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San Andrés le da ejemplo a Electricaribe: ¡Sí se puede!

Contra viento y marea, la empresa de energía de San Andrés está logrando lo que Electricaribe nunca pudo: ser una empresa viable, mejorar la tecnología y convencer a la gente para que pague la factura. Reportaje.

La intervención y la posterior liquidación de Electricaribe fueron dos de las noticias más esperadas en la Región Caribe durante los últimos años. Tras varios intentos infructuosos para salvar esta compañía y mejorar su operación, el Gobierno, en marzo pasado, tomó la decisión de ordenar la liquidación. No hay marcha atrás.

Los expertos esgrimen varios argumentos para justificar tal decisión. El primero es que Electricaribe no realizó las inversiones que permitieran estar a la vanguardia en equipos de distribución y registro de la energía; y tampoco trabajó de manera permanente y adecuada con la comunidad para incentivar el pago oportuno de los recibos. Estos pecados por omisión terminaron por condenar a la empresa y meter al país en un lío jurídico del que apenas se ven los primeros chispazos.

Hoy la situación en la Región Caribe no ha cambiado mucho. Mientras se define la suerte de un nuevo o varios operadores para esos departamentos, seguramente persistirán las fallas en el servicio y las pérdidas de energía, vía reconexiones fraudulentas y mal estado de los cables y los equipos.

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¿Por qué se salvó la isla de San Andrés de esta debacle? Tal vez su distancia de la costa colombiana o su pequeño mercado de apenas 22.000 usuarios la hayan mantenido al margen de la situación. Pudo ser alguna de las dos cosas. El asunto es que la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia (Sopesa) vive una realidad totalmente opuesta a la de Electricaribe. No solo se volvió viable en el aspecto financiero: en solo tres años logró bajar las pérdidas de energía de 31% a 8% y pasó de estar a ras en sus cuentas a generar un Ebitda por $11.000 millones en 2016. Pero no solo esto, poco a poco ha logrado cambiar la cultura del no pago en las Islas. Desde encopetados empresarios del sector hotelero, pasando por el comercio y hasta algunas iglesias, no conocían hasta hace tres años lo que era pagar un recibo de la luz. Como en el resto de departamentos costeros, era más fácil pagar $20.000 o $50.000 a una persona para que subiera a un poste para conectar un cable de manera ilegal.

“Ninguna empresa de energía, es más, ningún negocio es viable cuando pierde una tercera parte de lo que produce”, comenta a Dinero el gerente de Sopesa, Iván Salcedo. En otras palabras, si no se hubieran implementado cambios de fondo en esta compañía, muy probablemente habría terminado como Electricaribe y otras compañías de servicios públicos.

Alta tensión

¿Cómo logró tales avances Sopesa? En 2009 la compañía, en donde tiene una participación el empresario antioqueño William Vélez, ganó una licitación del Ministerio de Minas para la prestación exclusiva del servicio de energía en el Archipiélago de San Andrés. Dicho contrato obligaba a la empresa, de manera progresiva, a reducir la cantidad de energía perdida, así como la instalación de una planta de residuos sólidos y la construcción de un parque de generación eólica. Sin embargo, y a pesar de los logros, tras 8 años de ejecución de dicha concesión el balance es agridulce. La planta de residuos se inauguró y se redujo la pérdida de energía, incluso superando las metas. Sin embargo, ha sido imposible un permiso de los raizales para instalar tres turbinas de generación eólica. A esto se suma que algunos pobladores todavía se resisten a pagar por el servicio.

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Hoy San Andrés tiene la energía eléctrica más cara del país, en buena parte porque todo se genera quemando diésel, el cual se compra en Cartagena. No solo es un tema de contaminación sino de costos. Producir un kilovatio hora vale en la Isla $850, mientras que en el resto del país unos $450.

Con las tres turbinas de generación eólica se podría producir 8% de la energía de las Islas y, de esta manera, empezar a bajar los subsidios que año tras año gira el Gobierno y que pagamos todos los colombianos. El año pasado esa factura fue de $72.000 millones, según Sopesa.

Lo peor de todo es que antes de esta concesión de 2009, el Ejecutivo le reconocía a la empresa prestadora de energía un subsidio que se liquidaba con base en la energía generada y no a la facturada. En otras palabras, se subsidiaba toda la energía perdida o contrabandeada. Eso era un incentivo perverso, pues la empresa nunca estaba obligada a mejorar ese tipo de indicadores.

Es por ello que en 2009 el Ministerio de Minas y Energía le adjudicó por 20 años el contrato a Sopesa para suministrar energía a las Islas, con la condición de reducir las pérdidas de manera progresiva.

Ante esa responsabilidad contractual, hace unos 3 años Sopesa abrió una licitación para optimizar los sistemas de medición de la energía y darle un vuelco al tema. Luego de un largo proceso, en el que participaron firmas de Corea del Sur e Italia, el contrato fue ganado por la empresa Ingenierías Aliadas, con sede en Medellín y experta en este tipo de desafíos y tecnología.

“Nosotros le propusimos a Sopesa la instalación de contadores inteligentes con tecnología capaz de realizar un monitoreo remoto del consumo de energía y de mitigar la manipulación de los equipos”, cuenta León Darío Osorio, gerente general de Ingenierías Aliadas.

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Así funciona el sistema. Una vez gana el contrato, Ingenierías Aliadas inicia el proceso para cambiar todos los contadores tradicionales por otros que fueron diseñados por la empresa y construidos en China. A diferencia de los equipos viejos y deteriorados, esos nuevos equipos no están instalados en la fachada o interior de las casas o negocios, sino en los postes de energía, pues son de un tamaño y peso muy reducido. A cada usuario se le entrega un display o pantalla pequeña en donde puede ver cuánto está consumiendo su casa o negocio y verificar la estabilidad en el flujo de energía (ver dispositivo en la foto de Jeremy Escalona). Esto último es muy importante en caso de daños de electrodomésticos, pues es posible verificar los picos de electricidad, que pueden ser usados para eventuales reclamos ante Sopesa.

En caso de retrasos en el pago de la factura, la compañía de energía puede de manera remota suspender el suministro con un solo clic desde su centro de control. Una vez el usuario se pone al día, la empresa restablece el servicio en cuestión de minutos. ¿Qué pasa si alguien se sigue subiendo al poste a reconectar otro cable? La respuesta de los responsables de esta tecnología es que el equipo instalado en cada poste permite saber cuánta energía se está entregando y facturando en la cuadra o zona. Si hay un incremento no facturado e inusual, inmediatamente se dispara una alarma en el centro del control desde donde se programa una visita al poste afectado.

Aunque está a años luz de llegar a un punto ideal, luego de incorporar estas innovaciones hace un par de años, la transformación es evidente. A pesar de que todos los hoteleros y los comerciantes ya entraron en esa onda del pago, algunos pobladores, sobre todo raizales, se oponen con vehemencia al cobro. En algunos barrios ni siquiera es posible la entrada de los vehículos de Sopesa porque inmediatamente se organizan los lugareños para expulsarlos.

El poder de la comunidad raizal sigue siendo muy grande. Allí habría que escarbar algunas razones históricas que expliquen por qué se oponen al pago de una factura, a la instalación de turbinas de viento o a la apertura de un muelle náutico, que son obras que se han frenado por la presión de estas comunidades.

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¿Kilovatios para todos?

Personas que han documentado la historia de San Andrés explican que en las primeras décadas del siglo pasado algunos gobiernos y políticos optaron por llenar de continentales (como se les conoce a las personas que vienen del interior) los territorios insulares para ejercer soberanía y, de paso, quitarles poder a los nativos. Por esta vía llegaron comerciantes con acento árabe de la Región Caribe, comerciantes paisas y uno que otro inversionista ‘cachaco’ con ganas de abrir un hotel o negocio.

La segregación fue inmediata y hoy algunos raizales se oponen a la construcción o mejora de la infraestructura con el argumento de que se fomenta la sobrepoblación de las Islas. En 1952 había una población censada de 5.600 personas; hoy, según datos del gobernador Ronald Housni, hay cerca de 120.000 personas, aunque los raizales dicen que son 200.000 las personas que viven en ese territorio. Otro asunto para estudiar con detenimiento es la población flotante.

Según datos de la Cámara de Comercio de San Andrés, en el año 2006 llegaron a la Isla un total 377.000 viajeros, el año pasado fueron 916.000, en gran parte aupados por las bajas tarifas de agencias de viajes, como On Vacation, los planes ‘todo incluido’ de Decamerón o las tarifas agresivas de la aerolínea Viva Colombia. Este año se podría llegar al millón de viajeros.

“La situación es tan complicada que ya estamos restringiendo la entrada a algunos sitios, porque la carga humana y la erosión es muy grande”, afirma a este medio el gobernador Housni, que dicho sea de paso es el segundo mandatario no raizal de San Andrés.

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En Cayo Bolívar, donde entraban antes de 400 a 600 personas por día, ahora solo lo pueden hacer 62. En la isla de Johnny Cay llegan cada día unas 800 personas y está al límite. Allí se construyó un muelle, pero los estudios quedaron mal hechos y no se usa en la actualidad. Por ello, la gente se lanza al agua y llega directo a la playa, por lo que se pueden producir cortes de piel en algunos turistas.

El gobernador Housni anunció que se adelanta un estudio para determinar cuántos pobladores fijos y flotantes resiste la Isla. No solo hay problemas en el suministro de energía, toda el agua que se usa en San Andrés proviene de pozos y hay comunidades en donde solo llega el líquido cada 30 o 40 días, especialmente raizales. “Estamos comprando unas plantas desalinizadoras para usar agua marina, pero va a terminar impactando aún más la tarifa de energía”, comentó el mandatario.

Ni hablar de nuevos planes o proyectos hoteleros que se están viendo. La cadena Hilton está muy interesada en construir un hotel grande que podría incluir un parque temático integrado a la Cueva de Morgan. Radisson también está interesado en un hotel de On Vacation. ¿De dónde saldrá la energía y el agua para todo eso? ¿Cuál será la reacción de los raizales ante esos megaproyectos? Serán los puntos clave que definirán buena parte del rumbo de las Islas.

Cambio de matriz

Cambiar los contadores, optimizar las redes y mejorar los pagos son buenas noticias para el servicio. Otra cosa es que el modelo sea sostenible. Dinero visitó uno de los barrios más pobres de la Isla de San Andrés, Battle Ally.

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Este sector es habitado por vigilantes, personal de aseo, informales, etc. Allí, como cuenta Jeremy Escalona, cada recibo está entre los $90.000 y $100.000, un precio muy cómodo para otra parte de la población, pero no para los vecinos de Jeremy. “La energía está bien, pero es necesario tener en cuenta que la canasta básica acá es muy costosa. Una libra de carne vale $12.000, un kilo de papa $5.600, acá nada es barato”, afirma el joven, quien además explica que todavía se ven personas que se atreven a subir a un poste de energía a realizar conexiones ilegales. Y eso que los subsidios de energía se mantienen en estratos 1, 2 y 3.

Los esfuerzos del Gobierno por cambiar la matriz energética en las Islas son muy tibios. El Presidente de la República tiene previsto un viaje a San Andrés en los últimos días de este mes de mayo. La idea es inaugurar con bombos y platillos unos paneles solares en una escuela de una iglesia bautista en San Andrés y otros paneles en la Isla de Santa Catalina. “Será la primera isla verde del Caribe”, es la promoción del Gobierno. El tema es que en esa isla solo habitan 100 personas. Buen comienzo, pero insuficiente.

Diego Mejía, gerente y uno de los fundadores de las tiendas de accesorios Azulu, se queja también por los altos costos de energía de la Isla. Aunque recibe con buenos ojos la llegada de más tecnología en los contadores, se incomoda cada vez que le llega un recibo y lo compara con otro del interior del país. Mientras en un local de Azulu en Cali con la misma área paga unos $2,5 millones, en San Andrés fácilmente llega a los $5 millones. “En la estructura de costos, lo más alto acá es el arrendamiento, le sigue el personal y de tercero está la energía”, comenta el empresario desde uno de sus 5 almacenes que administra en el Archipiélago.

San Andrés sigue en un proceso de ajuste para determinar su futuro y garantizar su sostenibilidad.

Foto: Diego Mejía

Para comerciantes como Diego Mejía, de las tiendas Azulu, 2017 no ha sido un buen año en ventas. El mayor poder de compra lo tienen los extranjeros que llegan, pero se trata de una minoría, pues la mayor parte de los turistas son provenientes del interior del país. Los empresarios se quejan además por el alto costo de la energía en las Islas y las elevadas tarifas del transporte de bienes y mercancías.

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Foto: Jeremy Escalona

Para este habitante de San Andrés, los alimentos son muy caros debido a que casi todo se importa. Y no necesariamente de Colombia. Buena parte de los productos llegan de Costa Rica, debido a su proximidad con las Islas. La producción agrícola es casi nula en San Andrés, debido a que la economía se focalizó en el turismo y comercio. Además, los fertilizantes son caros y el agua escasa.

Foto: Ronald Housni

El Gobernador, Ronald Housni, asegura que ante el crecimiento desbordado de viajeros, las casas residenciales de la Isla se volvieron posadas. Eso volvió a los empleados de los hoteles y comercio, empleadores en nuevos negocios pero, al mismo tiempo, disparó el precio de los arriendos y tierra urbana. El pasaje urbano cuesta $2.200, el mismo de Transmilenio. Hay una APP para llevar buses eléctricos y reducir la tarifa a $1.500.

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