| 5/30/2014 6:20:00 AM

Contra las cuerdas

Acusados por la Fiscalía de cometer el delito de fraude procesal, tres altos ejecutivos del sector financiero están ad portas de ser juzgados. Cerca de $40.000 millones en juego.

En la tarde del pasado 8 de mayo, el sosiego de tres poderosos hombres –ligados al mundo de la banca y las finanzas– empezó a transformarse en preocupación. Y todo porque ese día, durante una prolongada diligencia, Nelcy Rodríguez, fiscal delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá, los acusó de haber cometido un delito de hondo calado.

Sin vacilaciones, la investigadora pronunció aquella tarde los nombres de quienes –a la expectativa– permanecían sentados en el banquillo de los acusados: “(la Fiscalía) formula acusación en contra de los señores Pedro Nel Ospina, José Alberto Santana, Fernán Bejarano y Mauricio Rodríguez Agudelo a quienes endilgó el cargo de fraude procesal, los tres primeros como coautores, el último como cómplice”.

El asunto, hasta hoy manejado con el mayor sigilo, es producto de un millonario enfrentamiento entre Jorge Londoño, empresario constructor, y quienes hasta 2008 conformaron la plana mayor de Corficolombiana: Ospina, en calidad de presidente; Bejarano, de vicepresidente, y Santana, de representante legal de Concecol (sociedad 99% de propiedad de Corficolombiana).

Pero, ¿de qué se trata la contienda y cuánto dinero está en juego? Tal y como puede leerse en la acusación de la Fiscalía y en un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, todo se resume en el hecho de que los banqueros habrían obligado a Londoño a liquidar una de sus empresas más valiosas mediante “maniobras fraudulentas”.

En materia civil, Londoño reclama cerca de $40.000 millones por los perjuicios generados. En lo relacionado con lo penal, tanto Ospina, Bejarano y Santana –este último actual gerente general del Banco de Bogotá en Panamá– están ad portas de ser juzgados.

A tal punto de ebullición ha llegado la pugna entre unos y otros que nombres como el de los abogados Jaime Lombana y el del exvicefiscal Francisco José Sintura ya aparecen en el listado de defensores de los incriminados.

En conversación con esta Revista, Ospina dijo que en el juicio demostrará su inocencia y cómo “un conflicto de naturaleza contractual se ha llevado inexplicablemente a la justicia penal. (...) Los denunciantes pretenden que la Corporación les pague unas sumas inalcanzables a las que no tienen derecho”.

Pese a estar convencidos de su inocencia, los acusados aún aguardan para saber si los jueces encargados del caso acogen o no la tesis de la Fiscalía, según la cual su responsabilidad es inocultable. De imponerse los argumentos del ente acusador, Ospina, Bejarano y Santana podrían enfrentarse a una privación de la libertad de hasta 12 años, una sanción pecuniaria de entre 200 y 1.000 salarios mínimos legales vigentes y a una inhabilidad que podría llegar a ocho años para ejercer cargos públicos.

Por lo pronto, mientras de boca de la justicia sale la última palabra, Dinero reconstruye esta historia que parece sacada del más intrigante guion detectivesco.

Génesis de una pugna

El problema se originó en 1996. Ese año las constructoras Owen Londoño y Cía. e Inversiones Selopa S.A. decidieron construir una ciudadela de 3.000 viviendas de interés social en Fontibón.

Para echar a andar el plan las dos constructoras pidieron un préstamo por $3.108 millones a Progreso Corporación Financiera S.A., hoy de propiedad de Corficolombiana. El plazo para cumplir con las obligaciones se fijó a cinco años que, no obstante, tuvieron que ser prorrogados por cuenta de la parálisis que azotó al mercado inmobiliario a finales de los 90.

Años después, en 2003, cuando la tormenta de la finca raíz había amainado y las dos constructoras estaban en condiciones de saldar su deuda con Corficolombiana, los representantes de Owen Londoño quedaron desconcertados al darse cuenta de que el monto de sus obligaciones se había triplicado. “Ya no debíamos $3.000 millones sino más de $8.500 millones”, cuenta Jorge Hernán Londoño, socio de esa empresa.

En ese momento estalló una batalla jurídica que obligó a Owen Londoño a solicitarle a la Superintendencia de Sociedades ser admitida en un proceso de reestructuración de pasivos bajo la, por esos días vigente, Ley 550.

Según la ley, para que una firma pueda entrar en proceso de reestructuración, sus propietarios y acreedores deben hacer una votación y al final obtener 51% de los votos. Si el resultado es adverso, a la empresa solo le queda el camino de la liquidación. Con base en eso, un promotor elegido por la Supersociedades asignó los derechos de voto de la siguiente manera: a Corficolombiana le correspondió 37,7%; a los socios de Owen Londoño 44%; a la Dian 3,2%; a la Tesorería Distrital 9,8% y al resto de acreedores 5,1%.

Inconformes con el porcentaje que les correspondió a los socios de la constructora (44%), el equipo jurídico de Corficolombiana demandó la asignación de votos ante la Supersociedades. En el documento, los abogados de la Corporación le solicitaban al ente de vigilancia que redujera el porcentaje de votación de Owen Londoño.

Mientras la demanda estaba en curso, Mauricio Rodríguez Agudelo, un personaje hasta entonces desconocido, pagó acreencias por $2.087 millones a favor de la Dian y la Tesorería Distrital, las otras dos entidades que debían votar en el proceso de reestructuración. Desde ese momento, Rodríguez se convirtió en el titular de 13% de los derechos de voto que sumados con los de Corficolombiana daban 50,7%.

Pocos días después de que se produjera esta millonaria operación, Corficolombiana retiró la demanda que había presentado ante la Superintendencia de Sociedades sin esperar a que esta fuera fallada.

Ya con las cartas sobre la mesa y los porcentajes de acreedores y socios definidos, Londoño presentó su propuesta para que las partes la votaran. Dos días antes de que se venciera el plazo para firmar el acuerdo, los representantes de Corficolombiana dieron un sí condicionado: solo firmarían si Owen Londoño aceptaba pagar su deuda con la corporación tal y como venía liquidando los intereses. Ante la negativa del empresario, a la Supersociedades no le quedó más remedio que decretar la liquidación obligatoria de su constructora.

Precisamente fue esto último lo que hace pocos días la Fiscalía consideró una maniobra fraudulenta que indujo a la Supersociedades a liquidar la empresa de Londoño por error. Por ahora Ospina, Bejarano y Santana –los tres responsables de esta acción– están formalmente acusados de fraude procesal. Así las cosas, solo resta esperar qué concluyen los jueces en los próximos días, cuando comience el juicio en su contra.
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