| 7/9/2004 12:00:00 AM

Una Ley para tener en cuenta

A pesar de haber sido expedida en 2001, solamente ahora los colombianos están empezando a entender las implicaciones de la Ley Patriota de Estados Unidos.

Tras el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas en la ciudad de Nueva York, el Congreso de Estados Unidos expidió la Ley Patriota, "Patriot Act", el 24 de octubre de 2001, con el fin de combatir el terrorismo dentro y fuera del país.

La Ley consta de 10 capítulos, uno de los cuales, el número III, trata específicamente el tema de lavado de dinero. En él se estipula una serie de delitos para entidades financieras, empresas y personas que a juicio de las autoridades estadounidenses estén involucradas en el negocio de lavado de dinero.

Para los ciudadanos colombianos, esta ley había pasado inadvertida. Pero a raíz de la operación Dólar Blanco, que tuvo lugar en mayo de 2004 y en la que un grupo de personas fue capturado, en el país se empezó a sentir el posible impacto de esta ley.

Anteriormente, las injerencias de Estados Unidos en el tema del lavado de dinero se habían limitado a la confiscación de fondos de procedencia dudosa y embargo de cuentas. En la operación Dólar Blanco, sin embargo, de acuerdo con el consultor Clemente L. Vásquez-Bello, de la firma Gunster Yoakley, de la Florida, y quien se refirió al tema en la reunión de la Convención Bancaria en Cartagena, el gobierno de Estados Unidos decidió no solo perseguir los dólares físicos provenientes del narcotráfico sino también a las personas que compran estos dólares en el mercado libre colombiano.

Específicamente, según el consultor, el caso Douer, en el marco de la operación Dólar Blanco, fue utilizado por el gobierno estadounidense para señalar que está dispuesto a proceder contra cualquier persona y/o empresa que compre dólares en el mercado libre colombiano, al cual denomina mercado negro, independientemente de cuál sea su posición en la sociedad.



Implicaciones de la Ley

En su presentación, Vásquez-Bello fue muy claro al indicar los riesgos que se derivan de la Ley Patriota, tanto para las personas como para las empresas y entidades financieras. En cuanto a las personas, la ley establece como delito federal el ser dueño de, controlar, manejar, supervisar y/o dirigir un "negocio de remesas sin licencia". Por negocio de remesas se entiende cualquier envío de fondos hacia o desde Estados Unidos por giro cablegráfico, cheque, letra de cambio, telefax o mensajero.

Por negocio de remesa sin licencia se entiende cualquier negocio que opera de manera ilegal en Estados Unidos, donde se efectúa esa actividad o que opera sin haber sido registrado ante el Secretario del Tesoro o el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

Esto significa que cualquier persona que posea una cuenta bancaria en Estados Unidos y que, como negocio, efectúe transacciones de venta y compra de divisas por medio de la misma sin licencia está incumpliendo la ley y puede ser procesada penalmente. De igual forma, Vásquez-Bello recomienda que cualquier persona que compre un giro o transferencia con destino a su cuenta en Estados Unidos, le solicite al vendedor la licencia que lo autoriza para operar en ese país con el fin de evitar que su cuenta pueda verse involucrada en una investigación de narcotráfico. Esto porque la ley exige que las casas de cambio y los remesistas extranjeros que mantengan cuentas con bancos en Estados Unidos para negociar con remesas deben cumplir los requisitos de licenciamiento y registro para evitar un encausamiento penal.

Las entidades financieras colombianas que operan por medio de filiales o sucursales en Estados Unidos también podrían verse involucradas en una investigación penal, en caso de que a una cuenta de su banco lleguen recursos vinculados con el narcotráfico. Si esto llegara a suceder, el FinCEN podría confiscar los recursos y abrir una investigación contra el banco.

De hecho, algunos países se han visto involucrados en situaciones de este tipo. Es el caso de Nauru, pues el 12 de diciembre de 2002 el Secretario del Tesoro de Estados Unidos le notificó que por ser una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero ilícito impondría restricciones sobre las transacciones financieras que se originan y/o cruzan por esa isla micronesia.

De igual manera, el 18 de mayo de 2004, el Secretario del Tesoro notificó que el Commercial Bank de Siria y su subsidiaria Syrian Lebanese Commercial Bank son instituciones financieras consideradas de alto riesgo de lavado de dinero y un conducto de financiamiento de organizaciones terroristas. El Secretario anunció que impondría sanciones contra esos bancos, que les impedirán mantener cuentas en bancos e instituciones financieras estadounidenses.

Hay, sin embargo, una muy clara diferencia entre el compromiso de las autoridades de esos dos países en el tema del lavado de activos y las autoridades colombianas. Desde cuando se liberó el mercado cambiario, a comienzos de los 90, las autoridades cambiarias han sido muy rigurosas en el seguimiento de las operaciones que se realizan en él. La Ley 9 de 1991 establece la posibilidad para los colombianos de poseer activos en dólares siempre y cuando los declaren ante el fisco y puedan probar su procedencia. Si esto no sucede, las autoridades pueden incautar estos recursos, además de imponer las sanciones del caso.

Por su parte, los bancos son muy cautelosos con sus clientes y en el caso de las sucursales en el exterior, en principio, no debería haber mayor riesgo pues no captan recursos del público en Estados Unidos y son utilizadas para el manejo de las cuentas de sus clientes.

En cuanto a las personas, el indicador más claro para sospechar de la procedencia de los recursos es el precio. Si está muy por debajo de la TRM, que es la tasa oficial del mercado cambiario, es muy probable que sean recursos ilícitos que están buscando ser blanqueados.

En últimas, buena parte de la rudeza de la Ley Patriota, con respecto a Colombia, se debe a la interpretación que tiene el gobierno de Estados Unidos del mercado cambiario colombiano. En su presentación en Cartagena, el consultor Vázquez-Bello mencionó que en dos ocasiones, noviembre de 1997 y junio de 1999, las autoridades estadounidenses publicaron por medio del FinCEN advertencias oficiales a los bancos e instituciones financieras de ese país anunciando que el mercado "negro" colombiano, que de hecho no existe, es utilizado por los carteles del narcotráfico para lavar los fondos provenientes de la venta de drogas.

De acuerdo con Vásquez-Bello, parte de la estrategia de la operación Dólar Blanco era declararle la guerra al mercado "negro", que opera por intermedio de las casas de cambio, para eliminarlo por considerarlo un conducto de lavado de fondos del narcotráfico.
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