| 9/19/2003 12:00:00 AM

Evasión y elusión, una mala decisión

El sistema general de riesgos profesionales no se debe ver solo como el cumplimiento de unas normas establecidas. Más allá de eso se trata de un instrumento de competitividad del país y de productividad para las empresas.

Pedro Jiménez*, un empresario de la construcción, perdió hace unos días más de $800 millones por no haber vinculado a uno de sus trabajadores al sistema de riesgos profesionales y no haber pagado una cuota mensual que apenas superaba los $23.000. Este obrero cayó de un andamio y su columna se fracturó, lo que le produjo una lesión permanente. Todos los costos los tuvo que asumir el empleador.

Este caso (ver recuadro) ejemplifica la situación de las empresas que no cumplen sus obligaciones laborales, pero también el impacto de esta práctica en el país. Cada año, las pérdidas ocasionadas por indemnizaciones, días de trabajo perdidos, interrupciones de la producción, formación y reconversión profesional y gastos médicos, entre otros factores, le representan a Colombia entre el 8% y el 10% de su Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, anualmente, el país pierde más de $18,7 billones por esta situación. En el mundo, estas pérdidas llegan al 4% del PIB.

La evasión -la omisión de la obligación legal del empleador de afiliar al trabajador al Sistema General de Riesgos Profesionales- y la elusión -cotizar al sistema sobre un valor inferior al devengado por el trabajador- son dos de los principales problemas para lograr una cobertura total de la población trabajadora.

Colombia es uno de los países con mayor liderazgo en sus políticas de seguridad social en América Latina -junto con Chile, Argentina, Costa Rica y México- y la Ley 100 -que este año cumple su primera década- es una de las más modernas de la región y le brinda al país la posibilidad de ganar competitividad internacional. Sin embargo, las empresas deben ver en este tema, no solo el cumplimiento de unos requisitos legales, sino una importante herramienta de productividad.

¿Por qué? El éxito en los negocios está sustentado en la eficiencia de su operación, en contar con productos y servicios estandarizados, y con calidades homologadas. Por eso, cuando sucede un accidente de trabajo y el empleado no está afiliado a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), la empresa debe asumir todos los gastos y enfrentar posibles demandas que afectan su flujo de caja y pueden incluso costarle su viabilidad futura. Pero también pierde conocimiento.

Si se trata de un trabajador calificado, con su incapacidad se está llevando el saber de su trabajo y será necesario conseguir otro empleado, capacitarlo y entrenarlo, y esto demanda dinero. "Ahí, la empresa está perdiendo competitividad y productividad, porque se va a afectar su proceso productivo", explica Juan Carlos Llano, director general de Riesgos Profesionales. Para que esto no suceda, las empresas deben tener su programa de salud ocupacional en el cual se definan sus factores de riesgo y las actividades encaminadas a prevenirlos, coordinados por el comité paritario de salud ocupacional. El objetivo es que esto se convierta en una actividad estratégica de la compañía que pueda ser incluido y evaluado en comités de gerencia y juntas directivas desde el punto de vista costo beneficio.

Según estudios internacionales por cada $1 que una aseguradora paga por un accidente de trabajo, la empresa pierde al menos $5 por los llamados costos ocultos, representados en traer una persona y avanzar en su proceso de capacitación y reentrenamiento. Estos costos también incluyen la parálisis en la producción, pérdidas de materia prima, y traumatismo emocional para la organización.

La Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social, junto con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en conmemoración al día nacional de la salud en el mundo del trabajo -el 28 de julio de cada año- adelantan una campaña nacional contra la evasión y la elusión al sistema, para que el país se sensibilice y entienda las ventajas que él representa.



La globalización

La Ley 100 es, de por sí, una importante ventaja para Colombia, porque cuenta con un sistema de riesgos profesionales que muchos países en América Latina no tienen, y el solo hecho de tenerlo estructurado juega a su favor.

La razón es que le permite a Colombia competir con otros países con una ventaja. "Si dos países ofrecen un mismo producto de exportación, el país comprador tiene entre sus principales variables el precio y si este es igual en las dos ofertas, analiza otros aspectos, como la seguridad social de los trabajadores, su protección y remuneración. Y, en este punto, Colombia tiene esa ventaja porque cuenta con un sistema estructurado y que otros países no tienen", agrega Llano.

El mejor ejemplo de esto se está viendo en las confecciones, oportunidad de negocio que están capitalizando empresas colombianas, al aprovechar las ventajas arancelarias que otorgó Estados Unidos. Los compradores vienen y verifican los lugares de trabajo de los operarios y que se cumplan todas las normas laborales vigentes, antes de formular cualquier pedido. Y este ha sido uno de los sectores más dinámicos en exportaciones en el último semestre.

Entidades como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya han promulgado un nuevo concepto: el trabajo decente. Esto busca que todas las personas tengan unas condiciones mínimas (pago, respeto a la legislación, diálogo social, protección en el trabajo que incluye salud ocupacional y riesgos profesionales). Y esta será una tendencia de la globalización y de los acuerdos internacionales de comercio, pues el objetivo es que haya unas condiciones favorables para el trabajador y que los países no hagan 'dumping social', es decir, que desconozcan los derechos de los trabajadores, y que esto se traduzca en una ventaja en la variable precio.

En el caso regional, la Comunidad Andina prepara un documento sobre seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, para establecer las normas mínimas y Colombia, por su experiencia y conocimiento, está liderando el proceso.



Las cifras

La población económicamente activa en Colombia es de cerca de 20,3 millones de personas, de las cuales las formales ocupadas son 6,4 millones, es decir que estas personas son las que deberían estar afiliadas al Sistema General de Riesgos Profesionales. Actualmente hay afiliados 4,6 millones. Esto indica que, a pesar de la obligatoriedad de la afiliación, cerca de 1,8 millones de trabajadores no están cubiertos por el sistema, debido a que sus empleadores son evasores.

Para ver la dimensión del problema, la Dirección de Riesgos Profesionales hizo un estudio con la Secretaría de Salud de Bogotá, que buscaba saber cuáles eran los mayores evasores en el sistema por sectores de la economía. Encabezan la lista las compañías de vigilancia, seguidas de las empresas temporales, las empresas de transporte y las firmas que dan capacitación a las empresas de vigilancia.

De las empresas de vigilancia se escogieron 109 en Bogotá, para analizar su comportamiento frente al sistema. Esas empresas evaden en riesgos profesionales $356 millones al año y, en total, si se suman la evasión en riesgos, salud, pensiones y otros, la cifra puede llegar a $6.000 millones, en solo 109 empresas.



Las tareas

"El punto es que hay que tomar medidas para mejorar eso y aumentar la cobertura. Es una tarea que ya estamos haciendo. Del año pasado a esta fecha ya hemos aumentado en 500.000 los trabajadores afiliados al sistema. Nuestro compromiso para estos 4 años es llegar a 2 millones de nuevos afiliados. Es decir, duplicar lo que se hizo en 8 años", explica Llano.

Para llegar a esta cifra, el Ministerio de la Protección Social expidió la Ley 828 (antievasión) y la Dirección General de Riesgos Profesionales las circulares 001 y 002, también de 2003.

La filosofía de estas medidas tiene dos pilares: generar conciencia y afinar el control punitivo. En el primer caso, se trata de generar conciencia, sensibilizando a las empresas y a los trabajadores de la importancia de este tema, de los riegos por no tener afiliados a sus empleados y de la necesidad de que los trabajadores exijan sus derechos a estar afiliados. Y en el tema antievasión, se modificó la operatividad del sistema que antes exigía el desplazamiento de funcionarios del Ministerio hacia las empresas para verificar las afiliaciones, y ahora se trata de que las empresas, dependiendo de los requerimientos, sean las que demuestren ante el Ministerio que sus documentos están en regla.

A largo plazo, la idea es tener un sistema único de información de la protección social en el cual un módulo de ese sistema va a ser el registro único de afiliados. Eso va a permitir saber cuántas personas y cuántas empresas están pagando a salud, a pensiones, a riesgos y a los parafiscales -ICBF o Sena- y cruzar la información. Este sistema estará definido para finales del año entrante.

En conclusión, como lo menciona el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, "no se puede permitir que los trabajadores estén desprotegidos, sin actividades ni programas de prevención y promoción de la salud en los ambientes laborales, como tampoco podemos aceptar que los empleadores evadan su responsabilidad y no paguen lo justo y real en la afiliación de sus trabajadores al sistema. La evasión y la elusión son una mala decisión que pueden traer consecuencias lamentables no solo para la salud del trabajador, sino en la salud económica de las empresas".
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