| 4/30/2015 5:00:00 AM

Entidades sin ánimo de lucro o ¿Sinónimo de lucro?

Los escandalosos ingresos de algunas entidades sin ánimo de lucro prendieron las alarmas del Gobierno. Todo apunta a que este será el eje de la próxima reforma tributaria.

Pesan 15% del PIB, pero casi nadie las ve. Fundaciones, cooperativas, universidades, hospitales, iglesias, asociaciones, gremios y hasta clubes sociales y fondos de empleados, entre otros, hacen parte de la ‘locomotora invisible’. Sus cuentas e ingresos acumulados son comparables solo con las multinacionales más grandes.

En la compleja fauna tributaria de Colombia, algunas de estas sociedades quedaron adscritas al régimen especial de impuestos y otras están en el grupo de los no contribuyentes. Lo cierto del caso es que en 2012 este conjunto de entidades registraron ingresos netos de $129,6 billones, casi tres veces lo que reportó Ecopetrol el año pasado.

Durante décadas, sus operaciones y transacciones pasaron de agache, pues casi nadie desconfiaba de su vocación ‘ de misericordia’. Sin embargo, en los últimos años varias alarmas se han prendido en organismos de control como la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Fiscalía y la propia Dian.

El caso de la Fundación San Martín y los escándalos de Saludcoop y las prolíficas cooperativas de trabajo asociado terminaron por atizar el asunto.

Por su vocación filantrópica, uno de los casos más especiales es el de las fundaciones. Algunas tienen ingresos multimillonarios, pero plantas de personal de famiempresas. Desde artistas, pasando por congresistas, pastores de iglesia, filántropos, hasta narcotraficantes, pueden tener una de ellas. Una fundación no se le niega a nadie. Algunas construyen país y se ‘parten el lomo’ para tenderles una mano a miles de colombianos sin oportunidad, mientras otras son auténticas máquinas del crimen organizado, creadas para despojar tierras, lavar activos, enriquecer a delincuentes o evadir impuestos.
Lea también: ¿Iglesias pagarían impuestos?

Dinero le cuenta cómo funcionan algunas de estas fundaciones, quién las vigila (casi nadie) y el modus operandi de las más oscuras.

Así estamos

Las cifras de este tipo de sociedades rebotan al vaivén de cada entidad y al son de la falta de regulación. Hay fundaciones para todo y para todos. Las primeras que hay que nombrar o destacar son las visibles, las que cumplen con su objetivo para complementar al Estado en propósitos sociales.

En la Dian no hay reporte del número de fundaciones, el Distrito vigila algunas miles con cuatro o cinco funcionarios, la Superintendencia Solidaria les pone la lupa pero solo a cooperativas y otras entidades, la Uiaf (inspector para control del lavado de activos del Ministerio de Hacienda) las detecta, pero no las puede tocar. De hecho, nadie les puede echar mano.

La Fiscalía General de la Nación intenta lo suyo. Un puñado de investigadores se dedica a escudriñar las cuentas de varias empresas para cerrarle el paso al lavado de activos. Sin embargo, los resultados parecen insuficientes frente al monstruo que se esconde tras la puerta.

Wilson Martínez, quien dirige el Observatorio contra Lavado de Activos, de la Universidad del Rosario, critica el hecho de que los fiscales de la unidad especializada se dediquen a casos ‘obvios y fáciles’. “La evaluación de desempeño de la Fiscalía se centra en el número de investigaciones y no en el impacto. Por eso, a las grandes organizaciones nadie las toca, pues tarda más tiempo y es más difícil ver los resultados”, explica.

En el caso de la Dian sucede algo similar. “Tenemos un problema con el perfilamiento de este tipo de entidades sin ánimo de lucro. Como no son grandes contribuyentes, no tenemos programas especiales de fiscalización”, reconoce un alto funcionario de la entidad, que pidió reserva de su nombre. El mismo funcionario cuenta que la Dian mide el riesgo de elusión o evasión en función de cuánto se paga en impuestos, entre mayor el monto, más fiscalización. El problema es que muchas fundaciones que reportan cero excedentes son precisamente las que hay que revisar. “Es un refugio perfecto”, relata la Dian.

Juan Ricardo Ortega, exdirector de esta entidad, identificó claramente el problema. Ortega explicó a este medio desde Estados Unidos que las cooperativas y fundaciones del país registran ingresos superiores a los $30 billones al año. Si todo ese monto fuera evasión –que no lo es– costaría $10 billones en impuestos. “Aquí viene lo difícil, no creo que nadie crea que el cooperativismo, el altruismo y las fundaciones dediquen $30 billones a la construcción de un mejor país, porque no se ven. Una suma como $30 billones es más que todo el gasto en seguridad y Policía Nacional, que sí se ve y que lo agradecemos todos los colombianos”, afirma.

“Con esto no digo que no haya muy buenas cooperativas o fundaciones, ojo. Las hay y las hay muy buenas y algunas muy grandes. El problema es que esas buenas y muy buenas, si las listamos, no llegan a 5.000, algunos dirán que no llegan a 1.000 y existen cerca de 40.000 entidades en el régimen especial”, explica en un correo electrónico.

Otra voz autorizada en este tema proviene de las mismas fundaciones. Soraya Montoya es miembro del comité de sabios que nombró el Gobierno hace poco para tratar de descifrar la maraña tributaria y emitir una serie de recomendaciones, base para una cacareada reforma estructural. Sus opiniones son contundentes.

“El país se va a sorprender –y mucho– cuando se entere de lo que se hace con algunas fundaciones”, subraya. Montoya, quien también preside la fundación Saldarriaga Concha, reconoce que a este tipo de empresas nadie las mira, nadie las fiscaliza. También aprovecha el diálogo con Dinero para ofrecer un listado de buenas prácticas, de lo que debe venir y de lo que se debió hacer hace rato. “Hay que regular la creación de fundaciones, autocontrolarnos, rendir cuentas, tener una dirección electrónica o física. Decir cómo somos, cómo estamos conformados, quiénes nos representan en la junta directiva, cómo se maneja nuestro gobierno corporativo. También es necesario que nuestros estados financieros sean auditados, conocer de dónde provienen nuestros ingresos y a dónde van esos recursos”, explica Montoya.

Este tipo de recomendaciones son las que muy seguramente hará la comisión de expertos en el segundo semestre de este año, cuando se dará a conocer un primer documento. Que eso se refleje en una Ley de la República dependerá de los congresistas y del propio Gobierno. “Nosotros vamos a presentar un documento y unas recomendaciones. Vamos a ver el acompañamiento del país en esas discusiones. El Congreso es el que finalmente decidirá”, advierte.

El asunto de fondo es que una reforma tan profunda a la manera como se crean y manejan las fundaciones es un tema que pisa muchos callos e intereses. Desde los pasillos de la Dian, pasando por los centros de estudio y el alto gobierno, tienen muy presente que aprobar un proyecto de ley de ese tipo será muy difícil. La razón es obvia: buena parte de los políticos y congresistas son gestores de fundaciones.

A pesar de ese escepticismo, muchas personas en el país, de la línea de Soraya Montoya o Juan Ricardo Ortega, se preguntan por qué hay colegios que cobran $40 millones en bonos y no pagan impuestos, por qué algunas fundaciones universitarias acumulan cifras enormes en patrimonio, por qué algunas iglesias pasan datáfono para el ‘cobro’ del diezmo y nadie las mira, por qué hay hospitales que pagan impuestos y otros que no, por qué hay gremios que reportan ingresos por $40.000 millones y siguen siendo sin ánimo de lucro, por qué hay cooperativas dedicadas a tercerizar el trabajo, por qué hay cooperativas para vender acero, operar empresas de transporte o manejar fondos de billones de pesos.

Otro de los asuntos clave por revisar es que muchas empresas ‘de bien’ montan su fundación para contratar con esta insumos, personal y servicios. La ventaja: obtener millonarios descuentos tributarios.

El ejemplo lo entregó la misma Dian: una empresa contribuyente paga 24% de renta, 9% de Cree, más la nueva sobretasa. En últimas, de cada $100 que ingresan termina pagando unos $38. En el caso de una fundación, la mayoría lo puede deducir a costos y gastos y, pagar, en el mejor de los casos, $2,5 por cada $100 ingresados. Hagan cuentas.

Así operan

Cualquier persona puede crear una fundación. Necesita una inscripción en la Cámara de Comercio y un propósito. Si reporta en sus libros excedentes por $0, la Dian ni la voltea a mirar. Nadie pregunta quién hace las donaciones ni de dónde provienen los recursos. Juan Ricardo Ortega recuerda que muchas personas crean fundaciones para poner las casas, autos de lujo y gastos suntuarios como parte de su estructura.

“Colombia tiene fallas brutales en su legislación que permiten cosas absurdas como que una cooperativa pueda gastar en cualquier cosa: en rumba, trago, ‘fufurufas’ y además lo puede restar como algo que legítimamente disminuyó el excedente. En el mundo civilizado, si hago una carretera puedo restar el costo de la gasolina de la volqueta, las palas, las llantas que se compraron, etc. Pero no el viaje a Miami con la familia, o el carro de la señora, o el colegio de los niños, en Colombia todo eso se puede deducir”, explica Ortega.

Ni hablar del lavado de activos. La Uiaf también tiene identificado el modus operandi de las personas que se amparan en fundaciones u otras Entidades sin Ánimo de Lucro (Esal) para lavar activos o financiar terrorismo.

Por ejemplo, se detectó el desvío de recursos públicos a través de contribuciones o donaciones a una Esal para lavar activos, también se describe cómo se lavan activos a través de la compra de títulos valores utilizando las Esal en quiebra. En el documento de la Uiaf se registra la utilización de entidades sin ánimo de lucro de educación ‘para mezclar recursos de origen lícitos e ilícitos’. Los ejemplos planteados por esta unidad representan casos reales y documentados que fueron entregados por el sector financiero a esta entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.


En la mira global

La minería de datos sobre el ‘sifoneo’ de recursos con las Esal– como lo describe Hernando José Gómez, exdirector de Planeación Nacional, es amplio.

El estudio del Banco Mundial (BM) El gasto tributario en Colombia, publicado en 2012, describe muy bien esta situación. “Las empresas del Régimen Tributario Especial (RTE) están sujetas a una tributación considerablemente menor (1,1%) en comparación con las empresas del sector con ánimo de lucro (27,7 %). El riesgo de abuso y elusión fiscal está particularmente presente en este régimen. La relativa facilidad para tributar bajo el RTE pareciera abrir múltiples oportunidades de elusión fiscal. Dentro de los abusos más recurrentes se menciona el caso de las entidades educativas”, explica uno de los apartes de la investigación.

Entre las recomendaciones del BM se destacan algunas como: limitar la deducción de donaciones de individuos y personas jurídicas a empresas sujetas al RTE, obligar a los contribuyentes del RTE a informar a la Dian sobre la identidad fiscal de los donantes de contribuciones, aplicar el beneficio del RTE únicamente a aquellos ingresos provenientes de donaciones y fuentes propias y establecer reglas más estrictas para que los contribuyentes puedan estar sujetos al RTE.

Y el BM va más allá. En su informe destaca que en comparación con regímenes similares aplicados en otros países, la legislación tributaria colombiana parece representar un caso especial por las escasas o nulas restricciones aplicables tanto a donadores como a donatarios para obtener beneficios tributarios. “La laxitud de las normas aplicables al sector no lucrativo en Colombia parece abrir amplios espacios al abuso y al beneficio indebido, representando de hecho un cuasi paraíso para la práctica de la planeación fiscal del sector con ánimo de lucro”, agrega el documento.

La Ocde también ha revisado el asunto. A través del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se entrega una serie de recomendaciones a los países para reducir los riesgos. En ese sentido, Colombia sigue con materias pendientes en lo relacionado a control de las Esal.

No hay que perder de vista que hay muchas fundaciones y cooperativas dignas de premios, reconocimientos y aplausos. Sin embargo, el efecto de los ‘colados’ en estas organizaciones es negativo y sataniza todo un sector. Es necesario sacar la lupa, esconder el prejuicio y que el tema se discuta abiertamente en el Congreso. Las Esal son una gran rueda suelta.

Casos emblemáticos

Juan Ricardo Ortega recuerda que el empresario envuelto en el escándalo de la contratación en Bogotá, Julio Gómez, manejaba fundaciones para varios contratos, los hermanos Castaño tenían una fundación para la ‘paz’ de Córdoba y ni hablar de las fundaciones de origen danés que hicieron donaciones a las Farc. “En Colombia hay fundaciones con acciones de clubes de élite, con carros y casas de lujo y con portafolios de inversiones en el exterior que se gastan en el buen vivir de un afortunado compatriota. Todo eso es maravilloso, pero no debería ser sin ánimo de lucro”, afirma Ortega. La publicación Infolaft también documentó el caso de los hermanos narcotraficantes Cifuentes Villa que tienen nexos con el cartel de Sinaloa. “La Policía Nacional reveló que aparecen constructoras, distribuidoras de combustible, hoteles, tiendas de ropa importada, tiendas de café, dos aerolíneas y hasta tres fundaciones que servían para el lavado de activos”.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

TEMAS RELACIONADOS

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?