| 7/2/1999 12:00:00 AM

Se armó la Superbancaria

La reforma financiera le da instrumentos a la Superbancaria para intervenir entidades en las fases tempranas de una crisis. Pero la crisis actual pasó por esa fase hace rato.

La reforma financiera ha llegado tarde, por lo menos para que su verdadera utilidad se vea en la actual coyuntura del sector financiero colombiano. El proyecto de ley que acaba de aprobar el Congreso, presentado por el Gobierno anterior, se demoró 2 años en su trámite por el órgano legislativo. Mientras se discutía en comisiones y plenarias, en la calle ya varias entidades habían pasado el punto de no retorno.



La reforma modifica un buen número de artículos contenidos en el Estatuto Orgánico del Sector Financiero, para otorgarle facultades al Gobierno en áreas como la financiación de vivienda, la vigilancia y el control de los diferentes entes financieros.



Pero una de las áreas de mayor trascendencia en el largo plazo es la reforma de los artículos relacionados con la intervención de entidades, que eliminan las limitaciones que tenía la Superbancaria para actuar con anticipación cuando una entidad mostraba deterioro en sus indicadores.



El objetivo es agilizar todas las actuaciones de la Superintendencia. Aunque ésta hace un seguimiento permanente con base en indicadores de liquidez, solvencia y tasa de interés, la legislación anterior no le permitía intervenir antes de que las dificultades se manifestaran en la cesación de pagos o el incumplimiento reiterado de obligaciones. Mejor dicho, la intervención se estaba dando cuando ya no había nada qué hacer.



Además, la reforma amplió el espectro de las medidas previas a una intervención, como los programas de recuperación para las entidades financieras viables. Y, en cada intervención, la Superbancaria tendrá un límite de tiempo para determinar si la firma tiene viabilidad, en cuyo caso podría optar por un mecanismo de administración. Si la compañía no tiene salida, pasaría a liquidación, proceso que no podría demorar más de 2 años.



El nuevo marco legal le da una discrecionalidad mucho mayor a la Superbancaria para hacerse cargo, cuando su análisis le diga que una entidad está en problemas. Las medidas son bienvenidas y seguramente van a ser empleadas en los próximos meses. Sin embargo, varias preguntas quedan abiertas: ¿qué hubiera pasado si las facultades hubieran estado disponibles hace uno o dos años? ¿La Super habría actuado con anticipación, con lo cual el costo y la magnitud de la crisis financiera habrían sido menores? ¿O hubiera preferido esperar?



Nos quedaremos sin conocer las respuestas a estos interrogantes. Anunciar tempranamente una crisis financiera, cuando la situación todavía no es totalmente evidente en los balances, es una tarea desagradecida, que siempre traerá innumerables problemas políticos al funcionario que decida hacerlo. Las facultades legales quedan disponibles sobre la mesa, pero las decisiones seguirán dependiendo del valor civil del funcionario de turno.



Modificación en provisiones



El nuevo régimen de provisiones adoptado por la Superintendencia Bancaria también se orienta a mejorar el cubrimiento de las entidades respecto a su cartera total. La implementación de una Provisión Genérica permitirá elevar en cerca del 10% el cubrimiento de la cartera vencida, cuyo nivel promedio en este momento es del 35%.



Esa provisión corresponde al 1% de la cartera bruta de las entidades, lo que le costaría al sistema más de $535.000 millones.



El indicador de Déficit de capital/Capital verdadero (ver Dinero 82) muestra que los problemas de los bancos intervenidos comenzaron hace por lo menos un año. En el futuro, habrá que ponerle más atención a los indicadores tempranos de desempeño financiero.



Sin embargo, y dada la actual situación del sector, esa provisión se realizará gradualmente durante los próximos 36 meses. De esa manera, el valor que tendrán que provisionar los bancos y demás firmas financieras será aproximadamente de $15.000 millones mensuales. Esta provisión puede llegar hasta el 2% de la cartera bruta si así lo aprueba la asamblea de accionistas.
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