| 12/13/2016 12:01:00 AM

Los proyectos colombianos que se vienen en educación, salud y cárceles

Se cumplieron dos años desde que el Conpes aprobó cupos a las Alianzas Público Privadas para estos sectores. Hoy se vienen estructurando proyectos en educación, salud y cárceles.

La participación de particulares en la construcción y operación de infraestructura de carácter público en Colombia se remonta a la primera centuria de su vida republicana. Cabe recordar ejemplos como el de la Empresa de Acueducto de Bogotá que, desde su inauguración en 1886 hasta 1914 cuando pasó a manos del Distrito, estuvo administrada por privados. Sin embargo, esa presencia en obras del sector social es un hecho reciente.

El 21 de octubre de 2014, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó cupos en las Alianzas Público Privadas (APP) para los sectores sociales. Desde ese momento, aparte de las obras de infraestructura en los distintos modos de transporte, en especial para las vías y servicios públicos, se garantizó la presencia de los particulares en proyectos de educación, salud y cárceles.

En la actualidad se cumplen dos años y desde el Gobierno ven con optimismo la introducción de este modelo de contratación en estos sectores, así lo reseña Luis Fernando Mejía, subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

“De momento en Colombia no podemos hablar de resultados específicos del esquema ni de balance de las APP en estos sectores dado que nos encontramos en una etapa temprana de su aplicación. Sin embargo, consideramos que la estrategia se encuentra bien planteada y es respaldada por los resultados exitosos del esquema en otros sectores y a nivel internacional, explica.

Las APP en educación, según señala el funcionario, “son el principal proyecto de infraestructura social” en el país y se ha articulado con el montaje de la jornada única que lidera el Ministerio de Educación. El nuevo modelo busca cambiar y modernizar la forma como se desarrollan este tipo de proyectos.

“Luego de su culminación, la planta física será mantenida en óptimas condiciones de operación por parte de firmas expertas, en contraste con la ausencia de mantenimiento en algunas instituciones como consecuencia de las restricciones de tipo presupuestal, entre otras razones”, dice.

Actualmente se encuentran en proceso de estructuración las APP de la primera fase. Esta cubre 85 establecimientos educativos ubicados en Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Medellín y Soacha además del departamento de Antioquia. La inversión en los proyectos supera los $1,3 billones y su inicio se prevé para mediados del próximo año. 

En salud, aunque la intervención de particulares es anterior a la expedición de la Ley de las APP, la 1508 de 2011, el año pasado fue contratada la estructuración del proyecto piloto bajo este esquema y correspondió a la ESE Departamental Hospital Juan Romero, ubicado en el municipio de Soledad, Atlántico.

“A pesar de no haber sido concluida por los obstáculos que enfrentó en su estructuración, se tienen diversas lecciones aprendidas y se considera como el primer impulso para la ejecución de proyectos hospitalarios bajo el esquema de APP en el país”, sostiene Mejía.

En Bogotá se concentran las primeras APP en salud. Estos proyectos hacen parte del Programa de Infraestructura Hospitalaria para la ciudad y contemplan, por ejemplo, la construcción, el mantenimiento, la dotación, el equipamiento biomédico, la prestación de servicios no clínicos para seis hospitales y la prestación de servicios clínicos en tres de estos.

Los proyectos iniciarían obra al inicio de 2018 y el monto total de la inversión superarará el medio billón de pesos. Además aportarán más de 1.300 camas al sistema de salud de la capital del país.

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En cuanto a las APP de cárceles, actualmente son dos las que se vienen estructurando técnica, legal y financieramente. Uno de los proyectos de adecuación de infraestructura se ubica en Antioquia y el otro en Santander. Esta capacidad instalada aumentará en 4.500 los cupos.

A la fecha, la consultoría atraviesa la fase de estructuración, por lo cual el DNP se encuentra en constante diálogo con la firma consultora y con el sector, para ajustar ciertos criterios del proyecto.

Un tercer proyecto se viene estructurando con el apoyo de la CAF, la USPEC y el Ministerio de Justicia. Este posibilitará la construcción de un establecimiento carcelario en Popayán, con una capacidad para albergar 3.500 internos. Se prevé que el inicio de las obras será a mediados de 2017 y la inversión superará $1 billón.

Luego de dos años, las Alianzas Público-Privadas para los sectores sociales toman forma y entre 2017 y 2018 empezarán las primeras obras que fortalecerán la capacidad instalada del país en educación, salud y cárceles.

Los obstáculos y retos

Según el subdirector del DNP, en educación el principal obstáculo ha sido el desconocimiento del esquema de APP como alternativa para la construcción de infraestructura sectorial.

“El escepticismo en el éxito del esquema es otro de los puntos por mejorar en materia de APP del sector social”, advierte.

En salud, los plazos de la estructuración son la mayor dificultad porque estos, en muchas ocasiones, riñen con las expectativas territoriales de un mandatario; mientras en cárceles, la definición de los predios y que estos cumplan con las especificaciones son los mayores retos.

En cuanto a los desafíos, el funcionario considera que “se debe lograr mayor confianza y entendimiento del sector financiero para respaldar a los inversionistas que acometan estos contratos”. Planteó como clave el aseguramiento de las fuentes de recursos para el pago de inversionistas en especial en las entidades territoriales.

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