| 6/3/1999 12:00:00 AM

"No hay magia que funcione"

Aristóbulo de Juan, el experto que anticipó las dificultades que aguardaban a los bancos colombianos, habló con Dinero sobre la evolución de nuestra crisis financiera.

Aunque desconocido por la mayor parte del público, Aristóbulo de Juan es una figura fuertemente controversial en el sector financiero colombiano. Para algunos, es un profeta que anticipó casi con plena exactitud el curso que seguiría nuestra crisis financiera. Para otros, es un extremista cuyas recomendaciones deberían ser olvidadas a menos que se quiera acabar de tajo con un gran número de entidades financieras en nuestro país.



El "Banco virtual", un informe que dejó De Juan a la Superintendencia Bancaria en 1998, es el responsable de su reputación. Este trabajo sumó las cifras de los estados financieros de cinco entidades financieras de gran tamaño, para crear una entidad que existe sólo en el papel y que, según el análisis del experto, necesitaba más de $5 billones en capital nuevo para ser rescatada de su deterioro. Al extrapolar esa recomendación a la totalidad del sistema, resultaba que el costo de nuestra crisis financiera sobrepasaba con creces los estimativos más pesimistas. Pagar esa cuenta implicaría enormes transformaciones en la composición accionaria de las entidades.



Al margen del alboroto que causó Aristóbulo de Juan en nuestro medio, lo cierto es que se trata de uno de los analistas más agudos y experimentados del mundo en materia de crisis financieras. Ha estudiado el tema en numerosos países del mundo, trabajando tanto para gobiernos nacionales como para las grandes entidades multilaterales, incluyendo el FMI, el BID y el Banco Mundial. Dinero buscó a De Juan en España para conocer sus opiniones sobre los recientes desarrollos de nuestro sector financiero y las medidas que acaba de sacar Fogafin para manejar la crisis.



Su línea de pensamiento sigue siendo la misma de hace un año: éste es un problema que hay que asumir de frente y lo más pronto posible, pues la demora multiplica el costo que hay que pagar al final. De Juan ve grandes virtudes en la solución que ha planteado el gobierno, pero también previene sobre algunos peligros que ella puede acarrear. Por una parte, si no se tiene cuidado, la fórmula podría premiar a algunos banqueros que manejaron irresponsablemente sus entidades en el pasado. Por otra, el gobierno tiene que estar preparado para gastar mucho dinero, probablemente más que el que ha presupuestado hasta ahora, para alcanzar una verdadera solución al problema. Si este gasto no se asume oportunamente, el valor de la cuenta final sería muy superior. La mejor manera de minimizar el costo a mediano plazo es no tener miedo a incurrir en un fuerte costo a corto plazo, afirma.



Usted hizo un diagnóstico muy realista de la situación del sector financiero colombiano en octubre de 1998 y recomendó al gobierno adoptar una línea dura en el manejo de la crisis, para evitar un daño mayor. ¿Cómo percibe la evolución desde entonces?



Desde que terminó mi trabajo, sólo me he enterado del tema por la prensa especializada. Pero es fácil imaginar que puede haberse producido un deterioro creciente, en la medida en que se hayan venido abordando problemas de solvencia con soluciones de liquidez y no con mecanismos de recapitalización.



¿Cuál va a ser el costo final de la crisis?



No puedo darle cifras. Ustedes decían en Dinero que el déficit de capital de los bancos era del 7,3% del PIB en febrero de 1999 y que podría llegar al 10% o al 13% a final de año. Si así fuera y los problemas de los diferentes tipos de entidades financieras se abordaran, el costo podría estar en ese entorno.



Quisiera formular una reflexión, basada en mi experiencia. Lo más costoso para resolver problemas de insolvencia es no hacer nada o tratar de curar la dolencia con simples lenitivos. Los problemas se agravan. El crecimiento del crédito se torna difícil, porque las entidades con fuertes pérdidas corrientes destinan buena parte de sus nuevas captaciones a pagar gastos. Las tasas de interés se disparan y la economía no crece.



Lo micro acaba realimentando lo macro. La factura crece exponencialmente y el fisco acaba teniendo que pagar una fuerte proporción de la misma, quiéralo o no. La mejor manera de minimizar el costo a mediano plazo es no tener miedo a incurrir en un fuerte costo a corto plazo y buscar, como sea, los medios para allegar los fondos necesarios. Se trata de una inversión en la salud del sistema, antes que de un costo.



Si la definición de la política financiera estuviera en sus manos, ¿cuáles serían los campos en los que concentraría sus decisiones? ¿Cuáles decisiones podrían tener la mayor probabilidad de éxito?



El primer paso sería profundizar en el diagnóstico de todas y cada una de las entidades. ¿Hay crisis o no hay crisis? Si hubiera crisis, ¿es general en el sistema o afecta sólo a una parte? ¿Es de liquidez o es de solvencia? ¿Es superficial o es profunda? ¿Deriva sólo de factores macroeconómicos o del mal manejo de las entidades? Sólo un diagnóstico crudo puede crear un consenso entre las autoridades y movilizar la voluntad política para encontrar soluciones.



Se necesita un riguroso diagnóstico por parte de una Superintendencia fuerte. La experiencia dice que el autodiagnóstico que pueda hacer cada banco no sirve, pues cuando un banco va bien es transparente, pero cuando va mal no lo es. Además, hay que decidir si la crisis es solamente imputable a factores macroeconómicos o si contiene entidades que llegaron a la insolvencia por su mal manejo, lo que siempre se da. En este caso, el tratamiento no debe ser el salvamento colectivo, sino un tratamiento muy riguroso, aplicado caso a caso.



El segundo paso es decidir cuáles bancos insolventes deben ser cerrados por falta de viabilidad y cuáles deben ser objeto de recapitalización, y poner en marcha tales medidas.



Lo primero sería la liquidación forzosa de las entidades que no son viables y cuyo riesgo de contagio al sistema no sea alto. Naturalmente, haciendo funcionar el seguro de depósitos.



Después, habría que tratar los problemas de solvencia de los bancos públicos como un problema fiscal, deseablemente al margen de Fogafin. Si es que aún es tiempo. Y una vez saneados, proceder a su privatización.



Por último, habría que abordar la recapitalización de los bancos viables, al exigir a sus dueños el correspondiente aporte de capital. Y cuando esto no se produzca, acudir a la recapitalización vía Fogafin. Pienso que habría que olvidarse del "capital garantía", salvo para breves períodos "puente" en que cumple su función jurídica de evitar la declaración de quiebra. La solución económica y financiera a la insolvencia no es una garantía, sino el capital como tal. Sea por inyección de capital propiamente dicho o por compra de cartera dañada. Tal capital tendría que proceder en buena parte del fisco, ya que los recursos ordinarios de Fogafin son claramente insuficientes y una elevación excesiva de las primas del sistema podría resultar una carga contraproducente para la banca.



En todo caso, si la solución pasa por la asunción de pérdidas por parte del gobierno, es difícil concebir que ello pueda hacerse en beneficio de los propietarios y administradores que gobernaron el banco insolvente. Esto introduciría un fuerte elemento de riesgo moral en el sistema.



El tercer campo sería desencadenar mejoras en la administración y en el manejo de los bancos, en particular en los bancos insolventes. La acción más inmediata sería el cambio de dueños, administradores y/o gerentes en aquellos bancos que no sean recapitalizados por los dueños. Estos cambios suelen inducir mejoras en el resto de la banca, por el efecto demostración que llevan consigo.



A más largo plazo, un importante germen de mejora es el buen funcionamiento de los controles internos y la aplicación rigurosa de un sistema de provisiones y de interrupción en la causación de intereses de riesgos problemáticos.



¿Qué se ha aprendido en el mundo sobre las mejores formas de movilización de activos improductivos? ¿En manos de quién debe quedar esta responsabilidad? ¿Con qué financiación? ¿Con qué subsidio?



Hay varias fórmulas que pueden funcionar bien. Pueden ser financiadas por el propio sistema financiero, si la crisis es muy superficial. Pero, en mi opinión, si es profunda, el fisco debe asumir pérdidas. No como subsidio o salvamento para los dueños que no recapitalizaron los bancos, sino para asegurar la estabilidad del sistema y para hacer posible que un nuevo inversionista de calidad se haga cargo.



Hay varias modalidades de movilización de activos improductivos. En primer lugar, cuando un organismo recapitalizador público compra los activos malos, lo hace a valor en libros y asume las pérdidas pendientes de provisiones y las materializa al liquidar el activo. Una vez segregados estos activos, o "banco malo", el propio organismo recapitalizador puede administrarlos y liquidarlos, si tiene el personal adecuado; o bien el propio "banco bueno", por delegación, una vez adquirido por un buen inversionista y mediante un incentivo adecuado que estimule una liquidación eficaz.



En segundo lugar, los activos malos pueden ser comprados por entidades públicas o privadas constituidas ad hoc, las cuales lo harían a precio de mercado y podrían incluso buscar un beneficio en la liquidación de tales activos por mecanismos de mercado. Pero en este caso, si compran a precio de mercado, dejan la pérdida en el banco. Debería actuar paralela y simultáneamente un mecanismo de recapitalización complementario, como los ya mencionados.



La peor fórmula que yo conozco -por lo que tiene de ficticia- es la aplicada en Japón durante varios años de esta década, para resolver su crisis. La fórmula consistió en que los bancos -por separado o en conjunto- creaban una o varias filiales a las que desplazaban sus activos malos, con enormes pérdidas no provisionadas, que dejaban de contabilizar en sus libros y que no eran consolidadas. Naturalmente, la pérdida no se eliminaba, económica ni financieramente. Y al final, ya en 1998, la banca y el gobierno japonés han tenido que reconocer la realidad y resolver el problema con ingentes cuantías de fondos fiscales. Claro que peor aún sería crear esas filiales, fondeándolas con créditos de terceros, a veces del propio gobierno. El mecanismo podría tener apariencia de solución, pero tampoco eliminaría las pérdidas no provisionadas que causaron la insolvencia y los créditos resultarían fallidos en última instancia.



¿Qué dice la experiencia mundial sobre las mejores formas de hacer reestructuración de la deuda?



No veo mal las reestructuraciones caso a caso, deudor a deudor. Este procedimiento siempre ha existido en las prácticas bancarias ordinarias, como fase previa a los concordatos o como parte de ellos, y como fórmula para conseguir una mayor probabilidad de recobro.



Pero, para que tal objetivo se alcance, es necesario exigir fuertes contrapartidas al deudor. Por ejemplo, que empiece pagando algo de su deuda pendiente, que mantenga un cierto nivel de servicio de la deuda, que aporte garantías suficientes y liquidables y que reestructure su propia empresa llegando incluso al cambio de gerencia y a la supresión de productos o actividades no rentables.



También tengo opinión negativa de los "swaps" o canjes de deuda por acciones de la sociedad deudora. Es cierto que alivian la estructura financiera del deudor, pero casi nunca la hacen solvente y rentable. Además, añaden el riesgo, para el banco acreedor, de verse obligado a aumentar la financiación a un deudor que sigue siendo malo pero del cual el banco es copropietario.



Muchos de nuestros banqueros y analistas insisten en la importancia de flexibilizar las normas de supervisión para no acelerar el deterioro del sistema de crédito. ¿Cree usted en la validez de este argumento?



El deterioro de un banco no lo producen las normas, sino la realidad del propio banco. Las normas de supervisión no constituyen un ejercicio de sadismo, sino un trabajo permanente para conocer la realidad de cada banco y aplicar remedios cuando aún es tiempo. La flexibilización, que los anglosajones llaman "forbearance", no se concibe cuando una entidad está en pérdidas corrientes y su patrimonio se erosiona más y más. Tal tolerancia, tal indulgencia, haría que la factura final fuera mucho más cara.



La resolución del problema pasa por la capitalización de bancos y empresas. ¿Cuánta plata necesitamos y cómo se podrá financiar en forma razonable?



No tengo datos para hacer una estimación, pero me remito a las mencionadas por Dinero. Prevengo que, siempre o casi siempre, el costo de un saneamiento eficaz resulta muy superior al que se preveía antes de abordarlo. Insisto en que el primer responsable de tal recapitalización es el dueño. Y reitero mi opinión de que el fisco tiene que acabar aportando montos importantes, si quiere conseguir soluciones realistas y no mantener el problema larvado para que vuelva a producirse. Si no lo quiere, es otra cosa. Cuando ocurre un terremoto o un volcán hace erupción, ¿no se allegan fondos públicos extraordinarios para abordar estos siniestros extraordinarios? Las crisis bancarias también son siniestros extraordinarios.



¿Qué opina del sistema lento de decisiones que, en medio de las restricciones institucionales, ha ido adoptando Colombia para enfrentar estas dificultades?



Al principio de una crisis y hasta cuando hay una coincidencia en el diagnóstico, fuerte y consensuada, siempre se dan palos de ciego y se aplica un sistema lento de decisiones. No quiero decir que yo sea partidario de un sistema lento, porque la bola de nieve de las pérdidas sigue engordando. Veo con satisfacción que acaba de promulgarse en estos días una resolución de Fogafin, que puede imprimir un ritmo más rápido al tratamiento de una parte de los problemas del sistema.



¿Y cómo valora usted la Resolución 004 de Fogafin?



La acabo de leer, pero sólo he hecho una apreciación rápida y preferiría dar una opinión más fundamentada, después de haberla estudiado bien y de haberla discutido con sus autores, si tengo ocasión. Pero, por si esto tarda en producirse, formularé unos comentarios preliminares, presentando disculpas de antemano por mis posibles inexactitudes o errores de apreciación.



Empezaré por decir que el programa es imaginativo y contiene una serie de elementos positivos. Pero también encuentro reservas y dudas qué formular. Entre los elementos positivos del programa mencionaré los siguientes:



* Supone un reconocimiento de la situación del sistema, lo cual constituye un punto de partida fundamental.



* Centra la solución del problema de los bancos en la inyección de nuevo capital y no en créditos.



* Sitúa la obligación de capitalizar en los dueños de los bancos.



* Prevé la entrada de terceros en el capital.



* Prevé un sistema previo de provisiones y castigos para establecer el nivel patrimonial real.



* Prevé la contrapartida de un convenio de desempeño y de un mecanismo especial de vigilancia de Fogafin, que vele por el cumplimiento del convenio.



* Compromete a los banqueros en la buena gestión, puesto que prevé el cambio de administradores y gerentes si el plan no funciona.



* Presupone la recompra previa de los créditos vinculados por quien recibe el apoyo.



* Los bonos que deben suscribir los bancos con su nuevo capital tienen plazos razonables y sus intereses se pagan en efectivo y no por fórmulas aplazadas, como puede ser el cupón cero.



* Exige adscribir las acciones del banco en garantía del préstamo recibido por el accionista, lo cual proporciona una cobertura, siempre y cuando su valor resulte suficiente en la realidad.



¿Cuáles son sus reservas o dudas sobre la Resolución?



Por este lado, también tengo varias observaciones.



Hay un sano principio tradicional en banca, que en 1863 plasmó por escrito la Oficina Estadounidense del Controlador de la Moneda, según el cual "el capital de los bancos debe ser propiedad de quienes tienen dinero qué prestar y no de prestatarios". Sin embargo, todo el nuevo programa se basa en el endeudamiento de los accionistas.



Esto podría ser más preocupante aún si el grueso de la devolución del préstamo se basara en los dividendos al accionista. La compra o suscripción de acciones con crédito fue muy frecuente en la privatización de la banca mexicana en 1991. A esto se añadió un saneamiento insuficiente de las carteras, en el momento de ceder el Estado su propiedad. Los resultados son conocidos. Puede darse el caso de que, con objeto de obtener los dividendos necesarios para pagar las deudas, se fuercen o maquillen las cuentas de los bancos y se presione a la autoridad para que sea tolerante con tales prácticas.



Al accionista se le da un período de gracia de tres años y se le permite pagar su crédito con los dividendos, a lo largo de un período de 7 años. Al mismo tiempo, se le reconoce el derecho de comprar los activos del banco ya castigados. ¿Es ello coherente? Por otra parte, ¿no supone tal derecho un claro conflicto de intereses?



Otra duda que estimo relevante: ¿se acogerán a este programa todas las entidades insolventes? ¿O quedarán fuera de él un número importante que no quiera aflorar públicamente sus problemas o someterse a las condiciones que impone el programa? Además, podría parecer lógico que los bancos inviables y mal manejados no fueran admitidos a beneficiarse del programa, ya que ello supondría validar a sus dueños y administradores y embarcarse con ellos en una aventura con un final fácilmente predecible.



Para tratar los bancos insolventes que no se acojan al programa o aquellos que sean rechazados, deberían funcionar plenamente las facultades de la Superintendencia y de Fogafin para imponer las soluciones que procedan. Y habría que contar con financiación adicional, que pueda ser muy cuantiosa, ya que podría darse que el grueso del sistema privado quedara fuera del programa. Incluso podría pasar que los bancos públicos no quedaran enteramente limpios.



No olvidemos tampoco las pérdidas en que puede incurrir Fogafin si sus créditos no se pagan y tiene que ejecutar acciones bancarias de escaso o nulo valor. En otras palabras, yo no imagino cómo se podrían evitar pérdidas fiscales de consideración. Y es que, en estas cosas, la magia no funciona.



Puede ocurrir que un banco con sus activos malos castigados y un patrimonio técnico situado en el 10% de los activos de riesgo, tenga resultados negativos, debido, entre otras posibles causas, al gran peso que suponen sus gastos de administración sobre sus activos totales, que son de los más altos de América Latina. Y podrían también tener problemas de liquidez estructural derivados de los varios factores: la posible existencia de tales pérdidas; haber mantenido en el balance operaciones voluminosas con garantías, que no proporcionan flujos de entrada; la posibilidad de que, por una valoración imperfecta, se mantengan en el balance créditos que no pagan intereses.



Teniendo en cuenta esta hipótesis, es probable que los bancos con falta de liquidez deban negociar los bonos de Fogafin en el mercado. Me surgen dos dudas. Una es: ¿existe en Colombia un mercado suficiente para absorber un volumen de bonos tan importante? Y otra: ¿no podría el exceso de oferta y la remuneración de los bonos llevar a un precio en el mercado que supusiera un fuerte descuento, con la consiguiente pérdida para el banco tenedor?



La valoración de los activos de cada banco, a efectos de las oportunas provisiones y castigos, pertenece rigurosamente a la jurisdicción de la Superintendencia Bancaria, que es la responsable final de la buena salud del sistema y, por tanto, del buen fin del programa. Si éste no funcionara, ¿hacia cuál organismo se volverían las miradas? Entiendo, por tanto, que esta función no debe nunca verse mermada por la facultad que la Resolución atribuye a Fogafin y a sus consultores en este mismo campo. Diría también que, si se pensara en utilizar auditores externos para tales valoraciones, no debería encargarse a una compañía la valoración de los activos de un banco del que venía siendo el auditor ordinario, porque sería difícil conseguir de ella una valoración rigurosa que contradijera el trabajo que efectuó en el mismo banco con anterioridad.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?