| 6/24/2011 10:20:00 AM

La veinteañera económica

Después de dos décadas, la Constitución Política ha impactado todos los aspectos económicos del país. ¿Cuáles han sido los aciertos y los fracasos?

No es ningún secreto: nombrar todos los cambios económicos que ha generado la Constitución Política de 1991 es una labor compleja y dispendiosa. Después de 20 años, sus disposiciones han impactado todas las actividades económicas, comerciales y sociales del país.

No en vano, la Carta Magna dio origen a una enorme cantidad de reformas económicas: Ley 100 de pensiones y salud, Ley 68 de descentralización, Ley 142 y 143 de Servicios públicos y sistema eléctrico, Ley 80 de contratación, Ley 164 de concesiones de obras públicas, Ley 32 de educación y Ley 09, que ordenó la creación de un banco central independiente y dio vida al Banco de la República. Todas ellas han tenido sus pros y sus contras, aunque al final el saldo ha sido más positivo que adverso (ver recuadros).

Pero, sin duda, la tutela es la herramienta insignia de la Constitución. A través de este mecanismo, los ciudadanos lograron respeto por sus derechos fundamentales, sin importar su condición social o económica.

Si bien la tutela garantizó la igualdad en temas básicos, como el acceso a la salud y la educación, también le ha salido costosa al Estado. Especialmente en los primeros años, cuando la Corte Constitucional realizó fallos guiados con "el corazón" y que nunca tuvieron en cuenta las implicaciones económicas.

Esto condujo a decisiones que abrieron boquetes en la legislación vigente y que fueron aprovechados para satisfacer intereses personales. Un buen ejemplo está en el sector salud, donde algunas Empresas Prestadoras de Salud (EPS) obligaron a sus pacientes a interponer tutelas a través de las cuales exigieron recobros al Fosyga. En la actualidad, 60% de las tutelas buscan resolver temas de salud que, sumadas a los recobros al Fosyga, implican un costo para la Nación de entre 1 y 2 puntos del PIB.

Estos fallos también afectaron políticas macroeconómicas, como cuando se determinó un aumento en los salarios basado en la inflación anual. "Al combinar esa decisión con la flexibilización laboral de la Ley 50 y los costos asociados a la Ley 100, la Corte terminó fomentando la informalidad y el desempleo", comenta Roberto Steiner, director de Fedesarrollo.

En los últimos años, la Corte Constitucional ha entendido mejor el alcance de sus decisiones y, aunque sigue protegiendo al Estado Social de Derecho, cada vez pondera más el aspecto económico de los fallos. "Los magistrados han logrado un equilibrio en proteger el Estado Social de Derecho y defender la estabilidad fiscal de la nación", reconoce Steiner.

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