| 4/27/2017 12:01:00 AM

Control a los bienes en el exterior

Llegó la hora para que las personas con activos en el exterior normalicen su situación tributaria. Dinero le explica cuáles son los riesgos si no se acoge.

A pesar del entusiasmo, es claro que algo pasa con los contribuyentes colombianos, porque los niveles de recaudo y activos declarados es muy inferior al que han logrado otros países. Muchas jurisdicciones han decidido acudir a mecanismos de normalización tributaria, lo que les ha dado grandes beneficios.

En su columna en la edición anterior de esta revista, el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, llamó la atención sobre la necesidad de aprovechar el mecanismo como una forma de jugarle limpio al país. Cita Ortega el caso de otros países que han logrado grandes recaudos de impuestos gracias a estas ventanas de oportunidad para los contribuyentes.

Para la muestra varios botones. En el caso de Argentina, las autoridades lograron atraer US$116.000 millones en activos no registrados, con lo que pudieron recaudar US$9.500 millones. En el país gaucho la normalización estaba atada también a la opción de invertir en bonos del gobierno a tres años pagando intereses cero o bonos a siete años con un interés de 1%; los que no optaran por esta salida deberían pagar 10% de impuesto hasta el 31 de diciembre y 15% a partir del primero de enero.

Una experiencia similar tuvo Indonesia, que convenció a más de 745.000 contribuyentes de que declararan más de US$330.000 millones. Así que los procesos de normalización tributaria se han convertido en una forma de impulsar la transparencia fiscal en muchos países. Según Ortega, Brasil, Chile, Reino Unido, Italia y hasta Estados Unidos han impulsado este tipo de programas.

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Según el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y socio de la firma Posse Herrera Ruiz, Juan Guillermo Ruiz, este tipo de mecanismos ha sido empleado recientemente o se está utilizando ahora mismo en más de 50 jurisdicciones en el mundo (ver recuadro).

La pregunta que queda en el aire es por qué si otros países tienen éxito recaudando mucho dinero en impuestos y normalizando activos, estos mecanismos no producen los mismos efectos en Colombia.

Como ya fue mencionado, el recaudo total podría llegar a $1,7 billones, correspondiente al pago de impuestos por cerca de $16 billones en activos no declarados. Eso está muy lejos de los US$9.500 millones que recaudó Argentina o de los más de US$30.000 millones de Indonesia.

Ruiz explicó que, en el caso de Colombia, los bajos niveles de recaudo pueden estar relacionados con asuntos normativos y con la decisión equivocada de muchos contribuyentes de no declarar todo su patrimonio; para el experto, una decisión errada.

Se ha especulado mucho sobre el valor de los activos que aún están en el exterior, son propiedad de colombianos y no han sido declarados. Se ha hablado de cifras que podrían estar en los US$50.000 millones y otros han apuntado hasta los US$100.000 millones.

Según Rojas, de la Dian, es muy difícil hasta el momento determinar el monto de los activos no declarados, pues apenas se están consolidando los mecanismos suficientes para detectarlos. Lo que sí señala es que con las nuevas herramientas de búsqueda el recaudo por la vía de las sanciones, las multas y los impuestos nuevos pagados se va a disparar.

¿Qué puede explicar que los colombianos no decidan normalizar su situación masivamente? Puede haber varias explicaciones. La primera es que tal vez el volumen de activos en el exterior no sea tan grande como lo esperado. Sin embargo, en un país acostumbrado a la informalidad y a no pagar impuestos, esto podría descartarse.

La otra hipótesis es que tal vez los contribuyentes siguen pensando que no incluir esta información en sus declaraciones no es tan grave y no les temen a las posibles sanciones de la Dian. Sin embargo, esa es una apuesta arriesgada, pues claramente ocultar activos o aumentar los pasivos pueden convertirse en una conducta delictiva.

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El país está haciendo un esfuerzo por sanear sus finanzas públicas. De ahí que haya sido necesario aprobar la reciente reforma tributaria que elevó la tarifa general del IVA de 16% a 19%.

De otra parte, el recaudo tributario viene creciendo de manera importante, lo que muestra que quienes pagan impuestos son los que están sosteniendo el gasto público.

Y este año la tendencia positiva continúa. Según las más recientes cifras de la Dian, a marzo pasado se logró un incremento en el recaudo de 7,4%. Así se obtuvo un cumplimiento de la meta establecida en el plan de acción de la entidad. Es obvio que se destaca el comportamiento del IVA, que registró un crecimiento de 15,2% en el trimestre. Este aumento corresponde con el impacto del aumento en la tarifa de 16% a 19%.

Además, según Rojas, hay un factor clave que es la gestión de la Dian en recuperar cartera de contribuyentes con errores u omisiones en sus declaraciones. Estos hechos explican que, a pesar de que la economía colombiana inició el año con una desaceleración pronunciada en muchos sectores, haya logrado cumplir con sus metas de recaudo tributario.

Esto ratifica que el país ha logrado consolidar un nivel de recaudo importante que fortalece la situación fiscal. Lo que deja en evidencia que hay un grupo de contribuyentes juiciosos que cumplen con sus obligaciones.

De ahí que se justifique este esfuerzo por que todos los que deben cumplir con la tributación lo hagan en las cantidades, en las tasas y en los tiempos exigidos.

Durante mucho tiempo, la sociedad colombiana no ha marcado distancia con quienes tienen malas prácticas en el pago de impuestos. El contrabando, la informalidad y la evasión, si bien eran perseguidos, no eran conductas suficientemente castigadas. Con el proceso de normalización, el país debe dar por cerrado ese ciclo y abrirse a exigencias básicas para que todos los ciudadanos cumplan con las normas. Además de la estabilidad fiscal y la buena salud del erario, está en juego una nueva pauta de comportamiento, un principio que está en la base de todas las sociedades desarrolladas: que cada uno de sus miembros contribuya con lo que le corresponde de acuerdo a sus posibilidades y que no hacerlo viola una elemental regla de convivencia.

Sin importar cuál fuera la razón de quienes mantenían ocultos sus activos, llegó el momento de ponerse al día.

Quienes piensan en no aprovechar la oportunidad deberían reconsiderarlo, pues es la última vez que la ventana de oportunidad estará abierta: la presión de la sociedad, de las autoridades y de los mercados financieros internacionales será implacable para perseguir esos patrimonios.

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En materia de normalización de activos, la suerte está echada y quienes persistan en esas prácticas estarán jugando contra el país entero, una apuesta que es cada vez más arriesgada.

‘Cerca de 50 países han aplicado este mecanismo’

El presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Juan Guillermo Ruiz, explicó las implicaciones de este mecanismo de normalización tributaria.

Colombia no es el único país que ha decidido abrir una ventana de oportunidad para que sus contribuyentes normalicen su situación tributaria. Según el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y socio de la firma Posse Herrera Ruiz, Juan Guillermo Ruiz, la normalización es un mecanismo “que en este momento se está aplicando con distintas denominaciones en por lo menos 50 países; así que no es extraño en la práctica internacional. Lo han hecho jurisdicciones como Estados Unidos, España, Chile, México, Argentina y Japón; la meta es regularizar el cumplimiento tributario de los residentes fiscales que por distintas razones no han incluido activos en sus declaraciones”, explicó. Por eso, considera que esta es una herramienta conveniente, porque permite el cumplimiento tributario, que es el objetivo fundamental de toda autoridad de impuestos.

De acuerdo con él, que en Colombia hasta el momento no se haya tenido tanto éxito como en otros países tiene varias explicaciones. En primera instancia, porque el régimen tributario colombiano no exigió, en materia de normalización de activos, que las personas residentes declararan el activo consolidado, mientras en otros países la normalización incluyó esa obligación. “En Colombia el cumplimiento se da respecto a la declaración de los activos directos, no de los indirectos”, explicó. Además, en Colombia, la obligación señala que el valor bajo el cual se declara el activo es el del costo y esto genera diferencias respecto del valor de mercado.

De otra parte, aseguró que todavía hay muchas personas que, o bien no confían en las autoridades tributarias colombianas, o bien quieren seguir manteniendo sus bienes en el exterior sin declarar. “No comparto eso. Pero es cierto que hay familias que no confían en la institucionalidad tributaria del país y siguen pensando en estructuras que les permitan ocultar esos activos, estructuras que no favorecemos pero que son una realidad”, aseguró.

Para esos casos, dijo, cada vez va a ser más difícil ocultar esos patrimonios, pues muchos países han establecido mecanismos para cruzar información. El experto explicó que quienes no opten por normalizar hoy van a tener mayores costos y más problemas en el futuro. “Creo que el peor error que puede cometer una familia es desconocer la tendencia internacional de transparencia; buscar alternativas de ocultamiento patrimonial les puede resultar mucho más costoso y difícil de manejar en el futuro; soy un convencido del cumplimiento tributario”, comentó.

La factura electrónica

Otro mecanismo eficaz de control para las autoridades va a ser la implementación de la factura electrónica. Según el director de la Dian, Santiago Rojas, el programa piloto funciona bien y los primero operadores quedarán habilitados en las próximas semanas. Eso permitirá empezar a comercializar los servicios de factura electrónica; en el programa piloto hubo casi 30 operadores.

Lo importante del proceso es que al momento de la venta de cualquier bien o servicio, la factura “viaja inmediatamente a la Dian. La factura electrónica es neutral para el usuario, porque se la pueden dar física o enviársela al correo electrónico. Pero lo clave está para el control fiscal, pues la operación se hace electrónica y llega a los servidores de la Dian automáticamente”.

Más información

Cada día el país cuenta con más fuentes de información para cruzarla con otras jurisdicciones y detectar contribuyentes que no están cumpliendo con sus obligaciones. De entrada, hay 106 países que han suscrito el Pacto por la Transparencia, que obliga al intercambio de información fiscal de sus residentes. El próximo año Panamá empezará a entregar información en este marco de condiciones. El país cuenta con los siguientes acuerdos bilaterales: CAN (Perú, Ecuador y Bolivia), España, Chile, México, India, Portugal, Corea del Sur, República Checa, Canadá, Estados Unidos y Suiza (el intercambio está limitado a asuntos penales).

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