| 10/13/2006 12:00:00 AM

Reformar o no reformar

Más que una reforma estructural para mejorar los niveles de profundización y bancarización, el sector financiero necesita buenas políticas.

Desde hace poco más de un año, el gobierno viene hablando de una reforma financiera con el fin de aumentar los niveles de profundización y bancarización. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, crece el consenso entre los analistas e incluso en el mismo gobierno sobre la necesidad de priorizar entre los múltiples objetivos que se tienen para el sector, ya que para lograrlos, las opciones van desde simples decretos hasta modificaciones a la Constitución.

De hecho, la discusión que se está dando alrededor del tema es si las modificaciones requieren una ley o si, por el contrario, se trata de problemas de orden reglamentario y jurídico para los cuales una ley no sería necesaria.

Este es el tema del más reciente debate de Coyuntura Económica, organizado por Fedesarrollo, para responder la pregunta: ¿cuál es la reforma financiera que necesita Colombia?

En el debate participaron Arturo Galindo, asesor del gobierno en asuntos cafeteros; Leonardo Villar, codirector del Banco de la República; Mauricio Cárdenas, director de Fedesarrollo, y Federico Rengifo, presidente de la Asociación de Fiduciarias. Todos estuvieron de acuerdo en que la reforma no era necesaria.

La reforma propuesta
La propuesta del gobierno, presentada por Arturo Galindo, giró alrededor de cinco puntos: derechos de los acreedores, información crediticia, políticas de acceso, estructura del sistema financiero y reformas al sistema pensional y de seguros.

En todos los puntos hubo consenso acerca de la forma como el gobierno viene trabajando, con excepción del tema de estructura, en el que queda claro que el mercado, con varios ajustes a la reglamentación, es el que debe guiar la transformación del sector.

Acreedores
La falta de protección de los acreedores es, para Galindo, uno de los problemas más graves que tiene el sector financiero y que más limita la profundización financiera y la bancarización. De hecho, de acuerdo con el índice de protección efectiva a los derechos de los acreedores, Colombia tiene una calificación de 0, al igual que Argentina y Bolivia.

De acuerdo con Galindo, no solo la ley civil otorga poca prelación a estos derechos, sino que hay fallas en los mecanismos de ejecución de garantías, sesgos en contra de los acreedores en los procesos concursales y rigidez en el régimen legal.

Para avanzar en el tema, el gobierno trabaja en una legislación sustancial y en los problemas de ejecución, pero sobre todo en las modificaciones a la ley 550 de Reestructuración Financiera que es en la que mayores sesgos hay, para lo cual ya presentó al Congreso el proyecto de ley 207/05.

Información
El segundo punto, el de información crediticia, es considerado esencial en la medida en que está comprobado que los registros crediticios desempeñan un papel determinante en el desarrollo de los mercados financieros. De acuerdo con un estudio del BID, el desarrollo financiero de los países que cuentan con registros crediticios es en promedio 9 puntos porcentuales mayor que el de los países que no los tienen. En esta área ya hay un proyecto de ley, el 27/06, presentado por un grupo de senadores.

Acceso
En políticas de acceso, ya se está trabajando en la creación del fondo de las oportunidades, en la expansión de la red bancaria, en la minimización del costo del manejo del efectivo —corresponsales bancarios—, en la eliminación de los topes a las tasas de interés —tasas de usura diferenciales según el tipo de crédito—, y en la creación de cuentas de captación con cargos reducidos.

Pensiones y seguros
En el tema del sistema pensional y de seguros, el gobierno considera que, después de 12 años de implementado, en comparación con otros países, la cobertura es baja, 12% del PIB, y hay además una alta concentración del portafolio de inversión de los fondos de pensiones en títulos de deuda pública, cercana al 50% esencialmente por motivos prudenciales y por la limitada oferta de otro tipo de instrumentos financieros. La oferta de deuda privada solo está empezando a desarrollarse.

Aquí el consenso es que se necesita una armonización de la institucionalidad de los administradores de portafolios de inversión.

Estructura
El punto de estructura es quizás el que más controversia genera entre los analistas, no porque no consideren que tenga problemas, sino porque, a su juicio, su solución no requiere una ley. Según el gobierno hay barreras que evitan la fusión total de las actividades de intermediación y propone las siguientes modificaciones puntuales.

1. Permitir a los bancos ofrecer servicios de leasing de manera directa, así como servicios fiduciarios.

2. Crear un vehículo especializado en el manejo de carteras colectivas.

3. Desarrollar un vehículo comprensivo de banca de inversión, fortaleciendo a los comisionistas de bolsa y eliminando la figura de corporaciones financieras.

4. Permitir a los bancos comerciales la financiación de la adquisición de tomas de control de compañías.

Frente a estas propuestas, los participantes en el debate estuvieron de acuerdo en que debería ser el mercado el que se encargara de las modificaciones necesarias y no la ley.
Según Mauricio Cárdenas, director de Fedesarrollo, el mercado ha llevado a que el sector se vaya adaptando a los requerimientos de cada etapa, sin que en ningún momento haya sido necesaria una ley que obligue a su modificación. Por ejemplo, con la crisis hipotecaria, se obligó a la transformación de las corporaciones de ahorro y vivienda en bancos y también se ha visto gran avance en el tema de fusiones y adquisiciones.

De otra parte, para Leonardo Villar, codirector del Banco de la República, algunos cambios en la estructura general del sistema financiero pueden ser necesarios y convenientes. Sin embargo, considera que los grandes obstáculos para la profundización financiera están más vinculados con temas regulatorios y con el entorno jurídico de la actividad.

Villar recomienda modificaciones de fondo a la regulación en cinco grandes temas: los sobrecostos a la intermediación y el impuesto a las transacciones financieras, los sesgos regulatorios a favor de inversión de portafolio en TES, los límites a las tasas de interés, los obstáculos para la masificación del crédito y el uso de oficinas bancarias y de corresponsales no bancarios y, finalmente, en el proceso regulatorio, la supervisión y los arbitrajes.

Federico Rengifo, presidente de la Asociación de Fiduciarias, se pronunció en este mismo sentido, ya que para él es importante conocer si en la actual legislatura hay un ambiente político que garantice certeza legal, transparencia, unidad de criterio, coherencia y los recursos suficientes para llevar a cabo la reforma. "Muchas de las medidas propuestas podrían ser implementadas vía decreto", afirmó.

Del debate llevado a cabo por Fedesarrollo y del análisis del estado actual del sector financiero queda claro que más que una reforma, que podría enredarse y terminar siendo costosa, lo que se necesitan son buenas políticas, que aumenten los niveles de profundización y bancarización, y garanticen el acceso de las firmas al financiamiento con el fin de estimular su crecimiento y competitividad internacional (TLC con Estados Unidos), aumenten los niveles de eficiencia y promuevan el adecuado manejo de riesgos para preservar la solvencia del sistema.

El sector está hoy en mejor forma que a comienzos de la década, a raíz de la crisis financiera; pero mantiene algunos problemas estructurales que necesariamente deben ser corregidos. Es poco profundo, el grado de bancarización y tiene problemas de eficiencia.

Sin embargo, cuando se mira qué es realmente lo que impacta la eficiencia, se tiene que mucho de ella se explica por la represión financiera —topes a las tasas de interés, inversiones forzosas, encajes, número de entidades públicas con respecto al total de activos del sector, impuesto a las transacciones financieras— y, por tanto, sobre esto hay que concentrarse, porque afectan el margen.
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