| 5/16/2014 2:00:00 PM

Más que un abogado

Dinero revela los vínculos contractuales y familiares de Julio César Ortiz Gutiérrez –exabogado de Gustavo Petro– con la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Cada vez que es traído a colación, de inmediato el nombre de Julio César Ortiz Gutiérrez se asocia al universo de la jurisprudencia, las altas cortes o el litigio. Y no es asunto del azar, es cuestión de una larga trayectoria que comenzó hace más de dos décadas, justo cuando recibió el título de jurista en la Universidad Externado. Su amor por las leyes lo condujo entonces a especializarse en derecho administrativo y público; primero en la Universidad Autónoma de México y posteriormente en el Instituto de Estudios Europeos de Turín, Italia.

Pergaminos suficientes como para alcanzar los cargos que ha ostentado durante su vida profesional. Por mencionar tan solo un puñado, fue presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en Colombia, magistrado y presidente del Consejo Superior de la Judicatura y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Además, junto con un grupo de colegas, creó la reconocida firma Ortiz Gutiérrez & Asociados.

En fin, a todas luces, un hombre consagrado a las leyes que –entre otras cosas– pudo granjearse una notoria reputación dentro de su gremio. Aunque medianamente reconocido por la opinión pública, su primer paso hacia la ‘fama’ ocurrió en diciembre del año pasado, cuando al vaivén de la tormenta desatada por la destitución e inhabilidad del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, asumió la defensa del mandatario local ante la Procuraduría. 

Su verdadero baño de popularidad, sin embargo, llegó a comienzos del pasado mes de abril de la mano de una circunstancia que nunca habría esperado y de paso comenzó a afectar su buena imagen. Por esos días, cuando aún era presidente del Club El Nogal, un grupo de miembros de la junta directiva de la entidad le solicitó renunciar a su cargo, entre otros aspectos, por defender a Gustavo Petro.

El episodio dejó al jurista en el ojo del huracán. Con los días, no obstante, los vientos amainaron y todo pareció reducirse a una simple anécdota. Hoy, su nombre vuelve a cobrar interés por otra razón: el hallazgo de dos millonarios contratos suscritos entre Ortiz y el Distrito, particularmente con la Empresa de Acueducto (EAB). Entidad en la que ‘curiosamente’ su hermana es hoy por hoy alta funcionaria.

Este descubrimiento revive los polémicos y evidentes vínculos entre ciertos defensores de Gustavo Petro y las dependencias de la Administración. Y, pese a no existir ilegalidad alguna en la celebración de los documentos mencionados, el hecho plantea un interrogante de fondo: ¿será ética y moralmente correcto que un defensor personal de Gustavo Petro esté tan estrechamente ligado a la EAB?

Letra menuda

El 12 de diciembre de 2012 entró en vigencia un contrato por $58 millones entre Julio César Ortiz Gutiérrez y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Radicado con el número 2-05-15300-842-2012 y firmado por Hugo Alejandro Sánchez Hernández, gerente jurídico del Acueducto, el documento dejó entonces claras las tareas que asumiría el abogado: “representar judicialmente a la EAAB-ESP en la acción de nulidad contra el decreto 3600 de 2007 por el cual se reglamentan las disposiciones de la ley 99 de 1993 y 388 de 1997 de ordenamiento del suelo rural y actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo”, se lee en el contrato aún vigente.

Muy similar es lo que ocurre con el contrato No 2-05-15300-834-2012 –iniciado el 12 de diciembre de 2012 y finalizado el 27 de septiembre de 2013– en el que Ortiz Gutiérrez se compromete, por una suma de $34,8 millones, a asesorar y ejercer la representación judicial de la EAB. Puntualmente, en la presentación de dos tutelas en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Pero ahí no se detienen los nexos de Ortiz con el Distrito. Su hermana Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez se desempeña desde el 17 de mayo de 2012 como directora de Gestión de Calidad y Procesos de la Empresa de Acueducto. “Por este tipo de roscas es que uno se da cuenta de que la parte moral debe empezar a pesar más en este país. Básicamente, porque la ley muchas veces no abraza el componente ético”, señala un especialista en derecho público que prefirió mantener su nombre en reserva.

Tras darle una mirada a esta puerta giratoria entre Ortiz y la Empresa de Acueducto, se evidencia una abultada similitud con el caso del magistrado José María Armenta, del Tribunal Superior de Cundinamarca que, a comienzos de este año, falló una tutela a favor de Petro. A las pocas semanas de dar su espaldarazo al Alcalde, los medios de comunicación revelaron, por un lado, que la esposa del togado era funcionaria del Acueducto y, por el otro, ventilaron ante la opinión pública una reunión secreta entre él y William Morales, secretario General de esa Empresa.

Así las cosas, ya muchos se repiten la misma pregunta: ¿por qué, tanto defensores como jueces de Gustavo Petro se mueven en las entrañas del Acueducto, justamente la misma Empresa que lo ha tenido contra las cuerdas durante los últimos meses? 

Consultado sobre este rosario de señalamientos, Ortiz respondió lo siguiente: “he obrado apegado a la legalidad y a la ética. En la representación que adelanto de la EAB no existe puerta giratoria por el hecho de que mi hermana preste sus servicios en esa empresa ni por la defensa que asumí de Gustavo Petro. Ella no tiene injerencia en la contratación de la entidad. Asumí la defensa del Alcalde como expresión democrática del Estado Social de Derecho, con independencia de orientaciones políticas. Respeto esos principios a pesar de las vicisitudes a las que me he visto enfrentado por este caso”.

En conclusión, el debate que gira alrededor de los nexos de los defensores de Gustavo Petro con su administración sigue abierto. Por lo pronto, solo resta esperar que los órganos de control se pronuncien sobre el asunto o simplemente lo pasen por alto.
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