| 6/3/1999 12:00:00 AM

¿Y la deuda empresarial?

La crisis de las entidades financieras tiene una contrapartida: el colapso de las empresas por la carga de la deuda. Este es el problema de fondo hacia el largo plazo.

Cuando se habla de "crisis financiera", casi siempre el tema se limita a mirar el sector financiero. De hecho, el foco de la atención y de las políticas del gobierno para la crisis que atravesamos es la cuestión de cómo reducir la carga de los activos improductivos en los balances de las entidades financieras. Esto es natural, pues Fogafin, que es la entidad que existe para manejar estas situaciones, tiene el mandato primordial de proteger los depósitos del público en las entidades financieras.



Sin embargo, en la dinámica de la crisis se nos está olvidando la contrapartida obvia: las empresas endeudadas. Las soluciones que se están aplicando ayudan, por supuesto, a los deudores, pero ellos no son vistos como el corazón del problema. En la medida en que el sistema financiero reduzca su carga de activos improductivos, se espera que el crédito a las empresas se normalice. Pero el esquema supone que las soluciones para los acreedores ocurrirán como un subproducto de la solución de los acreedores; algo que se dará automáticamente si todo lo demás sale bien.



Esta visión puede ser demasiado limitada. En realidad, en muchos casos, el resultado será exactamente el contrario: en la medida en que los bancos encuentren la forma de descargar sus activos improductivos, se cerrará definitivamente el acceso al crédito para muchas empresas que hoy siguen recibiendo refinanciaciones como parte del maquillaje del balance. Otras empresas que podrían tener perspectivas hacia el futuro se verán afectadas por la resistencia de los bancos a prestar, después de la experiencia límite que están pasando ahora. Además, no va a haber muchos recursos para dar arranque a una nueva fase de desarrollo empresarial. ¿Qué hacer con la deuda de las empresas?



¿Quién está debiendo la plata?



Lo primero que hay que hacer es examinar las cifras del problema. Es curioso que en un país donde las estadísticas financieras son tan abundantes como en Colombia, los analistas no manejen rutinariamente un conjunto de indicadores de deuda empresarial. Las cifras que aparecen aquí fueron preparadas especialmente por Dinero para este informe, gracias a la colaboración de la Superintendencia de Sociedades en el suministro de la información básica.



El sistema financiero colombiano mostraba a fines de abril de 1999 un agudo problema de cartera improductiva. Si bien los deudores de vivienda son los que se llevan la atención de los periódicos, el mayor crecimiento de la cartera improductiva se ha concentrado en la deuda de las empresas.



¿Quién tiene esa deuda? Está muy concentrada en las grandes empresas. Las 500 empresas más grandes representan el 83,6% de la cartera comercial del sistema financiero y casi el 30% de la deuda externa privada. Los sectores de telecomunicaciones y transporte concentran una parte significativa de la deuda empresarial. Y ésta se concentra sensiblemente, además, en las empresas más grandes de las grandes. El 69% de la deuda se concentra en las 50 empresas más endeudadas y más del 80% en las 100 empresas más endeudadas.



En el último año, las empresas aumentaron enormemente su deuda. La deuda financiera de las 500 empresas más grandes aumentó 150% entre 1997 y 1998. Se destacan el aumento del 422% en el sector comercial y el del 318% en el sector automotor. Con las altas tasas de interés, el servicio de la deuda se hizo muy costoso. En las empresas registradas en Bolsa, los egresos financieros netos representaban en 1994 el 23% de las utilidades netas. El peso del servicio de la deuda subió vertiginosamente. A finales de 1998, equivalía a cuatro veces las utilidades y en el primer trimestre de 1999, era ocho veces las utilidades.



El deterioro patrimonial de las empresas (antes de la crisis había $1,5 de patrimonio por cada peso de deuda, ahora hay $1,5 de deuda por cada peso de patrimonio) es la explicación más obvia para el reciente y raudo deterioro de la cartera comercial. Las empresas del país tienen, entonces, un problema tan grave, o más, que el que tienen las entidades financieras.



Hacia la reestructuración de deudas



En las experiencias más exitosas de manejo de crisis financieras en el mundo, se ha visto cómo la capitalización de la banca, e incluso la movilización de activos improductivos, pueden ser insuficientes para resolver la situación si no se las combina con acuerdos de reestructuración de deudas y capitalización de las empresas viables, así como con la agilización del retiro de bancos y empresas no viables.



La experiencia internacional también indica que la forma como se deben ejecutar estas acciones complementarias depende de la situación relativa de los bancos y las empresas. Si los bancos fueran fuertes, la reestructuración de deudas podría depender exclusivamente de cada banco acreedor. Pero si no lo son, la reestructuración puede ser mediada por acciones colectivas y acompañada con soportes a la capitalización.



La reestructuración de deudas en gran escala no es fácil de lograr en Colombia. Por un lado, la reacción visceral de los banqueros ante la crisis de una empresa es empujar al máximo para hacer efectiva su garantía, en lugar de buscar cómo hacer viable la empresa hacia el largo plazo. Este comportamiento, que podría ser racional cuando hay un solo acreedor, se vuelve totalmente destructivo cuando se sientan a la mesa más de una docena de banqueros con la misma obsesión en la mente. El resultado, con frecuencia, es el peor de los mundos: ni el banquero recupera el valor de su acreencia ni la empresa logra sobrevivir en el largo plazo.



Para salir de este atolladero, en Colombia hay que trabajar en dos áreas esenciales. Es necesario modificar el marco legal que regula los procedimientos concursales, como el concordato y la liquidación, cuyo carácter engorroso y difícil ha terminado por hacer casi imposible la recuperación de las empresas, debido a la complejidad gubernativa que traen consigo (ver Dinero 79). Pero, además, hay que encontrar una estructura que permita el financiamiento de un gran programa colectivo de capitalización de empresas. Sin una inyección de capital nuevo, la base productiva de este país podría tardar una generación en recuperarse.

En el ámbito legal, la situación está empezando a cambiar y para bien. El Congreso de la República introdujo en el nuevo Plan de Desarrollo un artículo (el número 53) que establece la vigencia de acuerdos preconcursales, el cual castiga a los acreedores que se levantan impacientemente de la mesa de negociaciones y no exploran concienzudamente las alternativas antes de llegar a un concordato. Este mecanismo que permitiría, si el gobierno le da verdaderos dientes, hacer también muy eficaz la reestructuración de deudas.



El artículo hace posible desburocratizar la conciliación, al permitir que los particulares (como la banca de inversión, las cámaras de comercio o incluso los bufetes de abogados) sirvan como árbitros o mediadores para la reestructuración financiera. También facilita los acuerdos entre acreedores, pues la prelación de créditos que ha frustrado tantos procesos concordatarios puede ser eliminada. La ejecución de los acuerdos se podría facilitar, al hacer uso de fiducias para el manejo de los recursos o de las empresas.



Legislar, por supuesto, no es todo. Se necesita también un cambio de actitud de los banqueros en el manejo de estas situaciones, para que aprendan a explorar el potencial de las soluciones colectivas. La experiencia internacional, que sigue los lineamientos de las llamadas "London Rules", demuestra la conveniencia de que la banca en su conjunto desarrolle protocolos de trabajo concertados, que minimicen los conflictos. La Superintendencia Bancaria podría estimular el desarrollo de estos acuerdos, si reduce los castigos de cartera para los préstamos de empresas que tienen acuerdos preconcursales vigentes.



Este cambio de actitudes básicas parece difícil, y lo es. Pero la información estadística nos da un orden de magnitudes del problema. Dada la concentración de la deuda en relativamente pocas grandes empresas, con el desarrollo de 50 ó 100 acuerdos preconcursales de reestructuración de deudas nuestro sector productivo podría salir al otro lado. El número de acreedores grandes y de bancos comprometidos no es tan amplio como para pensar que una solución por esta vía sea imposible.



Inyectar capital



Aparte de reprogramar flujos de pago, es esencial impulsar programas de capitalización que abran el acceso a recursos nuevos para avanzar hacia el largo plazo.



Para lograr la capitalización de las empresas del sector real, hay que desplegar una serie de instrumentos. Hoy conviene más que nunca legislar para que toda reinversión de utilidades sea exenta de impuestos. Se requieren también estímulos tributarios para la emisión y adquisición en el mercado de capitales de bonos convertibles en acciones, habilitar la capitalización de cesantías y pasivos laborales en las empresas, y remover las restricciones para la inversión permanente del sector financiero en las empresas en las cuales ha corrido riesgos.



Pero la capitalización puede requerir, como fue el caso de las medidas de Esteban Jaramillo en los 30, de Roberto Junguito en los 80 y de las recientes de México -como anotaba Fernando del Olmo en el reciente seminario de Prospectiva Económica de Dinero y Javier Fernández-, la facilitación y financiación pública de la capitalización privada. El gobierno podría adaptar algunos elementos de esas soluciones y adecuarlos a las necesidades de hoy.



Una solución novedosa y oportuna sería privilegiar el acceso a los recursos de capitalización para aquellas empresas que se comprometan con un plan de incremento de su competitividad internacional y sus ventas externas. Podría aprovecharse el amplio potencial de endeudamiento que tiene Bancoldex, y que no ha utilizado nunca, para obtener recursos internacionales dirigidos a la capitalización de empresas productivas orientadas hacia el mercado internacional.



En un modelo parecido al que se está aplicando para financiar por intermedio de Fogafin la descarga de activos productivos por parte de las entidades financieras, Bancoldex podría emitir bonos a tasas cercanas al DTF, que serían tomados por las empresas mismas, por los bancos acreedores o por inversionistas interesados en la recuperación de las empresas. Los bonos de Bancoldex se convertirían en el medio de pago empleado para la capitalización de empresas.



Los beneficios de este tipo de capitalización se mantendrían siempre y cuando las empresas cumplan metas financieras y de exportaciones incorporadas en planes de desempeño. Al acogerse a un programa como éste, las empresas se comprometerían a capitalizar con sus recursos o los recursos de sus accionistas y a no repartir dividendos por los siguientes 5 años. Los tomadores de los bonos y compradores de las acciones (bancos, corporaciones financieras o banca de inversión) se comprometerían, para pagar los bonos, a realizarlas en el mercado de capitales en pocos años.



Al incorporar capital y agentes nuevos a empresas exportadoras en dificultades financieras, se puede poner al país en el camino para resolver simultáneamente sus dificultades financieras, externas y de creación de empleo.



Correr con la agenda



Llegar a soluciones prácticas depende de la participación de muchos. Para el desarrollo de los acuerdos concursales, la Asociación Bancaria podría liderar el desarrollo de protocolos sanos que faciliten la recuperación de las empresas. El Supersociedades debería poner dientes y ambición en el decreto que reglamente el nuevo artículo del Plan de Desarrollo. Para evitar ser un acto inútil, la ley de reforma financiera podría incluir un nuevo capítulo que abra nuevas posibilidades, con estímulos tributarios a la capitalización de las empresas, los accionistas y los trabajadores y a la emisión y compra de bonos convertibles en acciones, así como al desarrollo legal de agentes independientes gestores de cartera improductiva.



Por último, no estaría mal que las autoridades y los empresarios piensen seriamente en el desarrollo de una ley de intervención económica para recuperar empresas, rompiendo las asimetrías de poder que la legislación vigente contempla entre los accionistas de control, los acreedores y los accionistas minoritarios, al establecer nuevos estándares de contabilidad y reporte y desarrollar nuevos procedimientos concordatarios competitivos.



A problemas nuevos y urgentes, soluciones creativas. Si se olvida la atención a la normalización financiera de las empresas, la crisis financiera se puede prolongar más de la cuenta y, paradójicamente, resultar mucho más costosa de lo que el país ha pensado.
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