| 7/22/2011 8:40:00 AM

¡Rajados!

La posibilidad de que las personas naturales puedan declararse en quiebra, como lo hacen las empresas, todavía no arranca por la falta de reglamentación y otras talanqueras. Hace 18 meses fue sancionada la Ley.

Un año y medio después de que la Presidencia de la República sancionara la ley de insolvencia para las personas naturales, ningún colombiano se ha podido beneficiar. Se trata de la autorización para que las personas se puedan declarar en bancarrota de la misma forma como lo hacen las empresas, con la idea de que suspendan sus deudas por un tiempo mientras negocian un acuerdo de pagos con sus acreedores.

A diferencia de Estados Unidos, en donde la bancarrota para individuos es un derecho constitucional (prueba de ello es que Abraham Lincoln estuvo en esa condición), en Colombia este proceso aún no ha podido arrancar. El principal motivo: la falta de reglamentación de la Ley –la 1380 de enero de 2010–, que desde hace 18 meses está en discusión en el Ministerio del Interior y en la Secretaría Jurídica de Presidencia.

Otra de las trabas está en el costo del proceso. Mientras en Estados Unidos es gratuito y lo maneja la justicia, en Colombia los encargados serán los centros de conciliación y las notarías. El lío está en que bajo este esquema (que también se usa en Francia y Uruguay) quien aspira al proceso debe pagar el costo del mismo. Pero, al tratarse de una persona en bancarrota, es obvio que no tiene los recursos para cubrir los trámites.
El proyecto de reglamentación en discusión propone que cuando las deudas del aspirante a bancarrota sean de un salario mínimo o menos, la tarifa sea de hasta 0,18 salarios mínimos (hoy $9.640). El costo irá subiendo gradualmente hasta llegar a 14,5 salarios ($77.662) cuando las acreencias sumen entre 180 y 200 salarios mínimos (entre $96 millones y $107 millones).

Más allá de la plata

Independientemente de cómo se fijen las tarifas, existen otras talanqueras para que los colombianos se puedan declarar en bancarrota. Al menos eso es lo que piensa Rafael Bernal, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En su concepto, falta aclarar temas importantes como la capacitación de los conciliadores y de los peritos que deben avaluar los bienes de quienes se acojan a la figura, para que, por ejemplo, un apartamento que vale $100 millones no se contabilice por un valor inferior.

Así mismo, el trámite debe ser muy sencillo, pues la persona tiene que llegar con una contabilidad mínima de activos y pasivos (para eso tanto el Ministerio de Justicia, como los centros de conciliación y las notarías deben publicar en sus páginas web modelos de solicitud), pero la Ley dice que eso debe ir firmado por un contador, lo que implica un costo adicional.

Para Luis Guillermo Vélez, superintendente de Sociedades y uno de los defensores de la iniciativa, esta Ley no solo va a beneficiar a los deudores, sino también al país, pues la congestión judicial es uno de los temas que le restan puntos en rankings como el Doing Business.

No obstante, dice que la Ley quedó coja, pues faltó establecer procedimientos liquidatorios en los que se puedan hacer negociaciones no tanto para pagar y ponerse al día, sino para finalizar la deuda por completo y que la persona pueda reincorporarse al sistema económico. Ese es el caso de quien entra en mora porque se queda sin empleo y, después de mucho tiempo sin trabajo, prefiere detener las deudas y pagar vendiendo lo que tiene para evitar que el problema se agrande.

“A diferencia de la dación de pago, en este caso el que negocia cómo finiquitar la deuda es el deudor y no el banco, pero esto requiere de otra Ley”, aclara Vélez.

El representante Simón Gaviria, uno de los autores de la Ley, acepta que faltó incluir la posibilidad del llamado ‘punto final’, pero considera que de todas maneras lo aprobado ya implica un gran avance, más teniendo en cuenta el lobby en contra que ha sufrido la iniciativa. Su plan, cuando arranque la próxima legislatura, es hacer un debate para que por fin entre en vigencia.

Desde Asobancaria, donde admiten que la Ley mejora la posición negociadora de los deudores, dicen que su entrada en vigencia no ha sido urgente porque el país vive un ciclo económico positivo, los precios de las garantías crediticias (como la vivienda) están al alza y la cartera vencida está en mínimos. Pero otra cosa piensan los morosos de buena fe, que desde el año pasado se habían hecho la ilusión de protegerse con la bancarrota, pero tendrán que seguir esperando.
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