dinero hizo una revisión de los reportes de contribuciones financieras presentadas por los candidatos que participaron en las elecciones de 2007 y encontró, por ejemplo, que la poderosa constructora brasilera Camargo Correa aportó dineros a campañas en el noroccidente del país, donde el complejo hidroeléctrico Porce III constituye el centro de su influencia.

La multinacional, con inversiones en 20 países, ha tenido que hacer un gran esfuerzo por mantener incólume su buena reputación, ya que en 2009 algunos de sus ejecutivos fueron detenidos en Sao Paulo bajo el cargo de financiación ilegal de campañas políticas y lavado de activos manejados a través de cuentas de políticos en paraísos fiscales. En Perú, país que elegirá nuevo Presidente el próximo 10 de abril, algunas fuerzas políticas le están pidiendo a Alejandro Toledo, el candidato que encabeza las encuestas, que devuelva los aportes hechos por esta compañía.

Representantes de la firma en Medellín, que explicaron que aún no pueden hacer pronunciamientos oficiales sin autorización de la sede central, comentaron de manera preliminar que los donativos hechos a algunas campañas en 2007 son apenas simbólicos y no tuvieron interés distinto a apoyar un proceso democrático en un país que ha ofrecido estabilidad y garantías a sus inversiones. "Aquí, la empresa funciona fundamentalmente con recursos colombianos, tiene autonomía jurídica y no puede ser vista en ningún caso como un extranjero con propósitos ocultos. Además, la prohibición legal no era expresa en ese momento", dijo uno de ellos.

2. Contratistas, los mejores postores
"Los contratistas constituyen el partido más influyente de la política colombiana". La frase fue pronunciada por el Ministro del Interior durante la discusión del proyecto de Estatuto Anticorrupción que inicialmente buscaba prohibir de plano aportes de aquellos a las gestas proselitistas. El 23 de marzo, durante el primer ciclo de foros Por una Colombia bien gobernada, organizado por revista Semana, la Registraduría y la Escuela Superior de Administración Pública, el procurador Alejandro Ordoñez y la contralora Sandra Morelli coincidieron en que algunos grupos de interés que se mueven en el mercado de los negocios públicos pretenden la 'captura del Estado'.

Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, considera que un mecanismo fundamental para reducir riesgos es que los medios informativos y la comunidad puedan saber en tiempo real quién financia las campañas en Colombia. "Esa información -recalca- no es patrimonio de los Partidos y tampoco del sector privado, que también es cooptador del Estado". El ex congresista Gustavo Petro considera que se debe ir mucho más allá y obligar a las empresas que hacen esos aportes a actuar sin velo corporativo y a revelar quiénes son sus socios. "Esa es la manera -dice- de descorrer también el velo que hoy cubre a una auténtica mafia.

Transparencia por Colombia donó recientemente al Consejo Nacional Electoral un aplicativo de software que permitirá hacer un monitoreo expedito de las cuentas. Juan Pablo Cepero, presidente del Consejo, promete darle un uso adecuado, pero confía en que la legislación ofrezca instrumentos menos limitados que los que hoy existen. Para él es claro que, a despecho del principio de la buena fe, numerosos candidatos maquillan sus cuentas y ninguno de ellos reporta movimientos que desborden los topes legales. "Nadie va a ser tan tonto para decir que recibió dineros de 'Macaco' o de 'Tirofijo'".

Pese a los escándalos que han rodeado a su administración, no existe evidencia documental de que los llamados zares de la contratación en Bogotá hayan participado en la financiación del alcalde de la ciudad, Samuel Moreno Rojas. En las cuentas registradas ante el Consejo Electoral, se lee que el total de sus ingresos fue de $1.421 millones, de los cuales $750 millones provinieron de créditos del sector financiero; $65,2 millones de créditos de particulares y $117 millones de ayudas en especie. Lo demás fue financiado con recursos propios. Las hojas correspondientes a aportes o donaciones en dinero están en blanco y atravesadas por líneas diagonales, como muestra de que no se produjeron.

Aun así, por cuenta de los escándalos que ya están determinando acciones judiciales de fondo, Bogotá fue incluida dentro de la lista de los 300 municipios más expuestos a injerencia ilegal de los contratistas. La lista hace parte de un mapa de riesgos preparado por el Ministerio del Interior y la Corporación Nuevo Arco Iris.

En contraste, el actual alcalde de Medellín, Alonso Salazar, reportó una lista de 45 contribuyentes, entre los que figuran reconocidas empresas contratistas. Los aportes a su campaña ascendieron a algo más de $717 millones, donados, entre otros, por las firmas Ingenieros y Arquitectos Asociados AIA, Gisaico, Conconcreto S.A., Cálculo y Construcciones E.U. y Constructores Asociados C.A.S.A. La diferencia, en su caso, respecto a lo que ocurre en otras partes del país, es que ninguno de los contratistas ha sido acusado de incumplimientos o de apelar a la socorrida fórmula de la ruptura del equilibrio económico para adicionar los valores de los contratos.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, relacionó 48 aportes por la suma total de $301 millones, hechos en su gran mayoría por personas naturales. El mayor de ellos ($50,7 millones) fue hecho por John Robert Hernández, consultor contratista de programas oficiales y del sistema de transporte integrado Mío. De acuerdo con el anexo 5.2 A de su contabilidad, de la lista hacen parte también tres personas que han sido miembros de su gabinete: Argemiro Cortés, secretario de Cultura; José Efraín Sierra, director del organismo de control ambiental Dagma, y Fabio Cardozo, secretario de Tránsito. Cortés y Cardozo se están preparando para inscribirse en la lista de candidatos para suceder al Alcalde.

Empresas operadoras de juegos de apuestas permanentes, estigmatizadas en el pasado reciente por posibles nexos con grupos irregulares, figuraron en 2007 entre los aportantes a campañas en Bolívar, Magdalena y Cesar. Otras, cuyos directivos no han tenido requerimientos judiciales, lo hicieron en Antioquia.

Si el Estatuto Anticorrupción es aprobado en el Congreso como está concebido en su trámite actual, entrará en vigor una norma según la cual solo las empresas contratistas que deriven más del 50% de sus recursos de negocios con el Estado quedarán impedidas para hacer aportes a las campañas. Propuestas para que el Estado asuma por completo la financiación de las campañas no han prosperado.

3. El 'lubricante' de los subsidios?
Otro riesgo relacionado con la financiación, considerado el principal factor distorsionante de la actividad política, es el manejo de los recursos -incluidos amplios paquetes de subsidios- destinados por el Gobierno para la atención del desastre generado por el invierno. Su monto total supera los $8 billones, cifra comparable a las utilidades históricas reportadas por Ecopetrol.

Según la Misión de Observación Electoral, es preciso hacer un seguimiento a la actividad preelectoral en las zonas de desastre con el objetivo de que los contratos para las obras de reconstrucción no se pongan al servicio del mercado clientelista de los votantes. También, vigilar de cerca, por la misma razón, el flujo de las ayudas humanitarias para las poblaciones afectadas por las lluvias y por el desbordamiento del Canal del Dique.

La Justicia y los organismos de control registran 268 quejas y denuncias por posibles desviaciones hacia la contienda electoral de recursos que se suponían destinados a las víctimas. La mayoría de los casos se ha presentado en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena. En Soplaviento (Bolívar), por ejemplo, damnificados justificaron una reciente asonada con el hecho de que, según ellos, las autoridades locales estaban concentrando la distribución de mercados en organizaciones de reciente creación manejadas por precandidatos.

"Los damnificados -le dijo a Dinero Sandra Ursola, una socióloga que hace parte de un grupo de investigación del problema- deben ser considerados como un 'mercado cautivo' por barones electorales y por los grupos políticos regionales que ya no cuentan con el respaldo armado que tuvieron antes. Su número es de 2,3 millones de personas y supera incluso el de los desplazados por la violencia. Por eso hay que restringir esquemas de descentralización y dejar el manejo de los recursos en manos de funcionarios y organizaciones libres de dudas y reparos".

4. Fuentes de lavado
Un cuarto riesgo es el de la posible injerencia en los gastos de campañas de organizaciones ligadas al lavado de activos. No en vano, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) acordó con el Consejo Electoral el establecimiento de un flujo de información sobre el trasiego de recursos económicos hacia las campañas. El director de la Policía, general Óscar Naranjo, ha ordenado a sus servicios de inteligencia que les sigan la pista a recursos movidos por enlaces en Colombia de los carteles de la mafia en México.

Para evaluar el nivel de riesgo que se corre en este campo, Juan Fernando Londoño, consultor político y asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), retoma cifras presentadas recientemente durante un debate parlamentario. El monto de los recursos movidos por el narcotráfico durante el último año ha sido de US$13.800 millones, mientras los recursos invertidos por el Estado para combatirlos llega apenas a 4% de esa suma: US$500 millones.

En el mapa de riesgos preparado por el Ministerio del Interior y la Corporación Nuevo Arco Iris una de las variables fundamentales es la ubicación de los municipios respecto a las cadenas de narcotráfico, aparejada a fenómenos tales como el testaferrato y el lavado de activos. "Puntos críticos son también aquellas localidades en las que han residido y disfrutado sus fortunas los narcotraficantes", dice Aurelio Iragorri, viceministro del Interior. Allí se concentrará con especial celo la vigilancia estatal.

De la mano con el lavado, hay otro factor de peligro advertido por el procurador Alejandro Ordóñez. La explotación ilegal de recursos mineros en 400 municipios se ha convertido en fuente presupuestaria adicional de grupos ilegales.

5. Costos excluyentes
Los topes de gastos establecidos por la organización electoral para las campañas son relativamente bajos. Para los municipios cuyo censo electoral sea inferior a 25.000 personas, un candidato a Alcalde no podrá -al menos en teoría- gastar más de $58 millones. En ese rango se ubican más de 60% de las entidades territoriales. De hecho, los recursos no son inalcanzables ni para multinacionales ni para contratistas y tampoco para actores ilegales interesados en hipotecar la voluntad de los aspirantes.

Donde sí parece abrirse un amplio campo de exclusión, especialmente para aquellos candidatos sin ascendiente político tradicional, es en los costos de las pólizas exigidas como garantía de seriedad de las candidaturas. Los incrementos en su valor respecto a los últimos comicios han sido de hasta 1.900%. Los candidatos de municipios con menos de 10.000 habitantes deberán constituir pólizas equivalentes a 200 salarios mínimos mensuales (unos $107 millones). La suma deberá ser depositada en una cuenta, simultáneamente con la inscripción, o estar representada en una garantía real. El valor de compra de la póliza constituirá un gasto adicional (ver gráfico).

Varios aspirantes se declaran excluidos de antemano y se sienten discriminados respecto a quienes están apadrinados por caciques electorales. "La situación que se nos plantea es que nos hipotequemos en grados indecibles o nos vendamos a un buen postor. Eso no puede ser posible", dice Alba Marina Mafla, quien buscará un asiento en una corporación pública en el Valle del Cauca.

El Consejo Electoral no lo ve de esa manera. Según su presidente, la póliza garantiza que el ejercicio político no sea una expresión de oportunismo. "Conozco el caso de una persona que perdió su casa por aventurarse en una campaña, pese a que sabía que no contaba con mayor respaldo", dice el magistrado Juan Pablo Cepero. Sin embargo, varias organizaciones sociales esperan pedirle una explicación más amplia a instancias de audiencias públicas.

El valor de las pólizas y los incrementos de los costos de publicidad en los medios electrónicos de mayor masividad son dos de los factores que les dan la razón a quienes dicen que es necesario abaratar los costos de las políticas y subir únicamente el rasero de las exigencias legales y éticas.

En medio de este panorama de riesgos, el proceso electoral de octubre podría ser un campo minado. Reducir sus peligros dependerá no solo del Estado sino del ciudadano que, en últimas, es quien elige por quién votar.

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