Tiempo de cambiar

| 11/23/2001 12:00:00 AM

Tiempo de cambiar

Luego de dos años, la Ley 550 muestra sus bondades y problemas. Es tiempo de afinarla y de pensar qué hacer cuando expire su vigencia.

Las cifras son contundentes . Desde su puesta en marcha a principios del 2000, 245 de las 538 empresas que se han acogido al mecanismo de negociación establecido por la Ley 550 de 1999, han firmado acuerdos de reestructuración tendientes a facilitar su recuperación en el mediano y largo plazo. De este modo, los acreedores de empresas con activos por $3,2 billones, que generan cerca de 32.000 empleos, lograron concertar la reprogramación del pago de más de $2,3 billones en pasivos. Los acuerdos, que incluyen empresas de todos los tamaños y pertenecientes a diversos sectores de la economía, se firmaron en el marco de un proceso eficiente y poco litigioso. Según la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades), el porcentaje de objeciones en procesos de Ley 550 se redujo en 99% con respecto al de los concordatos.



A pesar de sus innegables ventajas, los dos primeros años de la aplicación de la ley han puesto de manifiesto ciertos problemas prácticos que afectan la celeridad con que se llevan a cabo los procesos de negociación (ver recuadro), a la vez que han evidenciado serios problemas de fondo que ponen en entredicho el logro de su principal objetivo: recuperar empresas viables.



En medio de la recesión económica y ante la inminencia de múltiples concordatos, el gobierno expidió la Ley 550 de 1999 como mecanismo de emergencia tendiente a agilizar la reestructuración operacional y financiera de empresas en crisis. Este marco legal perseguía dos objetivos: equidad y concertación. Para que el proceso de toma de decisiones fuera más equitativo, la ley fijó un nuevo esquema de negociación en el cual gobierno, accionistas, empleados, proveedores y entidades financieras fungen como acreedores en igualdad de condiciones cuyo derecho a voto se establece según el monto de sus respectivas acreencias. Con el fin de facilitar la firma de un acuerdo concertado, la ley creó la figura del promotor, un mediador independiente y neutral encargado de examinar y elaborar las proyecciones financieras de la empresa y de proponer y evaluar fórmulas de solución. Para ciertos participantes en los procesos, la aplicación de estos elementos no ha sido satisfactoria.



Equidad cuestionada



La equidad de los acuerdos alcanzados hasta el momento ha sido bastante cuestionada por parte de diversos actores del sector privado, que consideran que estos favorecen desigualmente los intereses de algunas partes. De este modo, para muchos bancos, la ley 550 lesiona sus intereses, pues esta, a diferencia de lo que sucedía bajo el concordato, no les reconoce prioridad de pago a las acreencias respaldadas por garantía real. Lo contrario sucede con la Dian, cuyas acreencias, además de tener prelación en el pago, reciben intereses y moras durante la fase de negociación, lo que no ocurre con las demás.



Otros, en especial los acreedores pequeños, negocian bajo condiciones menos favorables que ponen en entredicho la continuidad de sus operaciones. Según la ley, una vez iniciado el proceso de acuerdo, la empresa solo puede atender los gastos relacionados con el giro normal del negocio, para lo cual debe demostrar ante la respectiva superintendencia su urgencia, necesidad y conveniencia. "Suele ser complicado demostrar estos criterios para pagarles a algunos acreedores minoritarios. Generalmente, se trata de proveedores pequeños, cuyos estrechos márgenes y reducida capacidad financiera les impiden sobrevivir con su cartera atrasada durante la fase de negociación. Para muchos de ellos, tener más de un cliente en Ley 550 significa el fin", comenta el consultor financiero Omar Jiménez, quien se desempeña como promotor de algunas empresas.



Negociación empantanada



El logro de acuerdos concertados que armonicen los intereses de los acreedores ha sido complicado. Si bien las negociaciones de este tipo son inherentemente complejas, para algunos observadores ciertos elementos de la ley contribuyen a entorpecerlas aún más. Para David Gleiser, experto en negociación de la Corporación Calidad, el mecanismo de votación establecido por la ley, en el que la mitad más uno de los votos admisibles basta para cerrar el acuerdo, no es el más indicado para lograr acuerdos grupales. "La experiencia internacional muestra que, en negociaciones entre grupos, los esquemas de votación por mayorías incentivan un juego de coaliciones entre los diferentes participantes, el cual, en lugar de incentivar la conciliación de intereses necesaria para culminar el proceso exitosamente, propicia luchas de poder que dificultan el alcance de acuerdos satisfactorios para las partes". En opinión de Gleiser, la votación de la mayoría debería contemplarse en la ley solo como recurso de última instancia, que sería aplicable una vez se hayan agotado las posibilidades de llegar a un acuerdo unánime previo en un tiempo determinado.



La ausencia de un proceso técnico exigente para determinar la viabilidad de las empresas es otro punto de preocupación. En teoría, la Ley 550 está dirigida a facilitar la recuperación de empresas viables. Sin embargo, para expertos como Jaime Vargas, de Andersen Legal, "es claro que no todas las empresas que se acogen a la ley lo son. Muchas están comprando tiempo, apostándole a la recuperación económica".



En el centro de esta controversia se encuentra la figura del promotor, que ha sido blanco de críticas por parte de diversos actores que cuestionan la idoneidad de las personas que se han seleccionado para tal fin. "Los promotores deben tener experiencia como negociadores así como una sólida formación en procesos de reestructuración empresarial, lo que constituye un perfil muy escaso", comenta José Octavio Zuluaga, conciliador de la Cámara de Comercio y actual promotor de la Supersociedades. Para el gerente de recuperaciones de un importante banco, que solicitó mantener su nombre en reserva, esta escasez es patente. "Son pocos los promotores expertos en negociación. La mayoría desconoce los aspectos fundamentales del negocio y suele tomar partido a favor de algunas partes". A pesar de estos comentarios, las quejas contra los promotores no se han canalizado formalmente mediante los procedimientos que contempla la ley. Según funcionarios de la Supersociedades, de las 538 empresas en acuerdo, hasta la fecha tan solo se han cursado 4 solicitudes de remoción y 4 recusaciones.



Recoger lo aprendido



Los dos últimos años han sido la prueba de fuego para la Ley 550 como mecanismo de emergencia en tiempos de crisis. Parte de su cometido se ha cumplido. Bajo el esquema concordatorio existente hasta 1999 habría sido imposible procesar en tan corto tiempo las 538 compañías admitidas en reestructuración y los 245 acuerdos celebrados. Sin embargo, la recuperación efectiva de las empresas aún está por verse. Esto estará determinado por la capitalización de las empresas reestructuradas, que hasta el momento ha sido notoria por su escasez ($14.880 millones hasta junio del 2001), y por la voluntad y compromiso de los diferentes actores de la negociación.



Este último punto es especialmente relevante. La Ley 550 es tan solo una herramienta y como tal sus resultados dependen de la manera en que las partes interesadas la utilicen. De ellas depende determinar la viabilidad de la empresa y diseñar un acuerdo que represente sus intereses. Para el superintendente Jorge Pinzón, "los promotores --igual que empresarios, banqueros y funcionarios públicos-- son 'de lo que da la tierra'. La ley debe asumir que quienes actúan como mayoría en los acuerdos votan racionalmente y de buena fe".



Ciertamente, la ley 550 se debe mejorar. Aspectos como el régimen de garantías, la ponderación del voto de algunos participantes y el equilibrio en la decisión mayoritaria ameritan una profunda revisión. No obstante, a estas alturas, la discusión se debe centrar en lo que vendrá después del 2004, cuando finalice la vigencia de la ley. Para Pinzón, se requiere recoger lo aprendido durante los dos últimos años y aplicar las mejores prácticas de otros países para reformar integralmente el régimen de insolvencia, de manera que incluya un mecanismo de recuperación --sea concordato o Ley 550-- más eficiente y que contemple un mecanismo liquidatorio más ágil y transparente.



En menos de 2 años, 245 empresas firmaron acuerdo y 358 definieron derechos de voto. Desde el primer año de aplicación, la Ley 550 demostró su eficiencia frente a los concordatos.X Noviembre 23 del 2001 Dinero









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Problemas prácticos



Uno de los objetivos de la Ley 550 era agilizar la reestructuración empresarial, que bajo un concordato solía tardarse años. Para tal fin, la ley fijó al proceso de negociación un plazo de 8 meses, al cabo de los cuales la empresa debería liquidarse de no llegarse a un acuerdo. Sin embargo, actualmente los procesos se alargan entre 4 y 8 meses adicionales, debido a la incapacidad de la Supersociedades para procesar rápidamente las objeciones a los acuerdos presentadas por las partes, lo que afecta a diversos acreedores que no reciben sus pagos durante el curso de la negociación.



Otro factor que obstaculiza la negociación se relaciona con el cálculo de las acreencias de los fondos de pensiones y entidades promotoras de salud, especialmente las públicas, cuyas desactualizadas bases de datos dificultan notablemente su conciliación.



El texto mismo de la ley presenta algunos vacíos que entorpecen el proceso de negociación. Según esta, una vez admitida en acuerdo de reestructuración por la Supersociedades, la empresa puede solicitar ante un juez la suspensión temporal de los procesos ejecutivos en su contra, lo que le permite disponer de los recursos que tiene embargados. Sin embargo, la realidad es bien diferente. La norma no define claramente el concepto de suspensión, por lo que su interpretación por parte de los jueces suele apartarse de sus objetivos iniciales en detrimento de la empresa.



La ley tampoco reglamentó los bienes en operaciones leasing ligados a las empresas en procesos de reestructuración. De este modo, las compañías de leasing están habilitadas para iniciar procesos de restitución sobre estos bienes, situación que ha dificultado la negociación en muchas empresas en las que buena parte de sus activos productivos se contrata mediante esta figura.
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