| 9/18/2013 6:00:00 PM

Tabla de salvación

Víctor Maldonado, el principal accionista de InterBolsa, se aferra a un decreto de 2008 para evitar una posible condena penal. ¿Cuándo le costará la fórmula?

El empresario Víctor Maldonado visita por estos días los despachos de la Superintendencia de Sociedades, de los liquidadores de las empresas del Grupo y de la propia Fiscalía en busca de una fórmula de acuerdo que le permita resarcir con dinero –y no con cárcel– el daño causado a cientos de inversionistas defraudados.

Sus esperanzas están cifradas en un decreto de 2008 que les permite a los fiscales conceder el principio de oportunidad a quienes devuelvan dineros captados ilegalmente al público. La norma, la número 4336, fue expedida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para enfrentar la emergencia producida por la proliferación de pirámides que siguieron el modelo de la famosa DMG.

El cumplimiento de los compromisos que darían derecho al beneficio judicial tendría que ser avalado por las autoridades administrativas, en este caso la Superintendencia, cuyos agentes interventores y liquidadores son los únicos que tienen las cifras oficiales de las obligaciones de los socios de InterBolsa y sus empresas.

Garantías de cumplimiento no le hacen falta a Maldonado. Además de su condición de mayor socio capitalista de InterBolsa, con una participación de 30%, el empresario es dueño del hotel Santa Clara, de una cadena de pizzerías, de Helados Modernos y tiene participación en los almacenes Foto Japón y en compañías del sector agropecuario.

Sin embargo, está por definirse la forma en que algunos de estos activos puedan hacer parte de la operación, pues –por ejemplo– la cadena de almacenes Foto Japón presentó el pasado 15 de julio solicitud de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, argumentando no poder pagar sus deudas, en especial, con el sistema financiero.

En caso de que el decreto se convierta en un traje que se ciña a su medida, la fórmula de pago se convertiría de todas maneras en un asunto complejo. Maldonado ha prometido responder con parte de su patrimonio, pero las ofertas que ha tasado distan mucho del volumen de las obligaciones contraídas.

Cálculos tentativos

Al solo Fondo Premium de Curazao le debe cerca de US$50 millones, incluidos intereses, por préstamos privilegiados que obtuvo para sus empresas Malta, Las Tres Palmas, Southall y Latinoamericana de Inversiones. A la deuda se agregan las obligaciones que deberá asumir solidariamente con sus socios de InterBolsa por recursos que quedaron embolatados después de haber sido usados para inversiones distintas a las autorizadas por los clientes. Su arreglo entonces, según cálculos todavía parciales, no podría ser inferior a los $120.000 millones.

Fuentes cercanas a los procesos administrativos consideran que en aras al cumplimiento del objetivo máximo del Estado, que en este caso es la protección de los inversionistas, el arreglo podría tener aceptación.

Abogados penalistas tienen una percepción distinta. Según ellos, el decreto 4336 de 2008 tiene un alcance limitado y específico pues se referiría solo a la devolución de dineros captados antes de su promulgación. De todas maneras, el debate queda abierto.
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