Revista Dinero

El viejo aforismo según el cual “no todo lo que brilla es oro” tiene en este campo más vigencia que nunca.

| 4/16/2010 12:00:00 PM

Mesas de dinero paralelas: Campo minado para la inversión

Atraídos por los cantos de sirena de intereses superiores a los que ofrecen los bancos, empresarios e inversionistas privados deciden acudir a un mercado financiero paralelo y no son conscientes del riesgo que corren.

Cuentas cifradas en Miami y en Islas Vírgenes británicas -un paraíso fiscal vecino de Puerto Rico- podrían ofrecerle a la justicia colombiana las primeras evidencias sobre una operación de lavado de activos por $200.000 millones que se produjo con la utilización de mesas de dinero que vienen operando informalmente en Cali. La misión de reconstruir la ruta del dinero está a cargo de un equipo de policía judicial dirigido por la Fiscalía.

De manera simultánea, la Superintendencia Financiera mira con ojo avizor operaciones de crédito realizadas por empresarios y particulares por fuera del mercado regulado y que se tradujeron en lapsos breves en 43 negocios generados por 3.700 inversionistas que entregaron a intermediarios y captadores $91.000 millones.

Esas actuaciones judiciales y administrativas, que podrían parecer rutinarias dentro de los organismos de control y vigilancia, reflejan en realidad la intención del Estado de despertar por completo del marasmo en el que lo sorprendió la crisis generada por el desplome de las pirámides encabezadas por DMG. "Tolerancia cero" es la consigna del superintendente financiero Roberto Borrás, al pedir una suma de esfuerzos para cerrarle el paso a la expansión de operadores clandestinos que, bajo la apariencia de mesas de dinero, se lucran de los recursos de clientes que ignoran riesgos y acuden a ellos atraídos por ofertas de atractivos rendimientos.

Sumado al espejismo de los altos intereses, el desconocimiento del público sobre las normas vigentes hace que empresas y particulares ignoren muchas veces con quiénes están haciendo sus tratos financieros. Ello obedece en parte a que se trata de decretos de emergencia promulgados a raíz del colapso de las pirámides, que aún no se han popularizado. Pero ocurre también que operadores legales han perdido de vista que su actividad es un asunto que atañe a su propia reputación y no se cuidan de hacer un perfil de sus clientes ni averiguaciones mínimas sobre el origen de sus recursos de inversión, con lo cual transitan campos minados por el riesgo de lavado de activos.

El nombre 'mesa de dinero' es una denominación general que usan varios tipos de agentes, algunos de ellos completamente establecidos y legales. Todas las entidades financieras vigiladas por la Superfinanciera tienen mesas de dinero en las que transan divisas, títulos valores y excedentes de liquidez.

 Sin embargo, con el mismo nombre operan asesores financieros, algunos de ellos traders expulsados de puestos de bolsa o de entidades financieras, que captan ilegalmente recursos del público de manera masiva y habitual para financiar proyectos. Entre estas últimas hay casos reportados en los que les prestaban fondos a empresas con operaciones bien conocidas en sectores como el de transporte y las obras públicas. En general, les ofrecen a los inversionistas rendimientos sobre los flujos futuros de un negocio, haciendo una cesión de beneficios económicos.

El mejor ejemplo es el de las obras de infraestructura de Transmilenio, confiadas al Grupo Nule. Allí había esquemas financieros que involucraban varias mesas de dinero y en apariencia funcionaba como una pirámide, en el sentido de que los intereses que recibían los inversionistas provenían de los recursos captados con la entrada de otras personas a ese anillo financiero.

Otros esquemas básicos se complican con figuras como la de ofrecer cesiones con pactos de recompra o cuando las mesas de dinero paralelas, sin mandato específico de sus clientes, comprometen los dineros en operaciones contaminadas por la presencia de agentes o testaferros de organizaciones al margen de la ley.

Experiencias que enseñan

El nuevo ánimo vigilante que se advierte en los círculos del Estado fue el que condujo al reciente hallazgo de evidencias sobre la salida de millonarios recursos hacia cuentas en Islas Vírgenes y otros paraísos fiscales. Este se produjo mientras un equipo de policía judicial examinaba las pruebas recavadas durante la investigación de un caso que ha tenido connotación pública: el extravío de $70.000 millones que hacían parte de un portafolio de inversión constituido con recursos de pensionados de Ecopetrol y administrado por Fidubogotá.

La fiscal a cargo del proceso creía que con los hallazgos de los auditores de la fiduciaria que detectaron la sustracción de los títulos, la detención de los implicados y los acuerdos celebrados luego para la devolución del dinero, el caso quedaba prácticamente resuelto. Pero estaba convencida también de que por los mismos canales utilizados por los responsables de la pérdida temporal de los títulos se habían movido simultáneamente, aunque en negocios distintos a este, cerca de $200.000 millones que tuvieron como destinatarios a personas investigadas por presuntos nexos con organizaciones al margen de la ley.

La comisión de Policía Judicial recorrió de nuevo la ruta del dinero. Comenzó por visitar en Bogotá las oficinas de profesionales de bolsa legalmente establecidos que participaron de buena fe en el proceso de inversión de los recursos. Revisó las grabaciones de audio que registraban las órdenes emitidas a sus corredores, lo mismo que las recibidas por escrito y luego viajó a Cali para entrevistar a representantes de mesas de dinero que negociaron los recursos, y a varios de sus clientes.

Entre los clientes que tenían acceso al mayor volumen de recursos estaba Lautaro Alberto López, un mayor del Ejército que había constituido con su esposa la compañía NSI Internacional, radicada en Islas Vírgenes. En los archivos figuraban, además, al menos nueve personas que prestaron recursos a través de las mesas de dinero y que, según agencias del gobierno de Estados Unidos, tenían cuentas en Miami y en Bahamas y contactos con personas registradas en la Lista Clinton.

López asegura que se vio envuelto en el tema por exceso de confianza. Según él, su empresa en Islas Vírgenes fue creada en realidad por asesores de Forex que lo convencieron de que contar con una razón social en ese paraíso fiscal le facilitaría expandir una inversión inicial de US$50.000. "Les entregué confiado mi pasaporte y el de mi señora y ellos se encargaron de lo demás", recuerda.

Tiempo después, otros intermediarios le presentaron al oficial a Mónica Mazzilli -detenida hoy por la defraudación a Fidubogotá- quien le ofreció conseguirle a través de su "mesa de dinero" US$1 millón para apalancar un proyecto de inversión. El dinero le llegó desde una cuenta en el Credit Suisse en Zurich a otra a su nombre en el Bank of America en Estados Unidos, donde el oficial había estado convaleciente luego de haber sido herido en las selvas colombianas en un combate con la guerrilla.

Cuando Mazzilli se vio envuelta en problemas judiciales, el banco le cerró la cuenta a López y los dólares que había reinvertido quedaron en manos de personas que no parecen dispuestas a reintegrarlos.

Uno de los primeros entrevistados en Cali por la policía judicial en su reconstrucción de la ruta del dinero fue Franklin Alberto Gaitán Puentes, representante de dos empresas que intermediaron en el movimiento de dinero. Una de ellas, Acción Intermedia, fue obligada en agosto de 2009 por la Superintendencia Financiera a suspender sus desbordadas actividades de captación, cuando se comprobó que usó plata del público para financiar su participación en un proyecto de vivienda en Palmira. La otra, A.I Factoring, está en vías de liquidación.

Lo que en esta oportunidad llamaba la atención es que varias de las personas y empresas que obtuvieron recursos por su intermedio debían luego reintegrarlos a otras distintas a los prestamistas originales. "La experiencia nos indica que la tipología de los pagos a favor de terceros es una de las que más favorecen las operaciones de lavado", dice uno de los integrantes de la comisión de policía judicial.

El empresario Gaitán asegura, a su vez, que si bien en febrero pasado recibió una visita de agentes de la Dirección de Policía Judicial e Investigación Criminal (Dijin), el único objeto de esta era revisar unos documentos relacionados con una inversión por $700 millones que la empresa Gio Internacional -cuyo representante legal también está detenido dentro del caso de Fidubogotá- hizo en su mesa de dinero por intermedio de dos prestigiosos corredores de bolsa. "Mal podría ser yo el investigado. La Policía me buscó solo para reunir esa información y porque además la Fiscalía había puesto ese dinero bajo mi custodia", insiste.

Inversiones burladas

El camino que las autoridades estatales deben recorrer en su lucha contra las mesas de dinero paralelas es largo y sinuoso. Algunos de los casos más graves conocidos y sancionados por la Superintendencia Financiera tienen el amparo de la impunidad en el campo penal. Uno de los más relevantes es el de Integramos S.A., una firma creada por el dirigente político y ex alcalde de Manizales Luis Roberto Rivas, que el pasado 23 de enero fue obligada a suspender sus operaciones de captación después de sucesivos incumplimientos a más de 100 personas que les confiaron sus dineros para proyectos de inversión que se anunciaban promisorios. De su historia hay todavía elementos inéditos.

A espaldas de sus inversionistas y a expensas de mandatos indeterminados, Integramos entregó masivamente dineros (cálculos todavía preliminares hablan de $10.000 millones) a Agrinsa S.A. y a Cavsa, dos empresas vallecaucanas. También hizo operaciones de corretaje con Suinversión, una compañía de Pereira allanada e intervenida por captación ilegal. Usó como señuelo para atraer a sus clientes una información falsa según la cual la firma tenía la condición de intermediaria de servicios y productos financieros ofrecida por la Bolsa Nacional Agropecuaria, lo mismo que un contrato de exclusividad con Almagrario, empresa que tiene como accionista al Gobierno, para negociar con CDM (Certificados de Depósitos de Mercancía).

Rivas niega sus vínculos con la firma y dice haber vendido su participación en ella antes de iniciar la campaña que lo llevó a la Alcaldía. Sin embargo, antiguos socios de negocios suyos en el Eje Cafetero y en el Valle del Cauca le entregaron a Dinero grabaciones y documentos que demuestran que él mismo llamó y se reunió con inversionistas defraudados para pedirles que se abstuvieran de entablar demandas lesivas para su prestigio político y para proponerles un acuerdo que consistía en respaldar con parte de sus bienes la deuda contraída.

En las grabaciones, el ex alcalde admite que buena parte del dinero fue entregado sin garantía alguna a las firmas vallecaucanas que tenían tradición de incumplimiento. Se declaró avergonzado del error y les aseguró a sus clientes que él fue el primer sorprendido cuando Cavsa y Agrinsa ofrecieron cubrir sus obligaciones con terrenos que figuraban a nombre de terceros, algunos de ellos objeto de acciones de extinción de dominio. Ahora admite que las reuniones se produjeron porque, si bien ya no estaba vinculado a la empresa, sentía un "deber moral" con los clientes en su condición de fundador.

Rivas propuso a los inversionistas constituir una fiducia para el cumplimiento de sus obligaciones en un año, que tendría como garantía terrenos de su propiedad aledaños al Club Campestre de Manizales. Luisa Fernanda Orozco, estructuradora de los negocios de su firma, se sumó a la oferta y dijo que ella entregaría como respaldo adicional bienes de sus padres y un apartamento de su propiedad. El acuerdo se hizo añicos cuando los inversionistas comprobaron que los terrenos estaban lejos del valor comercial que fijaba su dueño y cuando una auditoría realizada por la asociación de contadores PKF encontró que la señora Orozco se lucró de millonarios préstamos que le hizo Integramos y que finalmente no pagó.

Recientemente, el vicefiscal general de la Nación, Fernando Pareja Reinemer, ordenó el traslado a Bogotá del proceso penal que, bajo los cargos de captación ilegal y lavado de activos, estaba radicado en la Fiscalía 19 seccional de Manizales. Lo hizo cuando el inversionista Iván Echeverri Mejía se quejó de que Rivas, con su influencia política, tenía paralizadas las actuaciones. Lo concreto hoy es que el proceso sigue durmiendo el sueño de los justos.

Juegos riesgosos

Es justo allí, en las zonas del Valle y del Eje Cafetero, donde se concentra la mayor parte de las actividades de empresas que se disfrazan de "mesas de dinero" y que con sus actividades azarosas ponen en peligro los recursos de empresas y personas atraídas por los cantos de sirena de intereses muy superiores a los que ofrecen los bancos y las entidades financieras bien constituidas.

Algunos de esos juegos azarosos se han tornado trágicos. Un joven corredor, hijo de un empresario deportivo, transformó un puesto de bolsa en Cali en un negocio similar al de las mesas de dinero y fue secuestrado por inversionistas cuando se vio avasallado por las obligaciones que no pudo cumplir.

Según operadores financieros de la región allí, camufladas bajo la apariencia de empresas boyantes, operan unos 50 negocios de esta naturaleza que ahora buscan refinar sus métodos para ocultar su endeble estructura piramidal.

El viejo aforismo según el cual "no todo lo que brilla es oro" tiene en este campo más vigencia que nunca. En momentos en que el público está advertido de que la legislación se endurece y las prácticas financieras se depuran recobra la confianza en un sistema que se ha visto debilitado.

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